De acuerdo con el organismo, esta cifra incluye todas las líneas contratadas antes del 9 de enero y refleja el avance del padrón con corte al 13 de mayo, con base en los reportes de las compañías de telefonía móvil.

Pese a este avance, el universo pendiente de registro sigue siendo mayoritario, en un contexto donde el plazo límite para cumplir con esta obligación vence el próximo 30 de junio.

La autoridad advirtió que las líneas que no sean vinculadas a la identidad de su titular serán suspendidas, por lo que no podrán realizar ni recibir llamadas o mensajes SMS. Además, solo tendrán acceso a comunicaciones de emergencia y quedarán sin servicio de datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones como mensajería instantánea o servicios bancarios.

El regulador reiteró que este proceso busca reducir el anonimato en el uso de líneas celulares y contribuir al combate de delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

El registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar y resguardar los datos personales de los usuarios, incluyendo nombre y CURP, conforme a la legislación vigente.

En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos aquellos usuarios a quienes se los soliciten sus proveedores.

Finalmente, la Comisión recordó que los usuarios pueden realizar el trámite en línea a través de los portales de sus operadores o acudir a centros de atención, con el objetivo de evitar la suspensión del servicio una vez concluido el plazo establecido.

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A dos meses de la fecha límite, 81% de las líneas móviles en México, equivalentes a cerca de 131.4 millones, aún no han sido registradas, sin que exista por ahora la posibilidad de ampliar el plazo, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El organismo informó que, hasta el momento, se han registrado apenas 30.2 millones de líneas, lo que representa un avance de 19% frente a un universo estimado de 161.6 millones de líneas activas al cierre de 2025, según datos de The Competitive Intelligence Unit.

Ante este rezago, la comisionada presidenta del regulador, Norma Solano Rodríguez, reconoció que será necesario acelerar el proceso de forma significativa, con un ritmo cercano a 1.5 millones de registros diarios para cumplir con la meta antes del 30 de junio.

Por operador, AT&T encabeza el avance con 29% de sus líneas registradas, seguido de Bait con 28%. En contraste, Telcel reporta un avance de 19%, mientras que Telefónica México alcanza 16%.

El registro, que inició el pasado 9 de enero, ha generado controversia por la posibilidad de suspender servicios a quienes no completen el trámite, lo que podría afectar el acceso a telecomunicaciones.

No obstante, la CRT descartó por ahora una prórroga. La autoridad confía en que la campaña de difusión impulse un registro masivo en las próximas semanas.

Una vez vencido el plazo, las líneas no registradas quedarán limitadas a realizar llamadas de emergencia, contactar a su operador y recibir alertas sísmicas, sin posibilidad de usar datos móviles, enviar mensajes o realizar llamadas convencionales.

Aunque los usuarios podrán completar el registro posteriormente, incluso a partir del 1 de julio, los servicios se restablecerán únicamente hasta que se cumpla con el trámite.

Como parte de la estrategia, la CRT también colabora con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ampliar el alcance del registro en comunidades rurales, donde se prevé uno de los mayores rezagos.

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La transacción incluye el 100% de las acciones de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que en conjunto conforman Telefónica México, y forma parte de la estrategia de desinversión del grupo español en Hispanoamérica.

El comprador, Melisa Acquisition, LLC, está integrado por un perfil híbrido, por un lado, OXIO, una firma tecnológica especializada en telecomunicaciones en la nube, y por otro, Newfoundland Capital Management, un fondo con experiencia en inversión en infraestructura y mercados emergentes.

OXIO, fundada en 2018 y con sede en Nueva York, opera bajo un modelo de Telecom-as-a-Service (TaaS), que permite a empresas lanzar y gestionar servicios móviles sin necesidad de infraestructura propia.

Su plataforma, completamente basada en la nube, integra redes de distintos operadores y habilita la creación de operadores móviles virtuales (MVNO), con control total sobre la experiencia del usuario y el uso de datos.

Este modelo “asset-light”, similar al que ya operaba Telefónica México tras acuerdos de uso de red, permite reducir costos y acelerar el despliegue de servicios, al tiempo que convierte la conectividad en un activo programable y escalable para empresas de distintos sectores.

Por su parte, Newfoundland Capital Management aporta el músculo financiero. Se trata de una firma de inversión enfocada en activos de infraestructura y oportunidades en mercados internacionales, lo que refuerza el perfil del consorcio como una apuesta de largo plazo para reconfigurar el negocio móvil en México.

El valor de la operación asciende a 450 millones de dólares (aproximadamente 389 millones de euros), sujeto a ajustes habituales, y su cierre dependerá de la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La operación marca la salida definitiva de Telefónica del mercado mexicano, uno de los más complejos de la región por la alta concentración y presión competitiva, y consolida su estrategia de replegarse hacia mercados clave como Europa y Brasil.

“De momento, desde Telefónica reiteramos que continuaremos operando de forma regular, brindando servicio a nuestros más de 21.7 millones de clientes (2025) en el país bajo nuestra marca comercial, Movistar”, añadió la empresa en un posicionamiento compartido a Energy21.

A partir de este viernes, todos los usuarios de telefonía móvil, tanto líneas de prepago como de pospago y SIM físicas y eSIMs, deberán asociar su número a su identidad legal, ya sea una persona física con CURP o una persona moral con RFC.

Los usuarios tendrán 120 días hábiles para realizar este trámite, que equivalen al periodo comprendido entre el 9 de enero y el 30 de junio de 2026. Aquellas líneas que no se vinculen antes de esa fecha serán suspendidas automáticamente y solo podrán usarse para hacer llamadas de emergencia hasta que se complete el proceso.

Antes de que se corte el servicio, las operadoras deberán enviar notificaciones semanales vía SMS o por otros medios de contacto, recordando a los usuarios la obligación de completar la vinculación.

¿Cómo realizar el registro?

El proceso es gratuito y puede hacerse de distintas formas. Telcel, compartió con Energy21 las opciones disponibles, que suelen ser similares en otras compañías:

1. Modalidad remota (en línea)

• Accede al portal habilitado por el operador (por ejemplo, Telcel usa www.telcel.com/vinculatulinea).

• Capture tu identificación oficial vigente con fotografía.

• Realiza una prueba de vida (selfie) para validar tu identidad.

• El sistema suele permitir hasta tres intentos; si no se completa, debes acudir personalmente.

2. Centros de Atención a Clientes (CAC)

• Puedes acudir a un Centro de Atención autorizado de tu operador.

• Personal capacitado verificará tu identidad con documentos oficiales.

Documentos y requisitos

Los requisitos básicos varían según seas persona física o moral, y si eres extranjero:

Personas físicas (mexicanas)

• Identificación oficial vigente con fotografía:
  • Credencial para votar (INE)
  • Pasaporte mexicano
  • Documento Nacional de Identidad con CURP biométrica.

• CURP (Clave Única de Registro de Población).

Personas físicas (extranjeras)

• Pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Personas morales

• Deben presentar su RFC (Registro Federal de Contribuyentes) para asociar las líneas a la empresa o entidad legal.

Información que solicitarán

• Nombre completo o razón social, número celular, tipo de identificación, CURP o RFC y resultado de la validación de identidad.

Límites y consideraciones

• Un mismo titular (persona física) puede registrar hasta 10 líneas móviles con su CURP.

• Si eres una persona moral, es decir un dueño de empresa, no hay ese límite de 10 líneas siempre que presentes tu RFC y documentación fiscal correspondiente.

• Además, las compañías comenzarán a habilitar portales de consulta a partir del 7 de febrero de 2026 para que los usuarios verifiquen qué líneas están registradas a su nombre mediante CURP (para personas físicas) o RFC (para personas morales).

Consecuencias de no registrar tu línea

Si no completas el proceso dentro de los 120 días, tu operador puede suspender el servicio de la línea afectada. Tras la suspensión, la línea quedará limitada a llamadas de emergencia y números de atención ciudadana hasta que se realice la vinculación.

La suspensión no necesariamente implica la cancelación definitiva del número, pero dejarás de poder hacer llamadas, enviar mensajes o usar datos hasta cumplir con el trámite.

Consejos prácticos para hacer el proceso

1. Reúne tus documentos antes del 9 de enero para evitar contratiempos.

2. Hazlo con tiempo: no dejes el registro para los últimos días del plazo para evitar saturación en línea o largas filas en centros de atención.

3. Guarda tu folio de vinculación o comprobante digital para futuras referencias.

4. Si fallas tres veces en línea, acude al Centro de Atención de tu operador con tus documentos.

Este cambio, que cubre a decenas de millones de líneas en todo el país, es obligatorio y aplicable a todos los operadores, como Telcel, AT&T, Movistar, Altán y OMVs. Su finalidad es crear un padrón de usuarios que permita mejorar la seguridad y la trazabilidad del uso de servicios móviles en México.

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Telefónica Tech es la unidad de negocios digitales de Telefónica, especializada en la prestación de servicios tecnológicos integrados en áreas como ciberseguridad, cloud, Internet de las Cosas (IoT), Big Data, blockchain e inteligencia artificial, con los que atiende a empresas y administraciones públicas en sus procesos de transformación digital. En México, esta unidad operaba como un brazo estratégico orientado al segmento corporativo y de alto valor añadido.

De acuerdo con el comunicado, la operación incluye los negocios de Telefónica Tech en México, Colombia y Chile, y contempla una alianza estratégica entre Telefónica y hiberus para seguir dando servicio a clientes multinacionales en la región, sin afectaciones operativas ni contractuales.

No obstante, para el mercado mexicano, la venta refuerza la percepción de que Telefónica continúa reordenando su presencia en América Latina, al desprenderse de activos que no forman parte de su foco estratégico global, centrado en Europa y Brasil. En ese contexto, analistas del sector interpretan la operación como un ajuste selectivo que podría anticipar una salida progresiva, marcada por la venta de negocios por segmentos y no mediante una desinversión total inmediata.

Telefónica señaló que la transacción se enmarca en su estrategia Transform & Grow, orientada a simplificar su estructura y concentrarse en mercados y negocios con mayor escala y rentabilidad, mientras que hiberus busca fortalecer su expansión en la región y ampliar su portafolio de soluciones tecnológicas.

La operación quedará sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Hasta ahora, Telefónica no ha confirmado planes adicionales sobre su negocio de telecomunicaciones en México, aunque la desincorporación de su unidad tecnológica añade presión a las versiones sobre una reconfiguración más profunda de su presencia en el país.

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Telefónica Movistar México advirtió que el nuevo proceso de identificación obligatoria de líneas móviles implica riesgos operativos para los usuarios, debido a la complejidad del mecanismo y a los tiempos de implementación reducidos con los que fue puesto en marcha.

Luego de que los lineamientos entraran en vigor el pasado martes 9 de diciembre, la empresa señaló que cumplirá en tiempo y forma con las obligaciones regulatorias, aunque subrayó la necesidad de que la autoridad dé seguimiento cercano al desarrollo del proceso para evitar afectaciones a los usuarios.

Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México, explicó que el principal objetivo de la compañía es que los usuarios cuenten con información clara y oportuna sobre los nuevos requisitos para mantener o contratar una línea móvil, y que el registro se realice de manera ordenada, sin poner en riesgo la continuidad del servicio.

No obstante, reconoció que se trata de un proceso complejo que podría provocar que algunos usuarios no atiendan oportunamente el llamado al registro, lo que incrementa el riesgo de incidencias en la operación y en la experiencia del cliente.

Ante este escenario, Telefónica consideró fundamental que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) supervise de forma cercana la evolución del registro y, en su caso, adopte decisiones que permitan una implementación viable, gradual y centrada en el usuario.

El pronunciamiento se da en un contexto de preocupación del sector por los impactos que un registro obligatorio mal instrumentado podría tener en la base de usuarios, la continuidad de los servicios móviles y la carga operativa para los concesionarios, especialmente si no se ajustan los plazos o mecanismos de implementación.

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Telcel y AT&T informaron que a partir del 7 de enero de 2026, los usuarios de telefonía móvil en México deberán vincular su línea celular a una identificación oficial con fotografía y CURP para contratar o mantener el servicio.

Telcel informó que todos sus usuarios de prepago y pospago deberán vincular su línea con INE, pasaporte o CURP biométrica, y en el caso de extranjeros, con pasaporte vigente o CURP temporal. El trámite podrá realizarse en centros de atención o en línea, con hasta tres intentos en modalidad remota antes de exigir atención presencial.

El operador estableció como fecha límite el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, las líneas no vinculadas serán suspendidas, aunque permitirán llamadas a números de emergencia y atención ciudadana. Durante la suspensión, el usuario seguirá pagando su plan o equipo hasta completar la vinculación.

Además, desde el 6 de febrero de 2026, Telcel habilitará un portal de consulta para que las personas verifiquen si existen líneas asociadas a su CURP o RFC y puedan desvincular números no reconocidos.

AT&T confirmó que el registro inicia el 7 de enero de 2026 y será obligatorio para todas las líneas de prepago, que deberán vincularse a una persona física o moral. Las líneas activadas antes de esa fecha tendrán como plazo máximo el 26 de junio de 2026; de no hacerlo, quedarán sin servicio hasta completar el trámite.

Para la vinculación se requerirá INE o pasaporte vigentes; en el caso de extranjeros, pasaporte del país de origen. AT&T precisó que una persona podrá vincular hasta 10 líneas y que también podrá registrar líneas para menores de edad o adultos mayores, asumiendo la responsabilidad por su uso.

La empresa advirtió que en casos de portabilidad, cambio de número o aclaraciones por líneas no reconocidas, los usuarios deberán volver a identificarse. Aunque AT&T indicó que la desvinculación estará disponible desde el 6 de febrero de 2026, no detalló aún el procedimiento.

Telefónica Movistar, sin detalles

Hasta ahora, Movistar no ha comunicado a sus usuarios cómo ni cuándo implementará el proceso de vinculación, pese a que la obligación aplica para todas las compañías. Se espera que en las próximas semanas publique lineamientos para cumplir con la disposición regulatoria.

El objetivo del registro se deriva de una obligación impuesta por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y busca prevenir el mal uso de las líneas móviles y fortalecer la trazabilidad de los servicios de telecomunicaciones.

AT&T aseguró que los datos de los usuarios serán resguardados bajo sus políticas de protección de información, similares a las que aplica en planes de renta.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá competir en licitaciones de espectro radioeléctrico para prestar servicios comerciales de telecomunicaciones, con lo cual se convertirá en un competidor directo de Telcel, AT&T y Telefónica, de acuerdo con la reforma de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso de la Unión.

La CFE podrá entrar al mercado comercial como un competidor que tendrá el apoyo del Estado, lo que abre la puerta a desigualdad de condiciones para el resto de las empresas y distorsiones en el mercado.

Este cambio representa un golpe de timón a la esencia con la que fue concebida la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo propósito inicial era llevar telefonía e internet a zonas apartadas que no eran atendidas por las empresas comerciales.

“La empresa pública del Estado, cuyo objeto es contribuir en la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones podrá solicitar concesiones únicas de uso comercial”, detalla el Artículo 78 de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que será promulgada por la Presidenta Claudia Shenbaum en los próximos días.

El Articulo 79 establece que la CFE podrá obtener una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, “mediante el procedimiento de licitación pública”, previo pago de la contraprestación correspondiente.

Aunque ese artículo señala que las concesiones para uso comercial que obtendrá la CFE deberán sujetarse al principio de neutralidad a la competencia, el mercado está preocupado por la posible desigualdad de condiciones que favorecerían a la CFE.

Mientras las empresas tendrían que desembolsar grandes cantidades para el pago de las concesiones, la CFE contará con el apoyo financiero del Gobierno y la amplia red de infraestructura ya instalada que incluye postes, antenas y redes de fibra óptica, lo que deja en desventaja a los demás competidores.

El Artículo 80 añade que la CFE compartirá su infraestructura asociada con la prestación del acceso a internet, “cuando su capacidad lo permita”, en condiciones de no discriminación, a precios competitivos y en proporción al volumen de operaciones, capacidades técnicas, económicas y tamaño de la red de los concesionarios o autorizados que lo soliciten, en los términos que establezca la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Fijar el precio de la gasolina para que no rebase los 24 pesos por litro podría representar un alivio para nosotros los consumidores, pero también implicaría riesgos que nos resultarían más costosos en el largo plazo.

El Gobierno federal está buscando un acuerdo con los empresarios gasolineros para imponer un precio máximo en los combustibles en todo el país, y así evitar casos como el de una estación en Quintana Roo que ofrece la Magna hasta en 27.29 pesos por litro, la más cara de todo el territorio nacional, según datos de la consultoría PetroIntelligence.

En México la demanda de gasolina asciende a cerca de 143 millones de litros diarios y se estima que las personas gastamos en promedio 2 mil 583 pesos al trimestre en estos combustibles, es decir, 861 pesos al mes, una estimación bastante moderada del INEGI, porque hay personas que incluso gastan hasta mil 300 pesos en una sola llenada de tanque.

Fijar un precio de 24 pesos por litro podría ahorcar las finanzas de las estaciones gasolineras que verían impactadas sus ganancias y tendrían que bajar la cortina o bien comprar gasolina en el mercado ilegal o huachicol, lo que nos dejaría expuestos como consumidores a un combustible de dudosa calidad.

Entre otros efectos negativos es que se podría propiciar el crecimiento de la adulteración, el contrabando fiscal y el despacho de litros incompletos, lo cual, a su vez, disminuiría la recaudación fiscal del Gobierno y aumentaría las afectaciones a los vehículos y al poder adquisitivo de los consumidores, así lo advierte un análisis de la consultoría PetroIntelligence, que dirige Alejandro Montufar.

Al obtener el consumidor menor cantidad por lo solicitado o de menor calidad, estaría reduciendo su capacidad de compra: mismo precio, pero menor cantidad y calidad, y en su caso, costos adicionales de reparación de sus vehículos, advierte.

En segundo lugar, se podría disminuir la calidad en el servicio, ya que, para obtener la rentabilidad esperada conforme a las condiciones actuales del mercado, se tendrían que disminuir los costos de operación, y, por lo tanto, el nivel de calidad del servicio al disminuir la cantidad de despachadores.

Tercero, se podría afectar el nivel de empleo en el sector, ya que, al disminuir los costos de operación y la calidad del servicio, se emplearía un menor nivel de personas.

Ahí las posibles consecuencias de imponer un precio tope que a la larga no sería sostenible, porque el Gobierno tendría que ir aumentando el nivel máximo de 24 pesos progresivamente en función del alza en los precios del petróleo, una variable que representa el 50% del costo del combustible y que el Gobierno no puede controlar.

Entonces tendríamos en unos meses un precio de 24.10, 24.30, 24.50 pesos por litro, etc., y todo quedaría en buenas intenciones.

Bye Bye Telefónica

Lo que esperábamos hace ya varios años: Telefónica Movistar, que dirige Camilo Aya Caro, quiere vender su negocio en México, tras una racha de varios años de resultados financieros débiles, ante una competencia férrea contra Telcel y AT&T.

Telefónica fue la empresa que resultó más debilitada tras todos los cambios de la reforma de telecomunicaciones de 2024, debido por un lado a los altos costos del espectro radioeléctrico, pero también a una estrategia que no permitió sumar consumidores de alto nivel de ingresos que en su mayor parte se quedaron en AT&T.

Entre tanto la empresa española contrató a JP Morgan como asesor para la venta de su negocio en el país y el potencial comprador sería AT&T, pues prácticamente Telefónica ya revende los servicios de la empresa estadounidense, luego del acuerdo que le permitió a la española rentar la red de AT&T. Veremos.

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