El capítulo tercero del Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, publicado en el Diario Oficial, establece que PEMEX solo podrá recurrir a la adjudicación directa cuando el monto de cada operación no rebase un millón de pesos.

Para las invitaciones restringidas el umbral será de cuatro millones setecientos mil pesos. Ambos límites deberán actualizarse cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que introduce un mecanismo automático para evitar que los topes pierdan vigencia frente a la inflación.

La petrolera también queda obligada a evitar cualquier fraccionamiento de contratos que busque deliberadamente quedar por debajo de estos montos.

Incluso si cumple con los límites por operación, PEMEX no podrá usar estas figuras si la suma total de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas en un año supera treinta por ciento del presupuesto autorizado para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. Con esta regla, la empresa deberá usar concursos abiertos como el mecanismo predominante de contratación.

El nuevo marco no solo eleva los candados financieros, también redefine los procedimientos competitivos. PEMEX podrá emplear distintas modalidades de subasta para los concursos abiertos, desde modelos ascendentes y descendentes hasta sobres cerrados, con criterios de adjudicación diseñados por el Consejo de Administración que garanticen igualdad de condiciones para los participantes.

El reglamento incorpora además nuevas exigencias de cumplimiento. Los proveedores deberán autorizar por escrito que las autoridades fiscales y laborales entreguen información necesaria para acreditar requisitos legales, y se promoverá que quienes sean personas morales cuenten con políticas de integridad alineadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Unidad de Responsabilidades tendrá facultades reforzadas para investigar posibles irregularidades durante los procesos, incluidas adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

El capítulo también transforma el sistema de impugnaciones. El tradicional recurso ante la Secretaría de la Función Pública deja de existir y será sustituido por un recurso de reconsideración que se resolverá dentro de PEMEX por una instancia colegiada definida en su Estatuto Orgánico. La resolución será definitiva y no admitirá recursos administrativos, lo que centraliza la revisión de controversias dentro de la propia empresa.

El nuevo régimen introduce reglas detalladas sobre plazos, requisitos formales, pruebas, suspensión de fallos y criterios para desechar o sobreseer recursos. El modelo busca agilizar la resolución de inconformidades, pero también coloca mayor responsabilidad en las áreas internas de la petrolera para supervisar la legalidad de sus decisiones.

Las disposiciones entrarán en vigor de inmediato y obligan al Consejo de Administración a emitir lineamientos complementarios en los próximos meses.

Con los nuevos topes y controles, la contratación directa será más limitada y más vigilada, en un contexto en el que la empresa enfrenta presiones por la transparencia de sus adquisiciones y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

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