La reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, vuelve a colocar bajo escrutinio no sólo el brazo narcotraficante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también una de sus fuentes de financiamiento menos visibles pero estratégicas, como el mercado ilícito de combustibles, conocido como huachicol fiscal y contrabando energético transfronterizo.

El CJNG ha sofisticado su operación energética ilegal al incursionar en el uso de buques cisterna para introducir combustibles a México, ampliando así su control logístico más allá del robo de ductos hacia esquemas de importación simulada y contrabando marítimo.

Un caso emblemático ocurrió el 8 de marzo, cuando el buque petrolero Torm Agnes ingresó al puerto de Ensenada con cerca de 120 mil barriles de diésel, una operación atípica para una terminal que carece de infraestructura especializada para la descarga de hidrocarburos inflamables, señalan investigaciones de la agencia Reuters.

El combustible fue transferido directamente a camiones cisterna mediante mangueras conectadas al buque, en una operación acelerada y coordinada que se extendió incluso durante la noche.

Fuentes de seguridad mexicanas y personas familiarizadas con la operación señalaron que la maniobra habría sido ejecutada por redes de contrabando vinculadas a cárteles, lo que evidencia una evolución del huachicol tradicional hacia esquemas logísticos internacionales.

En este caso, la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, habría comprado el diésel en Canadá y lo habría declarado como lubricantes en documentación aduanera, para posteriormente rentar el buque que entregó la carga a un cliente que autoridades identifican como una fachada criminal.

Este modelo de contrabando energético cobra relevancia tras la captura de “El Mencho” porque confirma que el CJNG no depende exclusivamente del narcotráfico. El combustible ilegal y el petróleo robado se han convertido en la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, configurando una diversificación financiera que fortalece su resiliencia operativa.

En términos de mercado, el impacto es estructural, pues se estima que las importaciones ilegales podrían representar hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, con un valor superior a 20 mil millones de dólares anuales.

Este flujo de combustible de bajo costo, en muchos casos procedente de Estados Unidos y disfrazado en declaraciones aduaneras, distorsiona precios, afecta la recaudación fiscal y desplaza a comercializadores formales del sector energético.

Funcionarios estadounidenses han comenzado a denominar a estos cargamentos como parte de una “flota oscura” energética, un concepto similar al usado para el transporte ilícito de crudo sancionado, pero ahora aplicado al tráfico de petrolíferos hacia México. La logística criminal integra transporte marítimo, ferroviario y terrestre, lo que sugiere una infiltración profunda en la cadena de suministro energética regional.

El caso también abrió líneas de investigación institucional en México. La Secretaría de Marina, responsable de la administración portuaria, reconoció el inicio de indagatorias internas ante posibles actos de corrupción vinculados al ingreso de cargamentos irregulares, en medio de un escándalo que pone en riesgo la trazabilidad del comercio de combustibles.

Para el sector energético, la captura de “El Mencho” podría tener implicaciones más amplias que el ámbito de seguridad pública. El combate al CJNG necesariamente deberá incluir el desmantelamiento de sus redes de huachicol fiscal, contrabando marítimo y comercialización ilícita de petrolíferos, actividades que hoy operan como un negocio paralelo altamente rentable y con creciente sofisticación logística dentro del sistema energético de América del Norte, consideraron fuentes que pidieron el anonimato.