Víctor Juárez, CEO de Edge Innovation, advirtió que México atraviesa un proceso de reconfiguración profunda en la regulación energética, donde el Estado retoma un papel central en la supervisión de los petrolíferos y en la gestión de información estratégica del sector.

Durante la conferencia magistral “El impacto regulatorio del Estado en los petrolíferos”, realizada en el marco del Midstream Forum 2025, el especialista reveló que la plataforma Ninfa, desarrollada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), sustituirá al sistema Titán y funcionará como un centro de intercambio de información en tiempo real entre la CNE, la ASEA, Profeco, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias. Este nuevo esquema permitirá cruzar datos sobre permisos, trazabilidad, inspecciones y calidad de combustibles, con el fin de reforzar la transparencia y la vigilancia en la cadena de valor energética.

Juárez explicó que esta nueva etapa regulatoria responde a un entorno donde las autoridades buscan cerrar espacios a prácticas ilícitas, como el contrabando de hidrocarburos, el “huachicol” y las simulaciones en comercialización. “La coordinación entre instituciones ahora será digital y en tiempo real. Ninfa permitirá detectar irregularidades en permisos, volúmenes o importaciones sin necesidad de oficios o procesos lentos”, subrayó.

El directivo también señaló que el nuevo marco legal de los hidrocarburos limita los permisos de comercialización a dos años sin posibilidad de renovación, al tiempo que se amplían las facultades de inspección y sanción. “El objetivo del Estado es recuperar rectoría y fortalecer la soberanía energética, pero el reto será no ahogar la competencia ni frenar la inversión”, sostuvo.

En su análisis, Juárez hizo un repaso por los desafíos estructurales de la matriz energética nacional, destacando la baja producción de gas natural, el rezago en biocombustibles y la dependencia de refinación e importaciones. Añadió que la transición hacia energías limpias avanza lentamente y que el país enfrenta presiones internacionales para reducir emisiones y mejorar sus prácticas de producción, en un contexto donde el fracking sigue siendo tema de debate.

“El Estado está concentrando más funciones, pero también más responsabilidad. La trazabilidad, el control y la transparencia deberán venir acompañados de tecnología, coordinación y rendición de cuentas”, concluyó.

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El experto asegura que el proceso será gradual y sujeto a disposiciones administrativas adicionales que deberá emitir la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“El tema no es que desaparezcan las banderas blancas. No hay una obligación inmediata para que todas migren a una marca específica. Lo que se busca es que las marcas estén debidamente registradas y cumplan con la norma de calidad, pero el cambio tomará tiempo”, detalla el especialista.

Juárez recuerda que muchas estaciones obtuvieron permisos sin marca desde 2015, cuando la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) comenzó a otorgar autorizaciones de expendio al público.

Incluso hasta 2021 era posible operar bajo el modelo “sin marca” dentro del catálogo oficial de la CRE, que permitía comercializar productos denominados unbranded, es decir gasolinas y diésel comprados a comercializadores como PEMEX, Valero o Arco, sin identificación corporativa en la estación.

Sin embargo, a partir de 2022 la autoridad dejó de publicar el catálogo de marcas autorizadas, lo que impide obtener nuevos permisos bajo esa figura. Aun así, aclara Juárez, las estaciones con permisos previos mantienen sus derechos adquiridos y pueden continuar operando hasta que la CNE emita un acuerdo específico sobre su migración.

“Si tú tienes un permiso vigente autorizado por la CRE para vender producto sin marca, puedes seguir haciéndolo. No desapareces. Cumples con lo que establece el reglamento, porque tu producto unbranded fue registrado y autorizado en su momento”, señala.

De acuerdo con el nuevo reglamento, las personas permisionarias de expendio deben vender combustibles bajo una marca comercial previamente registrada. Sin embargo, esto no implica un cierre inmediato de las estaciones sin franquicia, sino una transición ordenada hacia esquemas de formulación o nuevas marcas comerciales, explica Juárez.

Actualmente existen entre 600 y 800 estaciones en el país que operan como banderas blancas. Algunas de ellas podrían optar por registrar una marca propia o bien migrar gradualmente hacia una de las franquicias ya establecidas, como PEMEX, BP, Shell o G500.

El especialista subraya que la autoridad no puede aplicar efectos retroactivos, por lo que los permisos vigentes seguirán válidos hasta que la CNE defina los lineamientos de actualización o formulación.

“Los permisionarios conservan derechos adquiridos. No puede haber una revocación automática sin un acto administrativo formal”, puntualiza.

En la práctica, el proceso podría desarrollarse a través de nuevos permisos de formulación, en los que los permisionarios agreguen aditivos o biocombustibles a las gasolinas base, generando así productos con identidad propia. Ese mecanismo daría origen a nuevas marcas mexicanas dentro del mercado formal.

“Lo que veremos será una migración progresiva. La política energética favorece a la empresa del Estado, pero también permitirá que los actuales permisionarios ajusten su situación conforme se emitan los nuevos acuerdos. No será un cierre, sino una transformación”, resume Juárez.

De esta forma, la desaparición de las gasolineras blancas no será inmediata ni forzosa, sino el resultado de un proceso de regulación que busca ordenar el mercado minorista, garantizar trazabilidad y fortalecer el cumplimiento de normas de calidad. Hasta entonces, las estaciones con permisos válidos podrán seguir despachando combustible sin marca conforme a los términos originalmente autorizados, añade el experto.

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