El “Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional” (“DACG”) representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura energética de México. Este proyecto, actualmente en revisión por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), busca establecer un marco normativo que facilite la incorporación de los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), contribuyendo a la estabilidad y eficiencia de este.

Los sistemas de almacenamiento de energía han adquirido relevancia en los últimos años debido a su capacidad para gestionar la variabilidad inherente a las energías limpias, como la solar y la eólica, cuyas condiciones de generación dependen de factores ambientales. La posibilidad de almacenar energía durante los momentos de baja demanda o alta producción y liberarla cuando se requiere, permite una operación más eficiente del SEN. Además, favorece el aprovechamiento pleno de las energías limpias y reduce la necesidad de recurrir a fuentes fósiles durante picos de demanda.

Estas DACG proponen directrices técnicas y operativas que regularán la manera en que los SAE se integrarán al sistema eléctrico. Entre los aspectos clave, se encuentra la coordinación operativa entre los centros de carga, generadores de energía, el Centro Nacional de Control de Energía y los SAE, con el fin de asegurar un manejo conjunto que maximice los beneficios para el país. Asimismo, se establecen requisitos de seguridad y eficiencia que los SAE deberán cumplir para garantizar su funcionamiento óptimo y seguro en la red eléctrica.

La integración de los sistemas de almacenamiento no solo responde a la necesidad de gestionar de manera más eficaz la generación variable de las energías renovables, sino que también representa una oportunidad para introducir mayor flexibilidad en la operación del SEN.

Estos sistemas permiten mejorar la estabilidad de la red, especialmente en momentos de contingencias o fallas de suministro, ya que pueden liberar energía de manera inmediata para cubrir las necesidades del sistema y ayudan a descongestionar las Redes Generales de Distribución (RGD) al gestionar la demanda de grandes consumidores de energía.

Esto último ha tomado relevancia, pues la demanda máxima integrada neta del Sistema Interconectado Nacional (SIN) registró un incremento de 10.2% en 2023 respecto a 2022, lo cual significa que el país demandó más electricidad que el año anterior en su punto más alto de consumo, en parte gracias a las olas de calor que se vivieron a lo largo del territorio nacional.

Este dato es crucial para saber si se está generando suficiente electricidad para satisfacer la demanda de los consumidores y evitar apagones. El aumento del 10.2% en la demanda máxima integrada indica que la necesidad de electricidad está creciendo rápidamente y es necesario tomar medidas para cubrir esa demanda de manera confiable.

Por otro lado, según datos de la CFE, en 2023 los clientes estuvieron en promedio 17.7 minutos sin suministro eléctrico, lo que representa una mejora frente a los 19.2 minutos de 2022. Sin embargo, estos minutos siguen siendo cruciales, especialmente para sectores donde la electricidad es esencial para sus operaciones.

Una de las implicaciones más importantes de este acuerdo es el poder generar el primer marco normativo en tecnologías de almacenamiento. La creación de estas reglas puede llegar a incentivar a los actores privados para desarrollar infraestructura que complemente la generación renovable y optimice la operación del sistema eléctrico. En este sentido, la apertura del mercado al almacenamiento de energía podría dinamizar el sector energético nacional, al tiempo que fomenta la competitividad y el desarrollo tecnológico.

Desde una perspectiva ambiental, la adopción de los SAE también contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al permitir un mayor uso de energías limpias y reducir la dependencia de combustibles fósiles, estos sistemas ayudan a disminuir la huella de carbono del país y a avanzar en sus metas de sostenibilidad.

Sin embargo, la implementación de las DACG conlleva retos. La integración de los sistemas de almacenamiento requiere ajustes técnicos y operativos en el SEN, lo cual demanda una coordinación eficaz entre autoridades del sector y los diferentes actores del mercado eléctrico. Además, será esencial que el nuevo marco regulatorio se acompañe de mecanismos de supervisión y evaluación que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados y asegurar una transición exitosa hacia un sistema energético más eficiente y sostenible, a la vez que dicho marco pueda ir avanzando y evolucionando hacia un mejor entendimiento e implementación de estas tecnologías en el país.

Por lo anterior, las DACG constituyen un paso fundamental para la modernización del sector eléctrico mexicano. Al regular la integración de los SAE, México avanza hacia una mayor utilización de energías renovables y mejora la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. No obstante, será crucial que los actores involucrados adopten las medidas necesarias para asegurar que estos avances tecnológicos se implementen de manera efectiva y que el marco regulatorio favorezca un entorno competitivo, transparente y acorde con los objetivos ambientales y energéticos del país.

Por ahora, se espera que estas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) continúen su proceso regulatorio y, en los próximos meses, sean publicadas oficialmente para su cumplimiento. Lo anterior se espera que permita una mayor certidumbre en la integración de los sistemas de almacenamiento de energía en México, allanando el camino para una infraestructura eléctrica más moderna, eficiente y sostenible a largo plazo.

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