Valero, que comanda Carlos García, salió raspada por la reciente campaña del Gobierno federal para combatir el huachicol fiscal, pues nos cuentan que le ordenaron a esta empresa suspender momentáneamente ciertas operaciones y la importación de molécula sin marca.
Esto no quiere decir que Valero esté realizando prácticas ilegales, más bien se trata de una medida preventiva porque las autoridades detectaron que algunos importadores están usando el nombre de la compañía para operaciones presuntamente de huachicol fiscal.
La estrategia es frenar a Valero por el momento para detectar aquellos “Valeros falsos” que están tratando de importar gasolinas, haciéndolas pasar por otros productos como aceites o lubricantes, y así evitar pagar impuestos.
La consultoría Petrointelligence, que dirige Alejandro Montufar, estima que el contrabando fiscal le costó a México 124.2 mil millones de pesos por IVA, además de 52.9 mil millones por concepto de IEPS.
Este boquete fiscal empieza a ser un dolor de cabeza porque el Gobierno se está quedando cada vez con menos recursos presupuestarios, y se está mordiendo las uñas para ver de dónde saca más dinero para los programas sociales.
No es casualidad que la deuda pública ya ascienda a los 17 billones de pesos, y en el Gobierno saben que seguir con ese nivel de endeudamiento no es sostenible, por eso están tomando medidas más drásticas para contener el huachicol fiscal y cerrar ese boquete.
Esto obligará a los importadores cada vez más va a tener que monitorear la trazabilidad de los combustibles, y quién no haya empezado a implementar sistemas para esto, va tarde en la carrera.
La gran pregunta es si en esta afrenta, el Gobierno va a llegar a las últimas consecuencias y sancionar y evidenciar a la larga lista de autoridades y funcionarios de alto nivel que están involucrados en este negocio ilegal, porque para nadie es un misterio que el huachicol fiscal ha crecido gracias a la corrupción.
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