México avanza en la evaluación del fracturamiento hidráulico para explotar shale gas, pero lo hace en un entorno marcado por dudas regulatorias, operativas y de inversión que ponen en entredicho la viabilidad del proyecto, de acuerdo con un análisis de Miranda Intelligence.

La estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum plantea incorporar el shale como parte de un plan para reducir la dependencia de importaciones de gas natural, que actualmente cubren cerca del 75% del consumo nacional. El objetivo es elevar la producción desde los 2.3 mil millones de pies cúbicos diarios actuales a más de 4 mil millones hacia 2030 y hasta 8 mil millones en 2035, con una contribución relevante de los recursos no convencionales.

Sin embargo, el análisis advierte que el desarrollo de estos yacimientos enfrenta limitantes estructurales. En el plano regulatorio, el modelo propuesto mantiene la primacía del Estado, con PEMEX como actor central y una participación acotada para privados. Además, los esquemas actuales limitan la recuperación de costos a entre 30% y 40%, un nivel considerado insuficiente para proyectos de alto riesgo y elevada inversión inicial.

La AMEXHI ha señalado que para detonar este segmento se requiere certeza jurídica, condiciones fiscales competitivas y garantías de seguridad en las zonas de operación, particularmente en el norte del país.

En el frente operativo, también persisten dudas sobre la capacidad de ejecución. La producción de pozos de shale presenta declinaciones aceleradas, de más de 35% en el primer año, lo que obliga a perforaciones constantes para mantener niveles de producción. Para cumplir las metas oficiales se requerirían entre 2 mil y 3 mil nuevos pozos, una escala muy por encima de la capacidad actual de PEMEX, encabezada por Víctor Rodríguez Padilla.

El documento también retoma el antecedente de Chicontepec, donde la petrolera invirtió más de 4 mil millones de dólares sin alcanzar los resultados esperados, lo que mantiene cautela en torno a nuevos desarrollos no convencionales.

En materia ambiental, el reto es significativo, ya que alrededor del 85% de los recursos potenciales se ubican en zonas con estrés hídrico medio y alto, como Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Aunque existen técnicas de fracturación con menor consumo de agua, su adopción es limitada debido a mayores costos. Además, estudios citados en el análisis señalan que un porcentaje de pozos puede presentar fugas desde etapas tempranas y aumentar con el tiempo.

El contexto institucional también genera interrogantes. El regulador ambiental enfrenta recortes presupuestales cercanos al 40%, lo que podría afectar su capacidad de supervisión en caso de que se desarrollen proyectos a mayor escala.

A ello se suma la dependencia tecnológica, ya que México carece de capacidades propias para el desarrollo de shale, por lo que requeriría de empresas internacionales especializadas para la perforación y operación de estos proyectos, añade el análisis.