Con esta decisión, el IFT deja de existir oficialmente, cerrando un ciclo de más de una década en la que México contaba con un regulador autónomo, técnico y reconocido internacionalmente por su independencia y capacidad para equilibrar el poder de los grandes operadores del sector.

La CRT, en cambio, nace subordinada a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un ente del Ejecutivo federal. Y aunque la ley le confiere “autonomía técnica y operativa”, esa autonomía se vuelve más una formalidad que una realidad, especialmente cuando se revisa el perfil y el origen de los nuevos comisionados.

Tres de los cinco integrantes de la nueva comisión provienen directamente de la ATDT: Ledenika Mackensie Méndez González, antes directora de Seguridad Espacial; Tania Villa Trápala, exdirectora de Políticas de Telecomunicaciones; y Norma Solano Rodríguez, excoordinadora nacional de Transformación Digital.

A ellos se suman María de las Mercedes Olivares Tresgallo, vinculada al sistema de radiodifusión universitaria, y Adán Salazar Garibay, proveniente de la Agencia Espacial Mexicana.

Más allá de su formación o experiencia técnica, la coincidencia en su procedencia institucional revela una línea clara de continuidad política y administrativa. El Ejecutivo no sólo diseñó la nueva estructura regulatoria, sino que ahora controla directamente quién la encabeza.

El cambio más preocupante, sin embargo, radica en el proceso de selección. Se eliminó el examen de conocimientos técnicos y de competencia, un filtro que garantizaba profesionalismo y neutralidad. Ahora, los comisionados son designados por propuesta directa del Ejecutivo federal y ratificación del Senado, replicando el esquema que prevalecía en la extinta Cofetel, precisamente el modelo que se superó con la reforma de 2013.

En otras palabras, retrocedimos más de una década.

La independencia, el rigor técnico y la imparcialidad, principios fundacionales del IFT, quedan sustituidos por la cercanía política, la afinidad ideológica y la lealtad al partido en el poder. En lugar de árbitros, tendremos operadores. En vez de un regulador, una oficina ejecutora de políticas.

Y cuando un regulador pierde su independencia, pierde también la confianza del mercado, de los inversionistas y de los ciudadanos. México pasa de ser un país con una autoridad regulatoria de referencia en América Latina a un escenario donde las decisiones sobre espectro, concesiones, tarifas o licencias recaerán, en última instancia, en el ámbito político.

La historia parece repetirse, de la Cofetel a la CRT, pasando por un breve oasis de autonomía con el IFT. Pero ahora, el reloj institucional marca nuevamente la hora del retroceso.

Por qué importa: 6 claves para entender el cambio

• El IFT desaparece totalmente: México pierde un regulador autónomo que equilibraba el poder del Estado y las empresas de telecomunicaciones.
• La CRT depende del Ejecutivo: Aunque se dice “autónoma”, está bajo la estructura de la ATDT, una agencia del gobierno.
• El proceso de selección se politiza: Ya no hay examen técnico; los comisionados son propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado.
• Tres de los cinco nuevos comisionados vienen de la ATDT, lo que deja en duda su independencia.
• Retroceso institucional: El nuevo modelo recuerda a la Cofetel, cuando las decisiones se tomaban con criterios políticos, no técnicos.
• Impacto económico y de confianza: La pérdida de autonomía regulatoria puede desalentar inversiones y violar compromisos internacionales como el T-MEC.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá competir en licitaciones de espectro radioeléctrico para prestar servicios comerciales de telecomunicaciones, con lo cual se convertirá en un competidor directo de Telcel, AT&T y Telefónica, de acuerdo con la reforma de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso de la Unión.

La CFE podrá entrar al mercado comercial como un competidor que tendrá el apoyo del Estado, lo que abre la puerta a desigualdad de condiciones para el resto de las empresas y distorsiones en el mercado.

Este cambio representa un golpe de timón a la esencia con la que fue concebida la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo propósito inicial era llevar telefonía e internet a zonas apartadas que no eran atendidas por las empresas comerciales.

“La empresa pública del Estado, cuyo objeto es contribuir en la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones podrá solicitar concesiones únicas de uso comercial”, detalla el Artículo 78 de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que será promulgada por la Presidenta Claudia Shenbaum en los próximos días.

El Articulo 79 establece que la CFE podrá obtener una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, “mediante el procedimiento de licitación pública”, previo pago de la contraprestación correspondiente.

Aunque ese artículo señala que las concesiones para uso comercial que obtendrá la CFE deberán sujetarse al principio de neutralidad a la competencia, el mercado está preocupado por la posible desigualdad de condiciones que favorecerían a la CFE.

Mientras las empresas tendrían que desembolsar grandes cantidades para el pago de las concesiones, la CFE contará con el apoyo financiero del Gobierno y la amplia red de infraestructura ya instalada que incluye postes, antenas y redes de fibra óptica, lo que deja en desventaja a los demás competidores.

El Artículo 80 añade que la CFE compartirá su infraestructura asociada con la prestación del acceso a internet, “cuando su capacidad lo permita”, en condiciones de no discriminación, a precios competitivos y en proporción al volumen de operaciones, capacidades técnicas, económicas y tamaño de la red de los concesionarios o autorizados que lo soliciten, en los términos que establezca la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Por más que el Gobierno intente envolver esta reforma en un discurso de inclusión, equidad digital y conectividad universal, la iniciativa en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy se discute  y probablemente se apruebe en el Senado, encierra un giro profundamente regresivo: concentrar el poder regulador, desdibujar los contrapesos y debilitar el marco institucional que costó décadas construir.

La reforma regresa en una versión modificada que incluye disposiciones absurdas y sin sentido, como la obligación de presentar el CURP al momento de contratar una línea de telefonía móvil. Los legisladores se equivocan al creer que esto terminará con la extorsión telefónica, ya que primero deberían evitar que los teléfonos ingresen a las cárceles y centros penitenciarios.

El documento oficial esconde bajo frases de buena voluntad un rediseño institucional peligroso. Se crea una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subordinada a la Agencia de Transformación Digital del Estado (ATDT), cuyos cinco comisionados serán nombrados directamente por el Presidente y ratificados por un Senado dominado por la mayoría de MORENA.

Se elimina al IFT como órgano constitucional autónomo, y con él, se evapora la independencia técnica que garantizaba decisiones con base en datos, no en líneas partidistas.

Se habla de competencia “en igualdad de condiciones”, pero al Estado se le permitirá ofrecer servicios de internet con una concesión comercial, compitiendo con los privados, al tiempo que se convierte en juez y parte.

Además, se otorgan funciones regulatorias clave a una Comisión Nacional Antimonopolio que tampoco será autónoma, y que entierra a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), un organismo que si bien no usó todos los dientes que tenía y en muchos casos quedó a deber, sí tenía un andamiaje institucional más sólido e independiente.

En un país con una democracia cada vez más erosionada, darle al Ejecutivo el control del espectro, de las concesiones, de los árbitros y de las reglas es algo más que un error técnico: es una señal de alarma democrática. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son demasiado importantes para quedar en manos de una sola visión política. Esta reforma no conecta a México con el futuro digital: lo enchufa a los circuitos de un poder sin contrapesos.

MORENA está retomando el control de todo, del Poder Judicial, de los reguladores y próximamente del INE ¿Para qué? Para no soltar el poder y convertir en realidad la amenaza que lanzó hace semanas el impresentable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña: “No nos vamos a ir en 40 años”.

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Con la propuesta que ya se discute en el Congreso, se pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dos órganos constitucionales autónomos que han sido claves para equilibrar el poder en los sectores de telecomunicaciones y competencia.

En su lugar, el Gobierno plantea crear tres nuevas entidades: una Agencia de Transformación Digital, una Comisión Antimonopolios y una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El resultado es un Frankenstein burocrático que multiplica el aparato estatal, sin demostrar que será más eficiente o menos costoso. Este rediseño no solo contradice el discurso de austeridad republicana, sino que abre la puerta a la captura política de sectores estratégicos, al eliminar los contrapesos técnicos que ofrecían independencia en la toma de decisiones.

Peor aún, también se discute otra reforma en materia de vigilancia y privacidad: se plantea que la Guardia Nacional, y por ende el Ejército, tenga la facultad de intervenir comunicaciones privadas, siempre que exista una orden judicial.

Pero en un país donde el Poder Judicial ha comenzado a ser colonizado por perfiles afines a Morena, tras los recientes cambios en los procesos de designación de jueces, esa “salvaguarda” es cada vez menos confiable. Así, el Estado no solo se hace más grande y opaco, sino también más intrusivo.

La autonomía regulatoria, el respeto a la competencia y la protección a la privacidad de los ciudadanos no pueden sacrificarse en nombre de una falsa modernización.

México necesita instituciones fuertes, no más oficinas, siglas y sellos. La nueva reforma en telecomunicaciones y la de la Guardia Nacional, no conecta con la realidad digital del siglo XXI, sino con las prácticas autoritarias del siglo pasado. Y eso debería preocuparnos a todos.

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Esta tarde la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las leyes secundarias de la reforma energética que ordenan la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), entre otros cambios.

Se trata de un paquete de leyes en donde se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX); la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y, la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

También se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Además, se publica el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en donde se incluye el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar, que consiste en una simplificación de gravámenes para PEMEX.

La reforma regresa a PEMEX y a CFE al esquema de Empresas Públicas del Estado Mexicano, con lo cual se revierte la figura de Empresas Productivas del Estado que aplicó desde la reforma de 2013.

También se extinguen a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones serán absorbidas por la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Secretaría de Energía (SENER).

Con esta nueva reforma queda sepultada la posibilidad de realizar nuevas rondas petroleras y subastas eléctricas, en su lugar se establecen contratos mixtos en donde los privados podrán asociarse con PEMEX y CFE en proyectos donde las empresas estatales tendrán la mayor participación.

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“Ahí les encargo a los diputados la aprobación para que el 18 de marzo podamos estar firmando, es una fecha emblemática para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de estas leyes”, dijo la mandataria.

Dijo que el objetivo de la reforma constitucional es regresarle Petróleos Mexicanos (PEMEX)  y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al pueblo de México, revertir una buena aparte de la reforma de 2013 que pretendía desaparecer a las empresas estatales en beneficio de los privados.

Ayer, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló el dictamen y lo turnó al Pleno del organismo para su votación.

La legislación secundaria contempla una nueva versión de la Ley de Pemex, Ley de CFE, Ley de Planeación y Transición Energética, Ley del Sector Eléctrico, Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Además, se armonizan otras cinco leyes, estableciendo las bases para un sector energético fuerte, confiable y sustentable, centrado en la soberanía nacional y la justicia social.

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El proyecto recibió 85 votos a favor y 29 en contra en lo general, mientras que en lo particular la minuta obtuvo 80 votos a favor y 35 en contra.

Además, se desecharon las reservas presentadas por diversos legisladores, por lo que quedó en sus términos; posteriormente, el decreto se remitió a la titular del Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La reforma establece el Derecho Petrolero para el Bienestar, que fija tasas de 30% para el petróleo y 11.62% para el gas natural.

Además, se eliminan de la ley el pago de impuestos y derechos de Utilidad Compartida, de Extracción de Hidrocarburos y de Exploración de Hidrocarburos.

Asimismo, acorde con la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que entró en vigor en 2024, se transfieren a la Secretaría de Energía las atribuciones de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos.

También se agrega cómo se enterará el Derecho Petrolero para el Bienestar, así como los plazos para pagos provisionales mensuales que tendrán que realizar los asignatarios.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que esta reforma fortalecerá de manera integral a PEMEX, pues le permitirá mejorar su capacidad operativa y optimizar el uso de ingresos para atender sus necesidades de inversión.

Precisó que los cambios buscan aliviar la carga de costos operativos que enfrenta la empresa, con la finalidad de que los ingresos generados puedan destinarse de manera más eficiente a proyectos estratégicos, mantenimiento de infraestructura y expansión de sus capacidades productivas, porque “las administraciones anteriores a 2018 convirtieron a PEMEX en un botín, y se le aplicó un régimen fiscal asfixiante”.

Castillo Juárez consideró fundamental que PEMEX cuente con un esquema fiscal que le permita no sólo cumplir sus obligaciones financieras, sino fortalecer su posición en el mercado energético para garantizar su viabilidad y contribución al desarrollo económico de la nación; “es fundamental construir una república con soberanía energética”, puntualizó.

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En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la CRE informó que quedarán suspendidas algunas actividades administrativas, hasta que entre en vigor la ley secundaria en materia de energía que contempla la creación del nuevo organismo regulador.

“Se suspende la recepción a través de los medios establecidos para tal efecto, de los trámites, promociones o escritos competencia de la CRE”, indica el texto.

Las únicas actividades que no se suspenden son la atención a prevenciones realizadas por las Unidades Administrativas de la Comisión, la presentación de pruebas y alegatos dentro de los procedimientos de sanción tramitados por la CRE.

La presentación de proyectos de generación eléctrica para garantizar el suministro eléctrico en las regiones deficitarias, así como aquellos del sector hidrocarburos necesarios para el abasto de combustibles en el territorio nacional, definidos como prioritarios por la Secretaría de Energía, acorde con la política energética vigente y aplicable.

La recepción de información de las Unidades de Inspección y Verificación de las actividades reguladas; y el cumplimiento de obligaciones a cargo de los sujetos regulados previstas en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de la Industria Eléctrica, así como en sus Reglamentos, Disposiciones Generales de Carácter Administrativo y demás normas que resulten aplicables.

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Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento y la estructura del nuevo organismo, que tendrá áreas novedosas como una Dirección General de Ciberseguridad.

Ese departamento deberá diseñar políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos necesarios para la regulación homologada de la política de ciberseguridad en el Gobierno federal.

También gestionará las auditorías, evaluaciones y recomendaciones periódicas con carácter vinculante para verificar y dar seguimiento al cumplimiento y efectividad de políticas, lineamientos, reglamentos y normatividad en ciberseguridad.

“Diseñar, desarrollar y ejecutar el monitoreo, análisis, detección de amenazas y vulnerabilidades, así como dirigir la respuesta a incidentes de ciberseguridad de la Agencia”, detalla el texto.

Esto significa que la agencia se perfila para ser un especie de consultor-policía cibernética y generador de políticas de ciberseguridad del Gobierno.

La Dirección General de Inteligencia de Datos, otra área nueva de la agencia, se encargará de toda la política de datos del Gobierno federal, incluyendo la estrategia de datos abiertos.

Deberá apoyar a las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal en la evaluación de la información que puede publicarse como datos abiertos.

¿Acaso esto significa que la Agencia tendrá facultades para decidir qué información se transparenta y cual no?

También realizará análisis de las bases de datos que las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal generen, para identificar información que contribuya a la toma de decisiones y al diseño de políticas públicas.

¿Qué tan sano es darle tantas facultades a un nuevo regulador que ya no tendrá la autonomía constitucional que tenía el IFT y que por lo tanto sus decisiones no serán necesariamente independientes?

¿No era más viable reformar al IFT para otorgarle más facultades? El tema de fondo no es la austeridad, sino la autonomía.

El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere un nuevo regulador todo poderoso que tenga muchos dientes pero poca independencia.

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El dictamen, que incluye ocho nuevas leyes y reformas a diversos ordenamientos, fue aprobado en lo general con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención; en lo particular recibió 81 votos a favor y 39 en contra, por lo que el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

La nueva legislación cancela la reforma energética de 2013 que abría plenamente el mercado a la inversión privada en energía, permitía las licitaciones de campos petroleros, las subastas eléctricas, y marcaba metas en materia de participación de fuentes limpias dentro de la matriz energética.

Las leyes secundarias plantean el desarrollo de proyectos mixtos de inversión privada entre PEMEX, CFE y otras empresas del mercado, en donde las empresas estatales tendrán la mayor participación de los mismos.

También desaparece a los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER) y que no tendrá autonomía constitucional.

PEMEX podrá recibir asignaciones del Estado para desarrollar campos petroleros y tendrá la facultad de escoger a los socios con quienes explotará dichas áreas, pero manteniendo el 40% de los proyectos.

Las senadoras Karla Guadalupe Toledo Zamora y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante la Asamblea un voto particular en contra del dictamen.

Sin embargo, las reservas fueron rechazadas por el Pleno, de forma que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen, con 81 votos a favor.

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