La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación de oficio contra Telcel por la presunta filtración de datos personales de usuarios durante el proceso de registro obligatorio de líneas móviles, mientras que en el Senado se impulsa un punto de acuerdo para auditar a la empresa y reforzar los estándares de protección de información en todo el sector de telecomunicaciones.
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, confirmó que el caso de Telcel ya forma parte de los expedientes en análisis.
“Efectivamente nosotros hacemos investigación al respecto. Somos los responsables, iniciamos procedimientos de oficio, hacemos las investigaciones correspondientes. Ya hay investigaciones abiertas en todos los casos. Incluido el de Telcel, o sea, nosotros estamos obligados a abrir, todas las que nos demos cuenta, por oficio lo estamos haciendo”, dijo.
La indagatoria se da en medio de una creciente polémica por las fallas de seguridad detectadas en la plataforma de registro telefónico, implementada a partir del 9 de enero como parte del ordenamiento gubernamental que obliga a los usuarios a vincular su línea con una identificación oficial.
En paralelo, la senadora por Baja California Sur, Lucía Trasviña Waldenrath, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir auditorías, verificaciones y procedimientos de supervisión sobre el manejo de datos personales en los sistemas de registro de líneas móviles.
El exhorto plantea auditorías y posibles sanciones por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a los responsables del tratamiento de datos, el refuerzo de estándares técnicos de seguridad, por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con auditorías independientes y buenas prácticas internacionales.
También propone campañas de información ciudadana, coordinadas por la Secretaría de Gobernación, para que los usuarios conozcan sus derechos y mecanismos de denuncia. Obligaciones directas a las empresas telefónicas, para adoptar esquemas de privacidad desde el diseño, cifrado robusto, controles mínimos de acceso, auditorías periódicas y protocolos de notificación de brechas de seguridad.
La senadora argumentó que las recientes vulnerabilidades evidencian riesgos reales para millones de usuarios, en un contexto donde el registro telefónico se ha vuelto obligatorio y concentra información altamente sensible.
La investigación y el exhorto legislativo se suman a los señalamientos en redes sociales y a las propias admisiones de Telcel sobre vulnerabilidades técnicas en su portal, las cuales la empresa asegura haber corregido sin que existan indicios de filtración masiva de datos.
Sin embargo, especialistas en ciberseguridad han advertido que el diseño del sistema permitió abusos de su infraestructura, como campañas de envío masivo de SMS, y que los controles no eran suficientes para evitar usos indebidos.
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