Durante el periodo enero a octubre de este año, PEMEX aportó 204 mil millones de pesos al erario, pero a cambio recibió 386 mil millones de pesos en transferencias gubernamentales, explica el análisis.

El saldo para el Estado fue negativo en 182 mil millones de pesos, una pérdida que crece aún más al compararse con la meta original, pue el Gobierno esperaba recibir 234 mil millones de pesos netos de ingresos petroleros a octubre, pero terminó 417 mil millones de pesos por debajo, debido al incremento de apoyos para la petrolera.

“Así, los ingresos adicionales por impuestos y por ingresos no petroleros, los 90 y 43 mil millones de pesos extra, no alcanzaron para compensar el desplome de los ingresos petroleros. El balance final dejó un faltante de 284 mil millones, que ya se traduce en ajustes y retrasos en el gasto público”, señala.

La Secretaría de Salud reportó un subejercicio de 26%, equivalente a 15.2 mil millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quedó 29.1% por debajo del gasto previsto, 35.8 mil millones de pesos menos, y la Secretaría de Medio Ambiente registró un recorte de 29.2%, que representa 11.5 mil millones de pesos.

En contraste, la Secretaría de Energía sobresalió como la única dependencia con un gasto muy por encima de lo autorizado, pues ejerció 181% más de su presupuesto original, debido a los apoyos adicionales destinados a PEMEX y no contemplados por el Congreso.

El análisis también destaca otros tres signos de deterioro fiscal. El costo financiero de la deuda alcanzó 1 billón de pesos en los primeros diez meses del año, el nivel más alto en un cuarto de siglo y 7.9% mayor al registrado un año antes.

Además, la inversión física, sin considerar la de PEMEX, cayó a 441 mil millones de pesos, una reducción real de 29% frente a 2024, lo que representa 180.3 mmdp menos.

México Evalúa concluye que la estrategia de rescate a PEMEX continúa presionando severamente las finanzas públicas, absorbiendo recursos que antes se dirigían a sectores clave y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades del Estado mexicano.

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Hace tiempo platiqué con un empresario gasolinero sobre el tema de la extorsión y el derecho de piso en ese sector, y me confió que es un problema que afecta a muchas estaciones de servicio pero nadie se atreve a  hablar abiertamente del tema por temor a represalias, lo que demuestra que el asunto es más profundo de lo que parece, por lo que prefieren callar y asumir el costo en lugar de poner en riesgo sus vidas.

En el caso de la violencia letal, el análisis de México Evalúa, detalla que la tasa nacional se ubicó en 23.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción de 6.3% respecto al mismo periodo de 2024.

Es cierto, hay un descenso, pero sigue siendo una de las tasas más altas de América Latina. Además, la fotografía estatal revela claroscuros: mientras algunas entidades reportan mejoras, en otras, como Sinaloa, Ciudad de México e Hidalgo, los homicidios volvieron a repuntar. La idea de un “punto de inflexión” es más discurso que realidad.

Más grave aún es el panorama de la extorsión, en donde la tasa nacional alcanzó 5.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, con un aumento de 0.9% anual. Lo preocupante no es solo el nivel, que ya es muy alto, sino su expansión territorial, pues en Chiapas creció 1044.9%, Yucatán 1085.7% y Puebla 104.9%.

A la cabeza en incidencia se encuentran Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México, donde la extorsión se ha normalizado como un “impuesto criminal” que erosiona economías locales y degrada la confianza en el Estado.

El narcomenudeo muestra con claridad cómo se fortalecen los mercados ilícitos. En la última década, la tasa casi se triplicó, al pasar de 18 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 53.1 en 2025.

Tan solo respecto a 2024, creció 12.8%. Los focos rojos están en San Luis Potosí (190.3), Guanajuato (182.8) y Colima (181.8), pero la sorpresa es su expansión en estados antes periféricos, ya que en Chiapas aumentó 1,253.6%, Morelos 128.5% y Tabasco 112.5%. Este delito no es menor: es la base financiera de muchas redes criminales y la puerta de entrada a la violencia barrial.

Estos datos desnudan la insuficiencia de la estrategia oficial. La narrativa de que la violencia se contiene no puede ocultar que la extorsión se ha vuelto estructural y que el narcomenudeo crece como la economía criminal más dinámica del país. La reducción de homicidios, aunque positiva, no alcanza para hablar de éxito cuando otros delitos se multiplican y arraigan.

La gestión de este Gobierno en materia de seguridad se resume en administrar la crisis, no en resolverla. Y mientras tanto, la factura la pagan los ciudadanos con miedo, con dinero entregado a la delincuencia y, demasiadas veces, con la vida.

Insights clave

¿Por qué importa?

1. La violencia letal sigue siendo insostenible

   • Aunque la tasa bajó a 23.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, México sigue entre los países más violentos de América Latina.

   • La reducción de 6.3% frente a 2024 es insuficiente: estamos muy por encima del umbral considerado “epidemia de violencia” por la OMS (10 homicidios por cada 100 mil).

2. Extorsión: el delito que quiebra comunidades

   • La extorsión funciona como un “impuesto criminal” que se cobra a comerciantes, transportistas, agricultores y familias.

   • No solo daña la economía local: genera miedo cotidiano, provoca desplazamientos forzados y destruye la confianza en la autoridad.

   • Los aumentos en Chiapas (+1044.9%), Yucatán (+1085.7%) y Puebla (+104.9%) evidencian que ya no es un problema focalizado, sino nacional.

3. Narcomenudeo: la economía criminal más dinámica

   • El narcomenudeo casi triplicó su tasa en una década, pasando de 18 a 53.1 casos por cada 100 mil habitantes.

   • Este delito alimenta directamente la violencia barrial: pandillas locales, ajustes de cuentas y disputas callejeras.

   • La expansión hacia estados “no tradicionales” como Chiapas (+1253.6%), Morelos (+128.5%) y Tabasco (+112.5%) refleja que el mercado se diversifica y penetra en nuevas zonas.

4. El costo social

   • Cada delito multiplica efectos: pérdida de inversión, fuga de negocios, empleos truncados y comunidades que viven bajo amenaza.

   • La violencia cotidiana deteriora la salud mental, genera miedo constante y rompe el tejido social.

5. El costo económico

   • El cobro de piso y las extorsiones impactan directamente en inflación local: comerciantes trasladan ese “costo criminal” al consumidor.

   • La violencia inhibe la inversión privada, sobre todo en estados con mayor expansión del narcomenudeo y extorsión.

6. El fracaso de la estrategia oficial

   • El gobierno habla de contención, pero los mercados criminales se multiplican.

   • Se prioriza presumir una reducción en homicidios, mientras delitos como la extorsión y el narcomenudeo crecen sin control.

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El documento señala que, aunque la tasa promedio nacional proyectada se ubica en 58.4 víctimas por cada 100 mil habitantes, una disminución de 14.1 por ciento frente al año pasado.

La reducción no ha beneficiado a todo el país por igual, pues en Sinaloa, el delito registra 136.7 por cada 100 mil habitantes, convirtiendo al estado en el mayor foco de riesgo.

En Baja California, la tasa supera los 130 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que la mantiene como una de las entidades más peligrosas a pesar de registrar un descenso interanual que el informe califica como frágil.

Morelos, por su parte, conserva niveles persistentemente altos, lo que lo coloca en la lista negra con 143.2 casos por cada 100 mil habitantes.

La concentración territorial demuestra que el Pacífico norte y el corredor centro del país presentan los niveles más preocupantes.

México Evalúa advierte que, de no implementarse acciones focalizadas, estos focos rojos podrían revertir la tendencia nacional a la baja y escalar nuevamente en los próximos meses.

Robo a transportista, el riesgo se traslada al centro del país

El informe también alerta sobre el robo a transportistas, que aunque mantiene una tasa nacional baja de 3 casos por cada 100 mil habitantes, muestra un desplazamiento hacia corredores estratégicos del centro y Bajío.

San Luis Potosí lidera el delito con una tasa de 8.3 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por el Estado de México y Puebla, con  11 y 15.8 casos por cada 100 mil personas.

Además, se registran repuntes significativos en Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León, lo que indica que el problema se ha extendido hacia rutas industriales y de abasto vitales para la economía nacional.

México Evalúa advierte que la violencia contra el transporte de carga dejó de concentrarse en las rutas del norte y se ha instalado en zonas de alta densidad industrial y logística, lo que eleva el riesgo para las cadenas de suministro.

“El análisis de cuadrantes y mapas revela un desplazamiento del robo a transportistas hacia el centro del país”, indica.

“Este patrón se relaciona con la densidad de rutas logísticas, la cercanía a la Zona Metropolitana del Valle de México y los corredores industriales del Bajío. El crecimiento de Hidalgo y Guanajuato sugiere que el fenómeno se está expandiendo hacia nodos de transporte estratégicos que conectan al país”, añade el informe.

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El organismo explicó que para los procesos de verificación e inspección, a realizar por las diversas dependencias encargadas, la ley propuesta para el sector hidrocarburos en el artículo 76 establece que no son aplicables los secretos bancario, comercial, fiscal ni fiduciario.

El secreto bancario es la obligación de los bancos de mantener en reserva la información de sus clientes, como los depósitos y captaciones. Es una medida de protección de la privacidad que sólo puede suspenderse mediante la orden de un juez.

“La ley también obliga a los permisionarios de este sector a reportar semanalmente información sobre transacciones comerciales, inventarios y datos fiscales y regulatorios de sus proveedores, prestadores de servicios y clientes”, explica.

Esto es preocupante, pues implica que las autoridades podrían requerir y acceder a información altamente sensible de los permisionarios, destaca.

Según diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, como la 601/2017 o la 699/2011, la información protegida por los marcos jurídicos que amparan los secretos comercial, bancario y fiscal debe mantenerse en resguardo absoluto a la luz de los derechos fundamentales, detalla México Evalúa.

“Las excepciones a la norma están siempre sujetas a procedimientos específicos que deben ser llevados a cabo por las autoridades competentes a fin de garantizar el debido escrutinio”, indica.

“La Secretaría de Energía (SENER) no figura en el marco normativo relativo al secreto bancario, fiscal y comercial como una entidad gubernamental facultada para ejercer dicha excepción”, advierte.

Por lo que, sería recomendable que a la luz del proceso legislativo, se revisaran los límites constitucionales para las competencias que en las iniciativas de ley se le están confiriendo a las autoridades del sector energético, así como los criterios y lineamientos para probar la pertinencia de una excepción en estos aspectos, solicitó México Evalúa.

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El centro independiente, que realiza evaluación de políticas públicas México Evalúa, criticó la baja inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en componentes ambientales y de seguridad industrial.

En un reporte, la organización expuso que la petrolera nacional destinó apenas el 4.3% de su presupuesto total de inversión en 2023 a este tipo de proyectos. Este porcentaje resulta bajo en comparación con el gasto capitalizable total, que alcanzó casi 209 mil millones de pesos.

La mayor parte de estos recursos, el 79%, se destinó a actividades de exploración y producción, seguido por el 16% asignado a refinación y petroquímica. Solo un 5% fue dirigido a proyectos de almacenamiento y distribución. A pesar de que el plan de sostenibilidad de Pemex prevé inversiones de entre 8 mil 200 y 10 mil 100 millones de dólares para el periodo 2024-2030, México Evalúa advirtió que estos fondos son insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos.

El estudio de México Evalúa también hace un llamado a la reforma constitucional de 2024, sugiriendo la creación de un marco legal que refuerce la evaluación periódica y la rendición de cuentas dentro de la empresa estatal.

Además, destacó la necesidad de establecer un gobierno corporativo sólido que ayude a mitigar los riesgos financieros y a mejorar el desempeño de Pemex, conforme a los estándares internacionales como los establecidos en el T-MEC.

Por último, México Evalúa señaló la falta de claridad sobre las funciones de las entidades que representan al Estado como propietario de PEMEX, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y los órganos reguladores.

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El organismo planteó innovar en materia fiscal para diseñar un sistema de incentivos en participaciones federales para premiar a las entidades federativas que logren disminuir sus emisiones al tiempo que atraigan y retengan nuevas inversiones.

En el documento “Adiós combustibles fósiles”, propuso revisar tarifas preferenciales o exenciones fiscales para proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y promuevan prácticas energéticamente sostenibles.

Además, señala que es necesario buscar y acceder a financiamiento verde a través de bancos de desarrollo y programas específicos.

Por otro lado, propone establecer un precio adecuado por tonelada de carbono emitido, ajustado periódicamente para reflejar el costo real del daño ambiental para mayor transparencia en el sistema de comercio de emisiones.

Considera necesario diseñar mecanismos claros de compensación y exención para sectores vulnerables y programas de incentivos fiscales que promuevan inversiones en tecnologías limpias y prácticas sostenibles.

Expandir y fortalecer las líneas de financiamiento y productos financieros en la banca de segundo piso y la banca privada orientados a proyectos de energías renovables y eficiencia energética particularmente para MiPymes.

Esto incluye el diseño de instrumentos financieros innovadores que faciliten el acceso a créditos asequibles para empresas y proyectos de generación distribuida.

Finalmente, plantea planificar para remover gradualmente los subsidios regresivos a las gasolinas y a las tarifas eléctricas mediante diagnósticos precisos y constantes que permitan implementar subsidios focalizados a comunidades en estado de vulnerabilidad (pobreza energética), incorporar más transporte público sustentable, financiar generación distribuida para viviendas, proyectos agrícolas y MiPymes, invertir en proyectos de captura de carbono, sustituir calentadores de gas solares para viviendas, estufas de inducción, y promover el uso de material de construcción que favorezca la eficiencia energética.

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“La empresa sigue acumulando pérdidas y está en quiebra técnica tal y como la dejó Peña Nieto”, destaca el análisis del organismo.

Explica que López Obrador redujo la carga fiscal de PEMEX y le entregó transferencias millonarias que no dieron resultados en el ámbito financiero para la petrolera, pero que impactaron en el erario público.

De enero a septiembre de 2024, los ingresos petroleros ascendieron a 774.5 mil millones de pesos, un decremento de 6.1% en términos reales.

“Lo que de eso se queda el Gobierno federal (y que financia el gasto en salud, educación, etc.) cayó 57.5% y se colocó en 107.3 mil millones de pesos, el peor nivel que se tenga registro desde 1990. ¿La razón? El gobierno, para apoyar financieramente a Pemex, le redujo el pago del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC)”, detalla.

Además, en los primeros nueve meses del año, el Gobierno le devolvió 171 mil millones vía transferencias financieras, el mayor monto desde 2021 para un periodo similar de nueve meses. Así, en lugar de obtener ingresos petroleros por PEMEX, el Estado terminó con pérdidas por 63 mil millones de pesos.

Además, el valor total de la empresa (activos menos deuda) cayó a -1.7 billones de pesos, similar a lo heredado por Peña Nieto a López Obrador. Pese al sacrificio fiscal, la empresa sigue en quiebra técnica.

“En efecto, PEMEX al día de hoy tiene un valor en números negativos. Al sacrificar los ingresos que se le cobran a PEMEX, el Gobierno federal registró a septiembre un aumento de sólo 3.5% frente al mismo periodo de 2018”, señala.

Se trata del peor crecimiento en los últimos cuatro sexenios lo anterior ha limitado el aumento del gasto en salud, educación, ciencia y seguridad, entre otros. La administración de Claudia Sheinbaum debe encontrar un nuevo modelo para rescatar a Pemex. La estrategia utilizada en el sexenio pasado claramente no funcionó, añade.

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“Tan solo la deuda financiera representó a diciembre de 2023 un monto equivalente a 1.79 billones de pesos. Si bien ésta ha disminuido como porcentaje del total del pasivo de un 59 por ciento en 2018 a un 45 por ciento en 2023, el porcentaje de deuda exigible a un año ha aumentado de 9 por ciento en 2018 a 27 por ciento en 2023 del total de la deuda financiera”, detalla el análisis de organismo.

Explica que la deuda financiera pagadera a un año, registrada a diciembre 2023, era equivalente a 477 mil millones de pesos, un monto que habría sido imposible pagar con el efectivo en caja, 68.75 mil millones de pesos, registrado en ese momento.

“En otras palabras, la cifra por pagar en el corto plazo representaba 6.9 veces el total en caja que tenía PEMEX. Además, esta deuda por pagar no incluía otras obligaciones como pagos a trabajadores y adeudos con proveedores”, indica México Evalúa.

Afirma que el reto financiero de PEMEX iría más allá de su deuda financiera, que ya de por sí es significativa. Además, a todo lo anterior habría que añadir el rubro en proveedores, equivalente al 9 por ciento del pasivo total.

“La suma de ambos rubros era de 845 mil millones de pesos, esto es 12 veces el total registrado en bancos y equivalente de efectivo, y que representa el 85 por ciento de lo dispuesto en el PEF 2024 para aportaciones federales para los estados y municipios del país”, indica.

Detalla que la situación financiera de Pemex es un asunto que trasciende administraciones por la gravedad que implica para las finanzas públicas.

“Sus consonantes pérdidas, altos niveles de deuda con costo creciente y su falta de liquidez, son ingredientes de un círculo vicioso insostenible. Los apoyos gubernamentales, que no son logros, están muy lejos de resolver los problemas estructurales y financieros de la empresa”, añade.

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A pesar de que México y Noruega tienen reservas y producción de petróleo similares, los ingresos petroleros de Noruega han promediado 48 mil 456 millones de dólares de 2010 a 2023, mientras que los del gobierno mexicano han promediado 36 mil 527 millones de dólares, es decir, 25 por ciento menos, detalla el estudio.

“Los bajos ingresos petroleros de México se deben a que Pemex, empresa altamente ineficiente, acapara el 95 por ciento de la producción”, explica.

En materia de productividad, los trabajadores de PEMEX resultan peor evaluados que los de la petrolera noruega, pues en 2023 la empresa estatal mexicana generó 864 mil dólares en ingresos por ventas por trabajador, mientras que la petrolera noruega generó mil 553 dólares en ingresos por ventas por trabajador.

“Pemex tiene el doble de plazas que Equinor y paga el doble por concepto de nómina y beneficios a los empleados. Sin embargo, la productividad por trabajador de Pemex es 44.4 por ciento menor a la de Equinor”, explica.

México Evalua que la estructura laboral de Pemex puede y debe reducirse. Lo anterior no pasará de un día para otro, ya que se debe invertir en nuevas tecnologías, apostar por la digitalización, establecer procesos de capacitación contínua para los empleados, mejorar la cultura organizacional, entre otras acciones. Estos cambios requerirán, además, de una negociación política con el sindicato.

La superioridad de los ingresos petroleros en Noruega no sólo se debe a la buena gestión de Equinor, sino a la participación de empresas privadas, a altos impuestos corporativos y a un modelo de participación del Estado en las concesiones privadas.

“Si México aplicara un modelo similar, podría obtener mayores beneficios”, afirma México Evalúa.

Aunque los ingresos por ventas de Pemex y Equinor son muy similares, los costos operativos de Pemex son 32 por ciento superiores a los de su contraparte noruega. Lo anterior provoca que la rentabilidad operativa antes de impuestos de Pemex sea 80 por ciento menor a la rentabilidad de Equinor, si Pemex reevaluara su estructura operativa, podría reducir costos.

Explica que PEMEX está obligada al pago de ISR, pero su aportación en este gravamen es muy reducida ya que prácticamente no genera utilidades. Por su parte, el pago del DUC que se calcula sobre el precio de la extracción de hidrocarburos, permite pocas deducciones y limita la inversión en la empresa.

“Con el esquema tributario actual pierde la empresa y por consiguiente también pierde el Estado. El cambio de gobierno abre la puerta a replantear este diseño de manera que el Estado tenga mayores rendimientos, y Pemex mayor margen financiero”, añade.

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