América Latina llega a la antesala de la COP30 hablando de adaptación como si fuera la gran respuesta al cambio climático. El discurso suena compasivo y políticamente correcto: proteger a los más vulnerables de los impactos extremos. Pero la insistencia en la adaptación se ha convertido en refugio y excusa para no transformar las matrices energéticas de la región. En lugar de atacar la raíz del problema —la dependencia fósil—, se elige administrar las consecuencias, prolongando una crisis que exige medidas mucho más radicales.

El mundo avanza y América Latina se queda corta. En 2024, el 30% de la electricidad global se generó con energías renovables, Europa alcanzó el 51% y Asia lideró con más de 320 gigavatios de nueva capacidad. Nuestra región cuenta con la mayor radiación solar del planeta y un enorme potencial eólico. Algunos países, como Brasil, Uruguay o Costa Rica, han capitalizado ese recurso y hoy superan el 60% de generación renovable, gracias sobre todo a su fuerte base hidroeléctrica. Sin embargo, el panorama no es homogéneo: mientras unos avanzan, otros siguen apostando por la falsa seguridad de los hidrocarburos.

México es el frijol en el arroz. Apenas el 22% de su electricidad se produjo con renovables en 2024, frente al promedio regional de 62%. Más de la mitad provino de gas importado de Estados Unidos, lo que lo hace vulnerable y dependiente. La meta de 35% de generación limpia para 2024 se quedó en el papel. El país ocupa el lugar 46 en el Índice de Transición Energética, muy por debajo de Chile (34) y Colombia (29). Sus discursos en foros internacionales proyectan liderazgo, pero los datos lo exhiben como rezagado y contradictorio.

La diplomacia climática mexicana es una cortina de humo. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena ha desplegado un activismo internacional que responde también a un secreto a voces: su ambición de postularse como secretaria general de la ONU. Ese afán de proyección multilateral privilegia la construcción de consensos sobre la transformación real de la política energética. Mucho discurso, poca acción. México es el mayor emisor de CO₂ de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los más rezagados en energías limpias.

Brasil tampoco escapa a la contradicción. A semanas de ser anfitrión de la COP30 en Belém, anunció la ampliación de la extracción petrolera. Difícil conciliar esa apuesta con el liderazgo climático que pretende ejercer. Sin embargo, el contraste con otros países de la región es claro: Chile y Colombia han acelerado su integración de renovables, superando el 30% de participación limpia en su matriz eléctrica, mientras Argentina, pese a sus dificultades económicas, también avanza con proyectos solares y eólicos. La diferencia no está en los recursos, sino en la voluntad política.

La inacción cuesta cara. Alcanzar 45% de energía limpia en México para 2030 evitaría importaciones de gas por mil 600 millones de dólares al año. La instalación de 36 gigavatios solares y 10 eólicos en apenas 5 años podría generar más de 400 mil empleos directos. No actuar significa perder competitividad, seguridad energética y la posibilidad de insertarse en las nuevas cadenas globales de valor que privilegian las energías limpias. Cada año de retraso es un año perdido en inversión, innovación y empleo.

La crítica brilla por su ausencia. La sociedad civil se ha acomodado a la narrativa oficial. Tras haber enfrentado un clima de hostilidad en el pasado, hoy su cercanía con el Gobierno parece explicar un silencio que debilita la independencia crítica que tanto se necesita. Sin voces disidentes, el consenso se convierte en aplauso vacío y la transición se posterga una y otra vez.

La COP30 es la cita más importante desde el Acuerdo de París y no admite discursos vacíos. América Latina debe abandonar la retórica de la adaptación y comprometerse con una revolución renovable. Mientras países de la región avanzan en la adopción de energías limpias, México sigue siendo el frijol en el arroz: farol de la calle y oscuridad en su propia casa. Y la historia juzgará con dureza a quienes, pudiendo acelerar la transición, optaron por esconder su inacción tras la diplomacia climática.

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El Gobierno federal informó la prohibición de 35 plaguicidas por altos niveles de riesgo para la salud y el medio ambiente.

La prohibición fue realizada con base en evidencia científica y, las autoridades destacaron que la última vez que se realizó un proceso de este tipo fue en 1991 a causa de ingredientes activos.

“Estas sustancias se prohíben a fin de evitar efectos adversos graves para la salud humana y el medio ambiente, muchos de los cuales permanecen en la naturaleza y en los tejidos de los humanos y los animales, y pasan a la cadena alimenticia afectando a otros organismos”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Añadieron que, este primer decreto se realiza en el marco de la estrategia nacional integral, la cual tiene por objetivo asegurar la producción de alimentos saludables e inocuos, además de garantizar la colaboración en la industria de protección fitosanitaria.

En tanto, resaltó el esfuerzo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud.

Cabe mencionar que, el decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obliga a la Administración Pública Federal a revocar y abstenerse de otorgar permisos  y registros de producción, formulación, fabricación, almacenamiento, importación, transporte, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final de 35 plaguicidas en todo el territorio nacional.

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La Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) publicó el Acuerdo para el control y monitoreo de emisiones de contaminantes a la atmósfera en estaciones de servicio con fin específico para expendio al público de gasolinas y/o diésel en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A través del Acuerdo, la ASEA establece especificaciones técnicas y obligaciones que deberán cumplir las gasolineras en México para reducir las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) generados durante el almacenamiento y suministro de combustibles.

Las gasolineras deberán realizar muestreos periódicos de sus combustibles con análisis a cargo de laboratorios acreditados. Además, deberán entregar informes trimestrales a la ASEA por medio de su Oficialía de Partes.

En tanto, la Agencia podrá realizar inspecciones y aplicar sanciones por incumplimiento.

Cabe mencionar que este Acuerdo es resultado del esfuerzo coordinado entre la ASEA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Además de que se alinea al Objetivo 4.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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La reducción esperada en materia de gases contaminantes, implica dejar de emitir al menos 140 millones de toneladas de CO2, de acuerdo con el documento.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que este esfuerzo será de carácter no condicionado, lo que significa que el país se compromete a lograrlo sin depender de financiamiento internacional, sino a través de la corresponsabilidad entre sectores productivos, gobiernos locales, academia y sociedad civil.

“Queremos dar señales claras a los sectores productivos y a los inversionistas: México quiere inversiones sostenibles, no cualquier inversión y a cualquier costo”, señaló Bárcena.

La estrategia articula medidas de mitigación, adaptación y economía circular a 10, 20 y 40 años, enfocándose en sectores clave como energía, transporte, agroindustria y gestión de residuos.

El documento también prioriza una gobernanza climática robusta, incluyente y participativa, especialmente con pueblos originarios, organizaciones civiles y el sector privado.

La ENCC fue desarrollada con el respaldo técnico y financiero del gobierno de Dinamarca, a través de su Agencia de Energía, y contó con la participación de expertos de Semarnat, SHCP, INECC y la Iniciativa Climática de México, entre otros actores relevantes.

Con esta estrategia, México no solo busca cumplir con su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC 3.0), sino posicionarse como un país dispuesto a transitar hacia una economía de bajas emisiones con ambición, coherencia y visión de largo plazo.

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Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se reunió con representantes del Comité de Cuenca del Río Sonora para conocer la propuesta del gobierno Federal sobre la remediación del agua, salud y suelo.

La funcionaria explicó que el objetivo de este encuentro es evitar la toma de decisiones sin antes escuchar la opinión de las comunidades afectadas en seguimiento a petición de Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“Ya tenemos muy claro cuáles son los tres grandes rubros que tenemos que abordar en los temas de salud, en los temas de agua y en los temas de remediación (…) lo hicimos junto con el gobernador del Estado de Sonora”, indicó.

Añadió que las principales acciones para atender la problemática son la construcción y operación de plantas potabilizadoras en las zonas afectadas por el derrame. Asimismo, se ampliará el hospital comunitario de Ures con un segundo nivel, una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental y un laboratorio toxicológico.

En este nosocomio se buscará hacer análisis toxicológicos y brindar tratamientos necesarios a las casi 24 mil personas que resultaron afectadas por la contaminación de metales. En tanto, se hará una remediación y restauración de suelos, ríos y humedales.

“Creo que fue una reunión muy positiva, los escuchamos, recibimos algunas propuestas adicionales que seguramente llevaremos adelante”, apuntó Bárcena.

En el encuentro se contó con la participación de Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

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Cancún, Q.Roo.- La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) propuso un “borrón y cuenta nueva” para las empresas que no han cumplido con la regulación, con el objetivo de que se pongan al corriente en el próximo sexenio, dijo su director Ángel Carrizales.

“Es la regularización total de todo lo que no han cumplido en materia de seguros, manifestación de impacto ambiental, u otros aspectos, no solo de los gasolineros sino del sector hidrocarburos”, planteó el funcionario durante la Convención Onexpo 2024.

Aclaró que se trata de una propuesta que dejaría la actual administración para que la próxima decida cómo implementarla.

“Tendríamos que ver el mecanismo, no quiero adelantarlo pero sería algo que el que venga de director pudiera impulsar, nosotros ponemos las bases y dependerá de ellos la decisión final”, mencionó.

Por otro lado, dijo que la ASEA dejará un total de 3 mil 500 trámites pendientes al cierre de este sexenio, que equivalen a cerca de mes y medio de trabajo, lo que calificó de positivo tomando en cuenta la carga administrativa de la institución.

Además, adelantó que en los próximos meses se impulsará la apertura de cuatro Gasolineras del Bienestar adicionales a las dos que ya existen en Oaxaca y Campeche; el resto de las estaciones se ubicarán en Nayarit y Durango.

Finalmente, consideró que el modelo regulatorio de la ASEA funciona bien al depender de la SEMARNAT, en lugar de ser un organismo autónomo como se propuso en algún momento cuando se discutió la reforma energética de 2013.

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