El escenario que se vislumbra durante la próxima Administración sigue siendo uno lleno de retos y oportunidades para posicionar a México como el socio comercial que Estados Unidos requiere para romper su dependencia con China ante la necesaria y urgente relocalización de empresas en nuestro país.
Lo anterior, demanda que el gobierno mexicano garantice las condiciones necesarias en materia de seguridad, acceso a electricidad, a energías limpias, agua, financiamiento, entre otros. Esta garantía deberá darse mediante el establecimiento de una política energética que necesariamente se encuentre vinculada con la política ambiental, económica y hacendaria, situación que obliga a contar con un Plan Nacional de Desarrollo fortalecido e integrado para generar certeza para que nuevas inversiones lleguen y nuestro País pueda tener el despliegue de renovables correspondiente a los recursos con los que cuenta.
Particularmente, en materia de electricidad el garantizar la atracción de nuevas inversiones en el sector, requiere por un lado el respeto irrestricto al marco legal y regulatorio existente, y por el otro, la revisión de este, en términos de aplicación, efectividad y en su caso, necesaria sustitución por algún otro.
La mejora regulatoria es entendida como una política pública consistente en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad.
En este contexto, el nearshoring, y las oportunidades que se avecinan necesariamente nos obligan a una revisión y análisis exhaustivo de las normas y reglas del juego con el propósito de optimizarlas bajo una óptica de simplificación administrativa, que se traduzca en certeza jurídica para las inversiones.
Uno de los mayores obstáculos a que se ha enfrentado el marco regulatorio es la falta de sometimiento a un proceso de evaluación y mejora continua que facilite la correcta aplicación de las disposiciones aplicables a la materia energética, y en lugar de eso, lo que hemos observado es un sinnúmero de nuevas medidas que no coinciden en términos de objetivos en materia energética, fiscal, económica y ambiental, y en muchos casos no sólo dificultan su aplicación por temas de contradicción con los ordenamientos previamente expedidos y vigentes, sino con el marco Constitucional.
En esta tesitura, el marco legal y regulatorio requiere sujetarse a un proceso de mejora con base en los resultados de una evaluación en términos de eficiencia y eficacia, que permita depurar y contar con los instrumentos que permitan facilitar la ejecución de las disposiciones aplicables en la materia, así como garantizar el desarrollo de nuevas reglas y mecanismos innovadores que sienten las bases para estar preparados ante la nueva realidad, que eviten caer en un abismo y en lamentaciones por no haber reaccionado a tiempo.
Partiendo de esta evaluación, reconceptualización del marco jurídico y regulatorio resulta apremiante que la evaluación que se haga refleje la forma en que se han aplicado identificando las áreas de oportunidad y el modelo integral y coordinado con otras políticas con el objeto de poder identificar cuales mecanismos deben integrarse, cuáles se deberán reformular y cuáles será necesario eliminar.
Es así, como para ser exitosos en la implementación de estas nuevas disposiciones, se debe contar con un proceso participativo y minucioso que abarque la participación del nuevo gobierno incluyendo la participación de cada uno de los titulares de la nueva Administración Pública, así como de cada uno de los sectores y actores relevantes en materia energética, así como de aquellos vinculados con temas de medio ambiente, seguridad, administración pública, economía y finanzas para sentar las bases de un marco regulatorio que facilite el desarrollo de los proyectos en desarrollo, y de los nuevos proyectos que se requieren para alcanzar una transición energética ordenada y justa.
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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.
