La meta del Gobierno federal para que, hacia finales de 2026, la mayoría de las transacciones en estaciones de servicio se realicen mediante medios electrónicos enfrenta obstáculos estructurales que podrían retrasar su implementación, además de que actualmente el 80% de las transacciones se realizan en efectivo, advirtió la empresa Kernotek.

Durante la 89 Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó impulsar los pagos digitales en el sector. Al respecto, la firma señaló que, si bien el objetivo es viable en el largo plazo, existen condiciones de mercado, tecnológicas y culturales que limitan su adopción en el corto plazo.

De acuerdo con estimaciones del sector citadas por la compañía, el mercado ilícito de combustibles genera un impacto al erario de hasta 600 mil millones de pesos, lo que explica el interés de las autoridades por reducir el uso de efectivo y fortalecer la trazabilidad de las operaciones.

No obstante, Kernotek subrayó que actualmente ocho de cada 10 transacciones en estaciones de servicio se realizan en efectivo, en un entorno donde más de la mitad de la economía mexicana permanece en la informalidad, lo que dificulta la bancarización de los usuarios.

A ello se suma un componente cultural que favorece el uso del efectivo, así como rezagos en educación financiera y digital que inhiben el uso de herramientas electrónicas de pago.

La empresa también apuntó a la baja adopción de plataformas como CoDi y DiMo, desarrolladas con respaldo del Banco de México, cuya penetración ha sido limitada por el desconocimiento de los usuarios y la complejidad operativa percibida.

En paralelo, factores como la conectividad, particularmente en regiones alejadas, los riesgos de ciberseguridad y el temor a fraudes o errores en transacciones digitales continúan representando barreras relevantes para su adopción.

Otro elemento que incide en la transición es el esquema de comisiones bancarias, que históricamente ha desincentivado el uso de medios electrónicos tanto para consumidores como para estaciones de servicio, pese a las discusiones recientes sobre su posible reducción.

Asimismo, la firma identificó una brecha generacional en el uso de tecnologías financieras, que complica la migración hacia esquemas digitales, especialmente entre adultos mayores o usuarios con menor familiaridad con servicios bancarios.

Pese a este panorama, Kernotek consideró que la digitalización del sector es inevitable, como ha ocurrido con otras medidas regulatorias en la industria de hidrocarburos, entre ellas la facturación electrónica y los controles volumétricos, que inicialmente enfrentaron resistencia pero terminaron por consolidarse.

“La intención es loable, pero se requerirán condiciones más adecuadas para su implementación”, añadió.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar el efectivo en gasolineras y casetas y migrar hacia pagos digitales, se traducirá en un beneficio extraordinario para la banca, vía comisiones por uso de tarjetas, afirmó el especialista en economía, Mario Di Constanzo.

Durante la 89 Convención Bancaria, la mandataria planteó hacer obligatorios los pagos electrónicos en combustibles y peajes como parte de la estrategia de digitalización de la economía, apoyada en herramientas como CoDi impulsadas por Banco de México.

El objetivo, sostuvo, es reducir el uso del efectivo, que aún domina cerca del 80% de las transacciones, y facilitar operaciones más seguras y eficientes.

Sin embargo, Di Costanzo advirtió que el esquema, tal como fue planteado, implica un incentivo directo para los bancos. Cada pago con tarjeta de crédito o débito genera una comisión conocida como “servicio de adquirencia”, que oscila entre 2% y 3% del valor de la transacción.

“En la práctica esto convierte a las instituciones financieras en una suerte de socio de las estaciones de servicio, al capturar un porcentaje de cada venta”, dijo.

Bajo ese supuesto, la eliminación del efectivo en un mercado de alto volumen como el de combustibles podría representar ingresos por miles de millones de pesos adicionales para la banca.

“El banco no participa en la operación más allá de validar la transacción, pero cobra un porcentaje del monto total”, cuestionó el especialista.

El punto central de la crítica está en la estructura de costos. Para Di Costanzo, las comisiones deberían reflejar únicamente el costo operativo de procesar la transacción, equivalente a una validación electrónica, y no un porcentaje del valor de la venta.

“El costo de la ‘llamada’ es el mismo, independientemente de si se pagan 200 o 2 mil pesos en gasolina”, sostuvo.

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