Según Trump, Estados Unidos y Venezuela “están trabajando bien juntos” en la recuperación de su industria energética, describiendo la cooperación como la razón para cancelar una segunda ola de ataques militares planeados, aunque fuerzas navales estadounidenses permanecerán en la región por motivos de seguridad.

En ese contexto, informó que se reuniría con altos ejecutivos de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca para discutir estos planes de inversión.

El monto de 100 mil millones de dólares proyectados por Trump se orienta a la reconstrucción y modernización del sector petrolero venezolano, cuya infraestructura productiva ha estado severamente deteriorada por décadas de falta de inversión, corrupción, mala gestión, sanciones de Estados Unidos.

Los 100 mil millones de dólares serían necesarios para reactivar los niveles de producción y capacidad de exportación anteriores a la crisis, un proceso que podría tomar una década.

Trump mencionó que se reuniría con líderes de las grandes petroleras estadounidenses, entre las cuales se esperaría la participación de empresas como ExxonMobil, Chevron o ConocoPhillips, así como otros actores internacionales, aunque hasta el momento no hay confirmación pública de acuerdos firmes ni detalles sobre compromisos específicos de cada compañía.

En los últimos días también se reportó que Trump ha sugerido incentivos, incluso subsidios o garantías, para alentar a las compañías a compensar los riesgos asociados con invertir en un país con claras incertidumbres políticas y legales.

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Tras cargar en la terminal marítima de PEMEX en Laguna de Pajaritos, el buque Ocean Mariner, de bandera de Liberia, zarpó el pasado 5 de enero rumbo a La Habana, de acuerdo con documentos presentados ante la Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos. La embarcación, con capacidad para 4 mil 14 toneladas, arribará a la capital cubana en los próximos días.

Se trata del primer cargamento de hidrocarburos que México envía a Cuba en 2026 y del segundo viaje del Ocean Mariner en menos de un mes, luego de que la misma nave transportara combustible a la isla en vísperas de la Navidad de 2025.

Los registros oficiales y plataformas de comercio exterior confirman que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo los envíos de combustible a Cuba durante los últimos meses de 2025.

De acuerdo con información recabada por MCCI, PEMEX continuó despachando cargamentos en noviembre y diciembre, pese a las presiones del Gobierno estadounidense contra los regímenes de Cuba y Venezuela.

El 24 de noviembre, México exportó cerca de 13 millones de litros de diésel automotriz, con un valor superior a 14.6 millones de dólares, según datos reportados en la plataforma Veritrade. El exportador fue Gasolinas Bienestar, filial de Pemex, mientras que el importador fue la empresa estatal cubana Coreydan S.A., con sede en La Habana.

Un segundo cargamento partió el 19 de diciembre desde Laguna de Pajaritos a bordo del Ocean Mariner y llegó a La Habana el 23 de diciembre, de acuerdo con plataformas de rastreo satelital de embarcaciones.

Desde mayo de 2025, el Ocean Mariner, con capacidad para transportar 86 mil 195 barriles, equivalentes a unos 14 millones de litros, ha realizado múltiples traslados entre puertos mexicanos como Coatzacoalcos y terminales cubanas en La Habana, Moa y Cienfuegos, donde se ubica la refinería Camilo Cienfuegos.

Esta ruta se ha convertido en uno de los principales corredores del suministro energético mexicano hacia la isla, en momentos en que Cuba enfrenta una severa crisis de abasto de combustibles.

En octubre pasado, MCCI reveló que durante el segundo cuatrimestre de 2025 el Gobierno de Sheinbaum triplicó los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al exportar entre mayo y agosto hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares, tres veces más que lo enviado por la administración de Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024.

En esas operaciones participó el buque petrolero cubano Sandino, sancionado por Estados Unidos desde 2019 e incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por transportar petróleo venezolano a Cuba.

Tras los cuestionamientos de congresistas estadounidenses y funcionarios de la administración Trump, los envíos se redujeron en septiembre y octubre, cuando solo se registraron tres embarques por un valor cercano a 70 millones de pesos, según MCCI. Sin embargo, el apoyo energético mexicano a la isla no se detuvo.

Este martes, el Financial Times reportó que México superó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, con base en datos de la industria citados por MCCI. El cambio refleja el debilitamiento del suministro venezolano y el creciente papel de Pemex como sostén energético de la isla.

Con el nuevo envío del Ocean Mariner, México confirma que el respaldo energético a Cuba no solo se mantuvo al cierre de 2025, sino que se prolonga en el arranque de 2026, a pesar de la presión política y diplomática de Estados Unidos para frenar el flujo de recursos hacia el régimen cubano.

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En un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, Trump indicó que ese petróleo, que actualmente está sancionado bajo las leyes estadounidenses, será vendido a precio de mercado, y que los ingresos generados serán controlados por la administración estadounidense para que se utilicen en beneficio de ambos pueblos.

“El Departamento de Energía, bajo la dirección del secretario Chris Wright, implementará este plan de inmediato”, añadió el presidente.

Explicó que los volúmenes acordados serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

El volumen anunciado, de entre 30 y 50 millones de barriles, equivale aproximadamente al crudo retenido desde que Estados Unidos impuso un bloqueo a las exportaciones petroleras venezolanas en diciembre pasado, y representa un mes o poco más de producción del país caribeño en el contexto actual de su industria.

Con los precios actuales del petróleo, ese volumen podría alcanzar un valor de al menos 2 mil millones de dólares, según estimaciones de agencias internacionales.

Pocos días antes, Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación en Caracas, lo que llevó a su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

En paralelo, el bloqueo de exportaciones petroleras impuesto por Washington en diciembre había frenado gran parte del flujo de crudo desde Venezuela hacia mercados internacionales, en particular hacia Asia y Estados Unidos.

Trump subrayó que el petróleo aprobado para entrega es “autorizado y de alta calidad”, y que su administración garantizará el manejo de los recursos obtenidos por su venta en condiciones de mercado.

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Durante la audiencia, el mandatario venezolano rechazó de forma categórica las acusaciones en su contra y sostuvo que su detención fue ilegal. Ante el juez Alvin K. Hellerstein, Maduro aseguró que fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos en lo que calificó como un “secuestro”, argumento que su defensa prevé utilizar para cuestionar la jurisdicción del tribunal estadounidense.

Maduro enfrenta cargos presentados por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusan de encabezar una red de narcotráfico vinculada al llamado “Cártel de los Soles”, así como de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense y de participar en delitos relacionados con armas de fuego y dispositivos explosivos. De ser hallado culpable, podría enfrentar condenas de varias décadas de prisión.

En la sala, el acusado intentó ampliar sus declaraciones más allá de la lectura formal de cargos, insistiendo en que es víctima de una persecución política y reiterando su legitimidad como jefe de Estado. El juez le indicó que esos argumentos deberán presentarse en las siguientes etapas del proceso.

En la misma audiencia, Cilia Flores, esposa de Maduro, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en el mismo expediente judicial.

El tribunal fijó una próxima audiencia para marzo, en la que se abordarán asuntos procesales clave, incluidos posibles recursos de la defensa relacionados con inmunidad presidencial y la legalidad de la captura. Mientras tanto, Maduro permanecerá bajo custodia en Estados Unidos.

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La solicitud fue planteada por Sergio Gómez Lora, representante del CCE en Washington, durante su participación en las audiencias públicas organizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), parte del proceso preparatorio para la revisión del acuerdo.

El sector privado mexicano insistió en que la continuidad del T-MEC es indispensable para mantener la integración productiva regional, fortalecer la competitividad frente a otras economías y proteger el crecimiento del comercio bilateral. Para respaldar su posición, el CCE expuso tres razones que, afirmó, muestran la importancia estratégica de México para la economía estadounidense.

La primera es el peso del mercado mexicano para las exportaciones de Estados Unidos. México se mantuvo como su principal destino en 2025, con compras por 226 mil millones de dólares entre enero y agosto, equivalentes al 16% de todas sus ventas externas. En 24 industrias estadounidenses, desde granos y alimentos hasta químicos, textiles y autopartes, México es el comprador número uno.

El CCE también destacó que buena parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos llevan contenido estadounidense, lo que convierte al comercio bilateral en un generador directo de empleo al norte de la frontera. Cerca del 40% de lo que México vende a ese país son bienes intermedios utilizados por la manufactura estadounidense.

Como tercer punto, subrayó la complementariedad de ambas economías, que permite que los consumidores tengan acceso a productos de mayor calidad y menor precio. Mientras Estados Unidos abastece a México de granos para sostener su producción pecuaria, los estadounidenses reciben todo el año frutas y verduras frescas provenientes de México.

El CCE advirtió que la revisión del T-MEC debe centrarse en garantizar acceso arancelario pleno para los bienes que cumplan reglas de origen y mantener la certidumbre jurídica que ha permitido que el acuerdo se convierta en el pilar del comercio regional.

Las audiencias del USTR se llevarán a cabo durante tres días y reunirán a más de cien participantes, incluidos líderes empresariales, legisladores, sindicatos, centros de investigación y organizaciones civiles de Estados Unidos.

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La magnitud del acuerdo revela que en 2024 el intercambio bilateral de México con Estados Unidos superó los 839 mil 892 millones de dólares, según datos del Gobierno estadounidense, consolidando a México como el principal socio comercial de Washington, por encima de Canadá y China.

Ese volumen no sólo representa cifras macroeconómicas, sino miles de empresas, empleos, cadenas productivas, capital extranjero y megaproyectos de infraestructura, muchos en el sector energético y manufacturero, que dependen de la certeza jurídica y de reglas claras de comercio e inversión.

De la integración regional a la negociación bilateral

Para Jorge Molina Larrondo, especialista en políticas públicas y comercio internacional, la renegociación se plantea bajo una lógica distinta, pues ya no se percibe un bloque regional, sino una colección de intereses nacionales, especialmente de Estados Unidos, con prioridad en la seguridad económica y energética.

Según su diagnóstico, Washington impulsa un doble esquema, el de mantener los capítulos tradicionales del T-MEC bajo negociación trilateral como origen, comercio, aranceles, normas sanitarias, mientras reserva para acuerdos bilaterales los capítulos más sensibles como energía, minerales estratégicos, como el litio, regulación de sectores clave y apertura para inversiones de su propio país.

“Con Trump no se negocia con racionalidad, se negocia con un extorsionador”, advierte. Esa posibilidad, afirma, pone en riesgo la continuidad normativa para sectores energéticos y estratégicos, e incrementa el poder de negociación de Estados Unidos.

En el caso de México, este giro implicaría renegociar de facto no sólo tarifas comerciales, sino también su política energética, leyes regulatorias, reglas de contenido nacional e inversiones de riesgo.

Si bien el país cuenta con ventajas, como la reserva de litio, cercanía geográfica, integración industrial, la disputa por regulaciones, autonomía regulatoria y reglas de origen podría poner en jaque buenos proyectos ya establecidos y futuros, advierte el experto.

Cuidar inversiones, la alternativa para mitigar el riesgo

Arturo Carranza, director de proyectos de energía en Akza Advisors, opina que muchas de las quejas de empresas estadounidenses, sobre la regulación energética mexicana o monopolios estatales, aún no han sido elevadas formalmente ante las mesas de renegociación. Eso permitiría, dice, negociar sin romper relaciones.

De hecho, explica, Washington ha manifestado interés en promover asociaciones entre empresas estadounidenses y las compañías estatales mexicanas como PEMEX y CFE, para desarrollar proyectos en México.

Esa ruta híbrida que combina el capital privado extranjero y proveedores públicos nacionales, podría suavizar tensiones regulatorias y ofrecer certezas de inversión, siempre que se ajusten las reglas de operación, contenido nacional y gobierno corporativo.

Carranza concluye que la integración energética bilateral es demasiado grande como para permitir rupturas severas, y que si hay voluntad para discutir, la negociación puede avanzar.

“Si no hay reglas claras, las incertidumbres harán que muchos proyectos queden en pausa”, advierte.

El costo de la incertidumbre

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, menciona que buena parte de la inversión esperada en México, especialmente en energía, manufactura y tecnologías limpias, permanece en suspenso hasta que se despeje el futuro del tratado.

“Un gran número de empresas hoy está esperando la renegociación para entrar a México”, afirma.

Rubin estima que si el T-MEC se ratifica sin sobresaltos, podríamos ver un salto de inversión en la segunda mitad del próximo año, con efectos positivos sobre crecimiento, empleo y encadenamientos productivos.

Pero advierte que sin certezas, esos capitales no se moverán, y muchas decisiones estratégicas en infraestructura, energía, tecnología, se quedarán congeladas, afectando no solo la producción, sino la planificación y la generación de empleos de calidad.

Energía, litio, reglas y futuro, en juego

La renegociación del T-MEC pone en la mesa aspectos claves del desarrollo económico de México, como los energéticos y minerales estratégicos, la regulación y autonomía, la inversión extranjera directa. y la cadena de valor regional.

Tan solo en 2024, México suministró a Estados Unidos aproximadamente 506 mil millones de dólares en bienes. Al mismo tiempo, México recibe maquinaria, componentes y productos energéticos esenciales para su industria.

Alterar ese equilibrio no solo diminuye exportaciones e importaciones, sino que puede desarticular cadenas productivas completas, coinciden los expertos.

Para México, el reto ya no es solo defender reglas actuales, sino garantizar certidumbre, autonomía regulatoria y mecanismos claros que atraigan inversión privada y extranjera. Si lo logra, el país podrá seguir capitalizando su ventaja competitiva, su cercanía geográfica y su integración industrial. Si no, corre el riesgo de perder mercado, y no solo en volumen comercial, sino en industrias completas que dependen del acuerdo, añade Jorge Molina.

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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se perfila a una renegociación total en 2026, y no solo a una revisión técnica como se había previsto, informó Howard Lutnick, secretario de Comercio Estadounidense.

“Creo que el presidente definitivamente renegociará el TMEC, pero eso es dentro de un año”, afirmó Lutnick.

El TMEC, que sustituyó al TLCAN en julio de 2020, contempla una revisión obligatoria cada seis años, con posibilidad de ajustes o renovaciones, pero sin necesidad de reabrir todo el acuerdo.

Sin embargo, Lutnick asegura que Trump no tiene interés en ese proceso de revisión “suave”, sino que impulsaría una renegociación completa, desde cero, con nuevas condiciones.

Según Lutnick, Trump considera que el TMEC, tal como está, no favorece a Estados Unidos en términos de manufactura, comercio agrícola e inversión extranjera.

Expertos advierten que México debe prepararse para un escenario de incertidumbre comercial, donde la estabilidad lograda con el TMEC podría ser reemplazada por presiones directas y negociaciones caso por caso.

La planta que la empresa pretendía instalar en territorio mexicano tenía el objetivo de atender mercado interno, Latinoamérica y posteriormente el mercado de Estados Unidos, por lo que a finales de este año se definiría el monto de la inversión y su ubicación, señala un reporte de la agencia Bloomberg.

“Los problemas geopolíticos tienen un gran impacto en la industria automotriz. Ahora todos están replanteando su estrategia en otros países. Queremos esperar a que haya más claridad antes de tomar una decisión”, dijo la vicepresidenta de ejecutiva de BYD, Stella Li.

No obstante, la directiva destacó que BYD mantiene su interés de expansión en América, pero no tiene prevista una próxima inversión.

La automotriz asiática analizaba tres ubicaciones en México para la nueva planta de automóviles antes de dejar de buscar activamente el año pasado mientras esperaba los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según reportó Bloomberg en su momento.

En marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que BYD todavía no presentaba propuesta formal para invertir en México.

Donald Trump anunció una oleada de aranceles que impactan a diversos sectores, entre ellos al automotriz y a toda su cadena de valor, como parte de una política proteccionista que busca redirigir la producción hacia territorio estadounidense para fomentar la economía interna.

Estos costos representan hasta el  30% de los gastos operativos en sectores estratégicos como la manufactura, consumo y distribución.

La administración del presidente Donald Trump aplicó diversas medidas arancelarias a prácticamente todo el mundo, con lo cual busca que más organizaciones se instalen en su territorio para generar más empleos y mayor crecimiento. Tal como sucedió con la compañía automotriz, Honda, que, en días pasados, confirmó que mudará parte de operación de Japón a suelo norteamericano.

“Se estima que las medidas proteccionistas de Estados Unidos tienen el potencial de generar hasta 640 mil millones de dólares al costo de importación de bienes para los principales países importadores, lo que generará un impacto directo en las cadenas de suministro globales y riesgos para los costos de las empresas”, detalla el análisis.

Datos oficiales de Estados Unidos indican que el gobierno recaudó 21 mil millones de dólares por concepto de todos los aranceles que tienen activos desde el 20 de enero, de los cuales 500 millones de dólares corresponden a las tarifas recíprocas, que entraron en vigor el pasado 5 de abril.

Ante este escenario, instituciones financieras y organismos internacionales advirtieron de riesgos importantes en materia económica, particularmente por la intensa guerra comercial que se desató con China.

JP Morgan, el banco más grande de EU, aumentó la posibilidad de una recesión económica global de 40% a 60%, mientras que la Organización Mundial del Comercio estimó que el intercambio de bienes a nivel mundial disminuirá 0.2% este año, un escenario que se puede deteriorar si EU aumenta los niveles de los aranceles recíprocos que anunció.

Si bien el impacto varía según el país de origen, la naturaleza de los bienes comercializados y el nivel arancelario aplicable, es esencial anticipar los retos que podrían surgir en diversos escenarios, determinó Sintec Consulting, a través de su Centro de Excelencia en Cadena de Suministro.

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