Por más que el Gobierno intente envolver esta reforma en un discurso de inclusión, equidad digital y conectividad universal, la iniciativa en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy se discute  y probablemente se apruebe en el Senado, encierra un giro profundamente regresivo: concentrar el poder regulador, desdibujar los contrapesos y debilitar el marco institucional que costó décadas construir.

La reforma regresa en una versión modificada que incluye disposiciones absurdas y sin sentido, como la obligación de presentar el CURP al momento de contratar una línea de telefonía móvil. Los legisladores se equivocan al creer que esto terminará con la extorsión telefónica, ya que primero deberían evitar que los teléfonos ingresen a las cárceles y centros penitenciarios.

El documento oficial esconde bajo frases de buena voluntad un rediseño institucional peligroso. Se crea una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subordinada a la Agencia de Transformación Digital del Estado (ATDT), cuyos cinco comisionados serán nombrados directamente por el Presidente y ratificados por un Senado dominado por la mayoría de MORENA.

Se elimina al IFT como órgano constitucional autónomo, y con él, se evapora la independencia técnica que garantizaba decisiones con base en datos, no en líneas partidistas.

Se habla de competencia “en igualdad de condiciones”, pero al Estado se le permitirá ofrecer servicios de internet con una concesión comercial, compitiendo con los privados, al tiempo que se convierte en juez y parte.

Además, se otorgan funciones regulatorias clave a una Comisión Nacional Antimonopolio que tampoco será autónoma, y que entierra a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), un organismo que si bien no usó todos los dientes que tenía y en muchos casos quedó a deber, sí tenía un andamiaje institucional más sólido e independiente.

En un país con una democracia cada vez más erosionada, darle al Ejecutivo el control del espectro, de las concesiones, de los árbitros y de las reglas es algo más que un error técnico: es una señal de alarma democrática. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son demasiado importantes para quedar en manos de una sola visión política. Esta reforma no conecta a México con el futuro digital: lo enchufa a los circuitos de un poder sin contrapesos.

MORENA está retomando el control de todo, del Poder Judicial, de los reguladores y próximamente del INE ¿Para qué? Para no soltar el poder y convertir en realidad la amenaza que lanzó hace semanas el impresentable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña: “No nos vamos a ir en 40 años”.

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