El documento muestra que, pese al aumento temporal de la inversión pública previsto para 2026, que ascenderá a 1.26 billones de pesos, equivalente al 3.2% del PIB, el gasto en infraestructura mantiene un marcado sesgo hacia el sector energético, lo que deja menor espacio presupuestal para otros rubros estratégicos.

En total, los proyectos prioritarios absorberán 42.3% de toda la inversión pública. Dentro de este paquete, PEMEX encabeza la lista con 247 mil 230 millones de pesos, seguido por los Nuevos Trenes (19.5%), la CFE con 61 mil 091 millones, y en menor medida carreteras y caminos, que apenas recibirán 5.1%.

El énfasis energético contrasta con la tendencia de mediano plazo, pues a partir de 2027, el propio Gobierno proyecta una reducción sostenida de la inversión pública que caerá hasta 2.6% del PIB en 2030, frente al 3.2% previsto para 2026.

Esto implica que el repunte del próximo año será temporal y no revertirá la contracción acumulada frente a 2024, año con el que la inversión total será 6.5% menor en términos reales.

El CIEP advierte que esta concentración podría amplificar rezagos en sectores como salud, educación, infraestructura urbana y vivienda, especialmente porque los esquemas de financiamiento mixto están prácticamente detenidos: los recursos para proyectos bajo Pidiregas caen 95%, mientras que los destinados a APP se reducen 89.5% entre 2025 y 2026.

Además, el ajuste proyectado en los Requerimientos Financieros del Sector Público, que bajarán de 4.1% del PIB en 2026 a 3% en 2028, limitará aún más la capacidad del Estado para financiar infraestructura fuera de los megaproyectos vigentes.

El Gobierno federal sostiene que la “inversión impulsada”, que combina recursos presupuestarios, inversión de empresas del Estado y financiamiento privado, permitirá concluir obras estratégicas durante 2026. Sin embargo, el CIEP señala que el énfasis en PEMEX y CFE deja dudas sobre la sostenibilidad del plan en un contexto de estrecho espacio fiscal y menor participación privada.

Mientras tanto, la dependencia del sector energético como eje de la inversión pública refuerza un patrón que, según el propio centro de investigación, podría limitar el crecimiento económico y profundizar el rezago en infraestructura esencial durante la segunda mitad del sexenio.

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Durante el periodo enero a octubre de este año, PEMEX aportó 204 mil millones de pesos al erario, pero a cambio recibió 386 mil millones de pesos en transferencias gubernamentales, explica el análisis.

El saldo para el Estado fue negativo en 182 mil millones de pesos, una pérdida que crece aún más al compararse con la meta original, pue el Gobierno esperaba recibir 234 mil millones de pesos netos de ingresos petroleros a octubre, pero terminó 417 mil millones de pesos por debajo, debido al incremento de apoyos para la petrolera.

“Así, los ingresos adicionales por impuestos y por ingresos no petroleros, los 90 y 43 mil millones de pesos extra, no alcanzaron para compensar el desplome de los ingresos petroleros. El balance final dejó un faltante de 284 mil millones, que ya se traduce en ajustes y retrasos en el gasto público”, señala.

La Secretaría de Salud reportó un subejercicio de 26%, equivalente a 15.2 mil millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quedó 29.1% por debajo del gasto previsto, 35.8 mil millones de pesos menos, y la Secretaría de Medio Ambiente registró un recorte de 29.2%, que representa 11.5 mil millones de pesos.

En contraste, la Secretaría de Energía sobresalió como la única dependencia con un gasto muy por encima de lo autorizado, pues ejerció 181% más de su presupuesto original, debido a los apoyos adicionales destinados a PEMEX y no contemplados por el Congreso.

El análisis también destaca otros tres signos de deterioro fiscal. El costo financiero de la deuda alcanzó 1 billón de pesos en los primeros diez meses del año, el nivel más alto en un cuarto de siglo y 7.9% mayor al registrado un año antes.

Además, la inversión física, sin considerar la de PEMEX, cayó a 441 mil millones de pesos, una reducción real de 29% frente a 2024, lo que representa 180.3 mmdp menos.

México Evalúa concluye que la estrategia de rescate a PEMEX continúa presionando severamente las finanzas públicas, absorbiendo recursos que antes se dirigían a sectores clave y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades del Estado mexicano.

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De acuerdo con la opinión aprobada por la comisión, el Ramo 18 contará con 267 mil 439.11 millones de pesos, una cifra sin precedente que, según los legisladores, representa una reconfiguración histórica del gasto público en materia energética, orientada a mejorar la planeación, la regulación y la innovación tecnológica.

El PPEF 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), plantea un Gasto Neto Total de 10.194 billones de pesos, con un aumento real del 5.9% respecto a 2025, y una expansión del 20.1% en la inversión pública, con prioridad en proyectos de infraestructura energética y eléctrica.

Dentro del dictamen, la comisión también destacó los recursos propuestos para las empresas productivas del Estado. En el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se plantea una asignación de 708 mil 200.87 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 11.8% frente al ejercicio anterior.

Esta cifra se acompaña de una meta de balance financiero de 263 mil 476.3 millones de pesos y un techo de servicios personales de 118 mil 201.23 millones, con el objetivo de reducir la dependencia fiscal de la petrolera y avanzar en su reestructuración financiera.

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presupuesto proyectado asciende a 602 mil 567.50 millones de pesos, con una variación real marginal a la baja de 0.28%. Sin embargo, el documento enfatiza la importancia de los recursos destinados a mantenimiento, modernización de redes y expansión de la generación eléctrica, especialmente en el fortalecimiento de infraestructura de transmisión y la incorporación de tecnologías limpias.

La opinión legislativa también refiere los principales supuestos macroeconómicos que sustentan el paquete económico, con un precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación de 54.9 dólares por barril, una plataforma de producción de 1.7 millones de barriles diarios, una inflación estimada del 3%, una tasa Cetes a 28 días del 6%, y un tipo de cambio promedio de 18.9 pesos por dólar.

En materia de infraestructura, el documento precisa que México cuenta actualmente con 10 mil kilómetros de gasoductos interconectados, distribuidos en siete sistemas regionales que abastecen a una población estimada en 93.4 millones de habitantes.

Además, se contemplan 48 mil millones de pesos para proyectos Pidiregas del sector eléctrico, 26 mil millones para mantenimiento de centrales generadoras, incluyendo la planta nuclear de Laguna Verde, y 10.6 mil millones para reforzar la red de transmisión.

La Comisión subrayó que parte del incremento al Ramo 18 de Energía se destinará a una aportación patrimonial a PEMEX por 263 mil 699.98 millones de pesos, lo que coincide con el balance financiero propuesto para la petrolera.

También resaltó la incorporación del Anexo Transversal 15, enfocado en la Estrategia Nacional para la Transición Energética, que agrupa programas de electrificación, eficiencia energética, investigación nuclear y proyectos asociados al litio.

En su opinión final, la Comisión de Energía sostuvo que el PPEF 2026 fortalece la política energética de largo plazo, promueve la coordinación institucional y sienta bases para una transición ordenada hacia una matriz energética más sostenible.

“El incremento al Ramo 18 es un paso decisivo para garantizar la soberanía energética, fortalecer a las empresas del Estado y acompañar la transformación tecnológica del país”, añade el documento.

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Aunque las partidas destinadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestran un incremento respecto al año anterior, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, ese monto podría resultar insuficiente para cumplir con las metas de producción, refinación y sostenibilidad, advierte Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), PEMEX dispondrá en 2026 de un presupuesto programado de 517 mil millones de pesos, un aumento del 12% respecto a los 464 mil millones asignados en 2025. La inversión presupuestal ascenderá a 240 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 20.6% frente a los 199 mil millones aprobados este año.

Sin embargo, Pech advierte que estos aumentos podrían verse neutralizados por el encarecimiento global del acero, los equipos y diversos insumos industriales, que durante 2025 registraron alzas de entre 15% y 20%, producto de guerras arancelarias e inflación internacional.

Esta situación podría complicar la ejecución de los proyectos operativos de PEMEX durante el próximo ejercicio fiscal.

El especialista destacó que, si bien el tipo de cambio se ha mantenido favorable y las tasas de interés muestran una tendencia a la baja, lo que brinda cierto margen de maniobra al permitir mejores condiciones de financiamiento, PEMEX deberá administrar con máxima responsabilidad los recursos asignados para garantizar su estabilidad operativa y financiera.

En la distribución del gasto, el análisis de Pech revela que el 86% del presupuesto total se concentra en actividades de exploración y producción, con un incremento proyectado del 19% para 2026, al pasar de 172 mil millones a 204 mil millones de pesos.

El presupuesto destinado a campos terrestres aumentará 20%, al pasar de 86 mil a 103 mil millones de pesos, mientras que en aguas someras el crecimiento será del 9%, con 101 mil millones proyectados. No se prevén recursos para proyectos en aguas profundas, lo que evidencia una concentración de la inversión en áreas de explotación de menor complejidad técnica y financiera.

En lo que respecta a procesos industriales, el presupuesto crecerá 40%, pasando de 20 mil a 28 mil millones de pesos, impulsado por las operaciones de refinación y petroquímica.

No obstante, este aumento estará sujeto a la presión de los costos derivados de catalizadores, equipos y materiales necesarios para el mantenimiento de las plantas. En el área de logística y salvaguardia, el incremento será moderado, de apenas 3%, con un presupuesto de 7.2 mil millones de pesos.

Por entidad federativa, Veracruz será el estado con el mayor crecimiento presupuestal, con un aumento del 20%, al pasar de 16 mil millones a 38 mil millones de pesos, enfocado principalmente en proyectos de procesos industriales.

Tabasco, por su parte, concentrará el mayor monto total, con 130 mil millones de pesos destinados a actividades de exploración y producción, lo que representa un incremento del 12% respecto a 2025. En contraste, Campeche sufrirá una ligera reducción del 1%, con un gasto estimado de 47.3 mil millones de pesos, pese a su papel logístico clave para la operación de la Sonda de Campeche, principal zona de producción petrolera y gasífera del país.

El analista advirtió que, ante un escenario de precios bajos del crudo y exportaciones que no superan los 500 mil barriles diarios, PEMEX deberá fortalecer su flujo de efectivo y mejorar su gestión financiera para enfrentar los incrementos en insumos, materiales y servicios derivados de la volatilidad geopolítica y comercial global.

Subrayó que será fundamental garantizar un uso eficiente de los recursos para hacer frente a posibles fluctuaciones en el precio del petróleo, disputas arancelarias y eventuales modificaciones en el acuerdo comercial del T-MEC en materia energética.

“PEMEX ha sido, es y será el motor económico de varios estados del país; sin embargo, el reto ahora es que el presupuesto asignado realmente alcance para cubrir la totalidad del plan operativo de 2026”, concluyó Ramsés Pech.

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Según su evaluación, la Secretaría de Hacienda proyecta ingresos por 8.71 billones de pesos, de los cuales el 14% provendrá del sector petrolero, lo que confirma que México sigue anclado a los combustibles fósiles. En contraste, el gasto público alcanzará 10.11 billones, generando un déficit de 1.4 billones que se cubrirá con deuda interna y externa.

“El país vive con una cobija que no alcanza para cubrir toda la cama”, resumió Pech, al señalar que mientras el 70% del gasto programado se destina a lo social, apenas 1.7 billones van al desarrollo económico, de los cuales el 75% corresponde al sector energético.

En este rubro, el experto destacó la asignación de 263.5 mil millones de pesos de la Secretaría de Energía a PEMEX para amortización de deuda, más que para proyectos de inversión. Además, criticó que la petrolera haya dejado de transparentar el desglose de su gasto por negocios, algo que no ocurría desde el año 2000.

“PEMEX requiere al 2030 un presupuesto de casi 800 mil millones de pesos, con 380 mil millones para inversión, si quiere alcanzar su meta de 1.8 millones de barriles diarios y sostener sus siete refinerías. Con el presupuesto de 2026, eso se ve lejano”, advirtió.

La situación se complica porque la CFE enfrenta un recorte de 15 mil millones en su gasto programado, mientras que sectores como el primario recibirán apenas 4% y el turismo 0.1% del presupuesto económico.

De continuar esta tendencia, Pech proyecta que para 2030 la deuda pública podría escalar a 26 o 28 billones de pesos, presionando aún más las finanzas nacionales.

“Sin una reforma fiscal que aumente los ingresos y los oriente al crecimiento, México seguirá atrapado entre más gasto social y menos inversión productiva”, afirmó.

El analista concluyó que el país requiere atraer nuevas inversiones extranjeras directas y rediseñar su política fiscal. De lo contrario, la dependencia de los ingresos petroleros, el aumento de la deuda y la falta de planeación energética limitarán la capacidad de crecimiento en los próximos años.

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La CFE tendrá en 2026 un gasto programable de 642.5 mil millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de 12.8% frente a 2025 (9% real). Sin embargo, el gasto no programable se reduce en 33.5% real, al pasar de 376.1 mil millones a 259 mil millones de pesos.

El efecto combinado se traduce en una disminución de 7.9% real en su gasto total, que baja de 945.6 mil millones en 2025 a 901.4 mil millones de pesos en 2026.

“Esta caída resulta paradójica frente al Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que prevé inversiones por 624.6 mil millones de pesos para modernizar redes y sumar capacidad de generación”, detalla el análisis.

El reto es visible en el rubro de transmisión, pues de los 61.1 mil millones de pesos previstos en inversión de CFE para 2026, solo 10.3 mil millones de pesos irán a proyectos de transmisión eléctrica, apenas 6.3% del total requerido en el plan de expansión por 163.5 mil millones de pesos.

El gobierno apuesta a complementar recursos con la Fibra E de CFE Capital, anunciada en septiembre de 2025, pero el IMCO advierte que los tiempos de desarrollo de infraestructura exigen asignaciones mayores desde el PPEF 2026 si se pretende entregar resultados al final del sexenio.

PEMEX tendrá recorte en gasto total

En el caso de PEMEX, el gasto programable subirá de 464.3 mil millones de pesos a 517.4 mil millones de pesos en 2026, un alza real de 7.7%. No obstante, el gasto no programable sufrirá un recorte de 34.8% real, al caer de 961.1 mil millones de pesos a 648.6 mil millones de pesos, lo que reduce el gasto total de la petrolera en 21% real, pasando de 1.43 billones de pesos en 2025 a 1.17 billones en 2026.

La reducción impacta justo cuando PEMEX enfrenta el reto de elevar su producción de crudo a 1.8 millones de barriles diarios (MMbd), frente a los 1.648 MMbd actuales, además de manejar una deuda bruta de 1.87 bdp al cierre del segundo trimestre de 2025.

El PPEF 2026 contempla 247.2 mil millones de pesos de inversión física para PEMEX, un crecimiento real de 13.8% frente a 2025. Sin embargo, el monto sigue por debajo de los niveles ejercidos en años recientes: 383.6 mil millones de pesos en 2024, 369.4 mil millones de pesos en 2023 y 483.6 mil millones de pesos en 2022.

Otro factor clave es que 2026 será el último año en que PEMEX reciba transferencias directas del Gobierno Federal, vía la Sener, que canalizará 263.5 mil millones de pesosal programa de “Articulación de la política de hidrocarburos”.

Inversión insuficiente para metas

De los 327.6 mil millones de pesos presupuestados para inversión física en energía y sustentabilidad, PEMEX concentra 247.2 mil millones de pesos. El IMCO subraya que, pese a este esfuerzo, la cifra sigue rezagada frente a lo requerido para revertir la caída de la plataforma de producción y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El gobierno federal ha planteado el uso de nuevos vehículos financieros, como el esquema de inversión con Banobras, que prevé movilizar 250 mil millones de pesos en 2025, aunque no se ha detallado cuánto aportará este instrumento en 2026.

Para el IMCO, el PPEF 2026 será la primera prueba de coherencia entre las metas de mediano plazo planteadas en los planes estratégicos de PEMEX y CFE y los recursos efectivamente asignados.

Mientras que PEMEX encara el reto de incrementar producción con menos gasto total y menor apoyo federal, la CFE deberá acelerar sus inversiones en transmisión para acompañar la creciente demanda eléctrica.

En ambos casos, el presupuesto plantea un dilema entre consolidar finanzas públicas y asegurar los recursos necesarios para fortalecer la infraestructura energética del país.

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Este incremento coloca a la SENER como la dependencia con mayor alza presupuestal dentro del Paquete Económico de 2026, en línea con la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la soberanía energética.

Entre los nuevos elementos del gasto destaca la primera partida presupuestal para la Comisión Nacional de Energía (CNE), un nuevo organismo regulador que recibirá un monto de 128.6 millones de pesos, lo que marca un viraje hacia una nueva estructura de regulación en el sector.

En contraste, la empresa estatal Litio para México apenas registra un aumento de 8%, al pasar de 12.9 millones de pesos en 2025 a 13.9 millones de pesos en 2026. Analistas han señalado que este nivel de recursos resulta insuficiente para iniciar la explotación de litio en el país. Por ejemplo, la mina de Sonora, que está en manos de una empresa privada, requeriría inversiones de por lo menos cinco mil millones de dólares para comenzar operaciones en un plazo de ocho años.

La partida denominada Regulación eficiente del sector energético casi se duplica, al crecer de 136.3 mil millones de pesos en 2025 a 263.6 mil millones de pesos en 2026. Dentro de esta se incluyen programas como la articulación de la política de hidrocarburos, la Subsecretaría de Hidrocarburos, la Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos y la Dirección General de Permisos de Importación y Exportación de Hidrocarburos, Petroquímicos y Petrolíferos, entre otros.

De acuerdo con el análisis del paquete económico, el crecimiento de la SENER se vincula también con la expansión de la inversión pública en proyectos estratégicos. Se incluyen recursos para generación de energías renovables, modernización de centrales hidroeléctricas, ampliación de redes de transmisión vinculadas a la electromovilidad y desarrollo de infraestructura como puertos verdes y cadenas de valor orientadas a la descarbonización.

En conjunto, el repunte del presupuesto refleja un enfoque gubernamental en el que la regulación, la eficiencia energética y el impulso a nuevos proyectos de generación se convierten en ejes centrales de la política energética para 2026.

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió que el recorte de 70% a su presupuesto pone en riesgo sus operaciones y la continuidad de ciertos programas, como parte de la extinción de los organismos reguladores.

El IFT desaparecerá dentro de algunos meses, al igual que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el INAI, entre otros organismos.

Este regulador también tiene injerencia en el sector energético, a través de la supervisión de las concesiones de telecomunicaciones que opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Lamentamos que no se hayan considerado las preocupaciones y riesgos que advertimos a los diputados federales por medios institucionales, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la drástica reducción a los recursos presupuestados para el Instituto”, detalla el IFT.

La reducción es tal que, considerando una inflación acumulada de 62% de enero de 2014 a noviembre de 2024, los 500 millones de pesos de presupuesto aprobados para el año 2025, equivalen a menos de 10% del presupuesto anual con el que contó el IFT en 2014, señala.

“No contar con el presupuesto mínimo indispensable coloca a este órgano regulador en una situación crítica, pues se comprometen seriamente los mandatos constitucionales y su propia operación, que además está contenida en compromisos expresos de nuestro país en tratados internacionales, en particular el T-MEC”, advierte el regulador.

“Todo ello, en perjuicio del desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y por ende, de las personas usuarias de los servicios y las audiencias”, abunda.

La CRE y la CNH también se verán afectados por los recortes presupuestales, con una reducción de 30% para el próximo año.

Los programas que se verán afectados serán la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, que se realiza junto con el INEGI pero que es financiada por el IFT, el PRORADIO, programa a través del cual personal del Instituto promueve la obtención de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El otorgamiento del 1% del presupuesto de comunicación social y publicidad a las estaciones de radio comunitarias, indígenas y afromexicanas, las actividades de verificación, vigilancia del espectro, verificación de regulación asimétrica, imposición de sanciones por incumplimientos a la legislación y regulación y las acciones de alfabetización digital y de alfabetización mediática e informacional.

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Hacienda propuso un recorte presupuestario de 30% a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para el próximo año, en medio de una reforma legislativa que plantea la extinción de estos organismos.

En conjunto ambos organismos tendrían recursos por 373 millones de pesos, esto implica un recorte de 159.9 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en 2024, según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.

La CRE tendría 85.6 millones de pesos menos al contar con recursos por 199.8 millones de pesos, mientras que el recorte a la CNH sería de 74 millones de pesos para quedar con 173.2 millones de pesos.

El futuro de ambos organismos es incierto, ya que el Congreso de la Unión está discutiendo una iniciativa de reforma Constitucional que plantea que ambos organismos sean absorbidos por la Secretaría de Energía (SENER).

La iniciativa estaba prevista para ser votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el debate se aplazó para esta semana, porque los legisladores están analizando el modelo que usarán para la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados, explicó que la CRE y la CNH todavía aparecen en el proyecto de presupuesto de egresos debido a que aún no se ha aprobado la extinción de esos organismos, por lo que Hacienda se ve obligada a seguirlos considerando.

Una vez que se apruebe su desaparición, los recursos presupuestarios podrían ser redireccionados hacia la SENER y allí se distribuirían hacia las áreas que asumirán sus funciones.

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La mayor afectación presupuestaria es en el rubro de obras con un recorte de 10.3 mil millones de pesos, le sigue el desarrollo de pozos petroleros con 8.2 mil millones, en tercer lugar el rubro de equipos de perforación, mantenimiento y pozos productivos, con 5.4 mil millones, según señala un oficio de PEMEX, fechado el 11 de octubre de este año.

“Con base en el análisis elaborado con sus equipos de trabajo para la desaceleración del ritmo del gasto y teniendo como alcance la contención de casi 26.8 mil millones de pesos como se observa en el documento anexo”, indica el documento firmado por Martínez Romero.

El documento ordena priorizar las intervenciones a pozos en función de la generación de valor, diferir actividades considerando todos los elementos asociados a las unidades de inversión, priorizar el mantenimiento acorde con el nivel de actividad que se difiere.

El director de PEP también ordeno diferir las actividades administrativas (personal de apoyo, monitoreo y servicios varios), reprogramar actividades del programa de la iniciativa de Taponamiento de pozos, además de postergar el programa de adquisición sísmica para el 2025.

Otras de las prioridades son considerar el saneamiento y restauración sólo en eventos imprevistos, y diferir los mantenimientos de peras y caminos,

Una fuente que pidió no ser citada señaló que este recorte provocará que PEMEX suspenda o atrase los pagos a sus proveedores, ante la contracción en el gasto en pozos, obras y mantenimiento.

La empresa también tendrá complicaciones en su presupuesto de 2025 porque se le encargarán otras actividades como minería de litio, según lo establece la reforma energética que se discute en el Congreso de la Unión, pero no tendrá suficientes recursos para ello, añadió.

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