La ventanilla digital de la Comisión Nacional de Energía (CNE) presenta fallas desde la semana pasada y, hasta el cierre de esta edición, continúa inactiva, lo que mantiene preocupados a los integrantes de la industria por posibles sanciones, derivadas de incumplimientos en sus obligaciones.

Al intentar ingresar al portal, usuarios reportan que aparece el mensaje “502 Bad Gateway” y la advertencia de que “no se puede acceder a este sitio”, lo que ha encendido alertas entre permisionarios del sector energético que dependen de esa plataforma para cumplir con responsabilidades regulatorias.

La CNE informó que realiza trabajos de mantenimiento y actualización en sus sistemas tecnológicos para mejorar su infraestructura digital. El organismo señaló que, una vez concluidos los trabajos, estará listo para recibir obligaciones de personas permisionarias y nuevas solicitudes de trámites a través de sus sistemas. Mientras tanto, indicó que la Oficialía de Partes física permanece disponible en horario laboral.

Sin embargo, permisionarios consultados por Energy21 advierten que la interrupción se ha prolongado más de lo esperado, ya que la ventanilla digital es el canal para cumplir trámites periódicos cuya omisión puede derivar en sanciones administrativas e incluso en la revocación de permisos.

Entre las obligaciones que no pueden cargarse en línea se encuentran los reportes diarios, los avisos de cambios de precio, la solicitud de nuevos permisos y la consulta de posibles prevenciones emitidas por la autoridad.

Este último punto es particularmente sensible, pues si la autoridad formula una prevención y el permisionario no la atiende dentro del plazo establecido, el trámite puede desecharse automáticamente.

“Empiezan a correr los días y si no ves la prevención, el trámite se desecha”, señaló un empresario que pidió el anonimato.

En el caso de Gas LP, agregó, también deben presentarse reportes ante el SIRETRAC, sistema vinculado al control volumétrico del sector.

“Si no haces tus reportes diarios en gasolineras, abren procedimientos administrativos y multan o revocan el permiso”, advirtió.

La preocupación radica en que, aunque la CNE informó que se trata de trabajos de mantenimiento, no precisó la duración de la suspensión ni si se suspenderán los plazos legales mientras la plataforma permanezca fuera de operación.

En regulación energética, los tiempos procesales son críticos, pues los días hábiles cuentan para solventar requerimientos, acreditar información técnica y evitar sanciones.

Para empresas con márgenes ajustados y obligaciones continuas, la caída del sistema no solo implica un inconveniente operativo, sino un riesgo jurídico, afirmó otra fuente de la industria.

La digitalización de trámites se diseñó precisamente para agilizar procesos y dar trazabilidad a las obligaciones y cuando esa infraestructura falla, el impacto se traslada directamente a la cadena de cumplimiento.

Versiones de la industria apuntan también a un posible hackeo o intento de encriptación contra la CNE, lo que genera dudas en las empresas sobre si su información pudo verse comprometida, pero hasta ahora el organismo no ha confirmado ni negado esta información.

Hasta el cierre de esta nota, la ventanilla digital seguía mostrando el error 502 y no era posible acceder al portal. El sector permanece a la espera de que la CNE restablezca el servicio o, en su caso, emita lineamientos claros sobre la suspensión de plazos y la validez de trámites presentados por vías alternas.

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Con presencia en Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Baja California y el Estado de México, entre otras entidades, la empresa dedicada a la distribución de gas LP ha protagonizado episodios que van desde accidentes graves hasta enfrentamientos con la competencia.

Explosión en Puebla y multa millonaria

El antecedente más severo ocurrió en 2013, cuando una explosión sacudió la planta de distribución de gas LP en Amozoc, Puebla, operada por la razón social Gas Pronto S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, dejando un saldo de siete muertos.

La Secretaría de Energía (Sener) sancionó a la compañía con 52.1 millones de pesos al detectar múltiples irregularidades como pipas sin registro ante la dependencia, válvulas vencidas y deficiencias técnicas en las unidades. El caso marcó uno de los episodios más graves de incumplimiento normativo en el sector.

Un año después, en 2014, una pipa de Tomza volcó en un camino de terracería en Puebla con más de 43 mil litros de gas. Aunque no hubo víctimas, la emergencia movilizó a bomberos y Protección Civil para trasvasar el combustible y evitar un siniestro mayor.

Conflictos laborales y sindicales

En años recientes, los problemas se trasladaron al terreno laboral. En 2023, trabajadores de Gas Tomza en Playa del Carmen y Cancún realizaron paros para denunciar despidos injustificados, abuso de poder y falta de libertad sindical.

Durante las protestas se registraron episodios de violencia, incluidos ataques de sujetos encapuchados contra empleados en paro y enfrentamientos entre grupos sindicales rivales. Los trabajadores exigieron un cambio en la representación sindical y mejoras en sus condiciones.

Acusaciones de monopolio

El nombre de Tomza también aparece en expedientes de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En 2021, la autoridad recibió denuncias contra la empresa y otras gaseras en Baja California por supuestas prácticas monopólicas y barreras regulatorias que impedían la entrada de competidores como Blue Propane.

Aunque la Cofece abrió el caso, hasta ahora no hay resolución pública sobre sanciones o medidas correctivas.

Pleitos con competidores

La competencia por el mercado de gas LP ha derivado incluso en enfrentamientos físicos. En 2020, en Tultitlán, Estado de México, trabajadores de Grupo Tomza y de otras empresas del sector como Gas Express Nieto y Regio Gas se confrontaron alrededor de una estación de carburación.

El historial de la empresa está marcado por deficiencias en seguridad, sanciones administrativas, choques con sindicatos y acusaciones de acaparar el mercado.

Aunque Grupo Tomza ha negado irregularidades en algunos de estos episodios, la acumulación de antecedentes refleja los riesgos que persisten alrededor de una compañía clave en el suministro de gas LP en México.

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En total son 87 compañías sancionadas, en donde 56 son de hidrocarburos y 31 de electricidad, castigadas por diversas faltas que van desde operar sin permisos, incumplir con las normas de calidad y seguridad en la venta de combustibles, hasta impedir las labores de verificación.

El grueso de las sanciones recayó en empresas gaseras y gasolineras, aunque también compañías del sector eléctrico recibieron montos significativos.

Incumplimientos en hidrocarburos

Entre las multas más altas sobresale Gas Natural del Noroeste, sancionada con 22.7 millones de pesos por incumplir con disposiciones sobre la cantidad, calidad y medición de los petrolíferos, además de realizar modificaciones a su sistema de transporte sin autorización previa y no acreditar la propiedad de la infraestructura utilizada.

Otra serie de sanciones se concentró en empresas que operaban sin los permisos requeridos. Zu-Gas, Gas Premio y Compañía Hidro Gas de Cuernavaca recibieron cada una una multa de 16.3 millones de pesos, mientras que Combustibles y Gases de Zacatecas fue multada con 16.2 millones de pesos por expender gas LP sin autorización. A ellas se suman Gas Express Nieto y Petreos de Metepec Hidalgo, con sanciones de 15.5 millones de pesos cada una.

En el listado también aparecen casos de distribución de combustibles sin acreditar la licitud del producto o sin contar con manuales y registros obligatorios. Por ejemplo, Gas Imperial fue sancionada con 15.5 millones de pesos por operar sin permiso.

En otros casos, como el de estaciones de servicio más pequeñas, las multas oscilaron entre 1.5 y 4 millones de pesos por incumplir con lineamientos de seguridad, visibilidad y calidad de los combustibles.

Empresas que restringieron la verificación

Un grupo importante de sanciones se originó porque las compañías negaron el acceso a las autoridades durante las visitas de inspección. Este fue el caso de Israel López Vega y Carolina Espinoza Maya, quienes recibieron multas de 8.1 millones de pesos cada uno por impedir el ingreso a las instalaciones. Una sanción del mismo monto se aplicó a CIC Corporativo Industrial Coahuila y a DCGAS bajo las mismas circunstancias.

El sector eléctrico bajo la lupa

Si bien el monto global de las multas en electricidad fue menor, varias compañías relevantes enfrentaron castigos por no presentar reportes de operación. En este rubro destacan Hewlett Packard México, Nemak, Cervecería Modelo, Kenergreen y Comercial Importadora, con multas individuales de 4.8 a 5.1 millones de pesos.

En la mayoría de los casos, la omisión se refiere a la falta de informes estadísticos de operación durante varios años consecutivos, una obligación fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

También se sancionó a La Pimienta Solar, con 5.1 millones de pesos por instalar una capacidad mayor a la autorizada en su permiso, lo que refleja las tensiones regulatorias en torno a la expansión de proyectos renovables.

Expertos consideran que estas sanciones buscan reforzar la legalidad en la industria, asegurar la calidad de los combustibles y promover condiciones seguras en el manejo de hidrocarburos y en la operación eléctrica.

El monto acumulado de las multas representa un mensaje hacia las empresas que operan al margen de la ley, ya que la tolerancia a prácticas irregulares es cada vez menor y el costo económico de incumplir será cada vez más alto.