En el último año, México ha enviado señales relevantes en política energética. Durante la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, el país presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), que fija metas claras: generar 38.5% de electricidad con fuentes limpias para 2030 y 43.3% para 2035. Además, por primera vez estableció metas absolutas de emisiones netas –entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035–, lo que implica mayor rigor en la implementación de políticas y en la rendición de cuentas sobre los avances climáticos.
Estos compromisos sólo cobran tracción cuando se traducen en política sectorial concreta. El sector eléctrico es el espacio más inmediato para avanzar: concentra una parte relevante de las emisiones nacionales y permite acelerar la transición energética a mayor escala. Por ello, la NDC 3.0 se articula con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025–2039, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025.
El PLADESE establece una hoja de ruta de 15 años que prevé incorporar 75,559 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 78% corresponderá a tecnologías limpias. Entre 2025 y 2030 se sumarían 33,555 MW adicionales –incluido almacenamiento– con predominio de energía solar y eólica. La alineación entre planeación eléctrica y política climática marca un avance institucional.
Las metas escritas solo cobran sentido cuando se acompañan de mecanismos concretos de implementación. Octubre de 2025 marcó un punto de partida.
La señal para reactivar el sector
El 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía (SENER) publicó la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en alineación con la planeación vinculante. Se trató del primer mecanismo formal bajo el nuevo marco regulatorio para que la inversión privada pueda participar en la expansión renovable del país.
Los resultados anunciados en diciembre pasado por la secretaria Luz Elena González son elocuentes: 20 proyectos aprobados –15 fotovoltaicos con 2,471 MW y cinco eólicos con 849 MW–, que suman una capacidad adicional de 3,320 MW. La inversión comprometida asciende a 4,058 millones de dólares (costo promedio estimado), distribuidos en 11 estados de la república. De estos 20 proyectos, dos no continuaron en el proceso, por lo que 18 proyectos con una capacidad de 3,090 MW son los que comenzarán de inmediato las obras, pues los proyectos ya cuentan con terrenos y permisos ambientales. El 78% entrará en operación en 2028.
Más allá de los megavatios, este ejercicio muestra que el sector privado está dispuesto a participar bajo las nuevas reglas. Esto cobra especial relevancia en un entorno económico global desafiante, donde cumplir las metas exige coordinación entre esfuerzos públicos y privados. Desde octubre se registraron 98 manifestaciones de interés. Pese a plazos acotados y requisitos rigurosos, la respuesta fue positiva y el resultado, tangible para la transición energética.
La convocatoria resultó en 3,090 MW de los 5,970 MW ofertados, es decir, 52% de la capacidad disponible en esta primera ronda. Es un inicio sólido, pero también una señal de que el desafío es mayor. El PLADESE estima que el sector privado deberá desarrollar 10,995 MW entre 2025 y 2030, de los cuales 7,405 MW serán de nueva capacidad. Así, esta primera convocatoria cubre solo una parte del camino y confirma que el capital privado deberá asumir un papel activo para completar la expansión prevista.
El PLADESE también prevé la incorporación de 5,551 MW en sistemas de almacenamiento con baterías hacia 2030, así como inversiones de alrededor de 191,750 millones de pesos en transmisión que son responsabilidad exclusiva del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La combinación de generación renovable con redes modernas y almacenamiento es lo que permitirá pasar de tener energía limpia instalada a tener energía limpia disponible cuando se necesita.
El resultado de esta primera convocatoria debe entenderse como un punto de partida para la implementación. El país requiere que las siguientes rondas sean ágiles, predecibles y cada vez más accesibles para una gama más amplia de desarrolladores, incluidas empresas medianas o cooperativas energéticas. La certidumbre regulatoria, la claridad en los costos de interconexión y el fortalecimiento continuo de la red de transmisión serán claves para sostener la participación del sector privado.
El avance de los proyectos se alinea con el objetivo de justicia energética y una distribución territorial de beneficios. Los 18 proyectos aprobados en esta primera ronda se ubican en 11 estados. Es un paso positivo. Sin embargo, la transición solo será realmente justa si los municipios y comunidades donde se instalen reciben beneficios de largo plazo: tarifas accesibles, infraestructura comunitaria y mecanismos de participación. Las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) establecen que al menos 0.5% de la inversión se destine a un Plan de Gestión Social. Ese piso es un avance; el reto es que sea un piso, no un techo.
El momento es ahora
México ha asumido compromisos climáticos ambiciosos cuyo cumplimiento también contribuye a la justicia y seguridad energética. Para avanzar, la actual administración ha impulsado instrumentos de planeación y mecanismos que permiten la participación de la iniciativa privada en la expansión de energías renovables. La primera convocatoria de la SENER mostró que, cuando existen señales claras, el mercado responde.
El reto ahora es mantener y mejorar estas convocatorias para avanzar a la velocidad que exigen las metas. Aprovechar el interés existente requiere continuidad en los procesos, visión de largo plazo y coordinación entre gobierno, sector privado y sociedad.
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Esta columna se publicó originalmente en la edición de marzo de nuestra revista Energy21
