En un análisis del organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se señala que la inversión privada es el principal motor para detonar el crecimiento económico, elevar la productividad y generar empleos de calidad.

“Para que la economía pueda crecer al 4% de forma consistente se requieren niveles de inversión superiores al 25% del PIB de manera sostenida”, indicó el organismo.

El CEESP sostuvo que el crecimiento del acervo de capital derivado de la inversión es la principal fuente de generación de empleo formal y de largo plazo, pero advirtió que en los últimos años su ritmo de avance se ha desacelerado de manera importante.

Esa desaceleración, añadió, explica en buena medida la dificultad para crear una mayor cantidad de puestos de trabajo de calidad.

El organismo empresarial destacó que la inversión privada aporta prácticamente 90% del total de la inversión en el país y señaló que cerca de 90% de ésta es generada por empresas medianas y grandes.

Ante ello, insistió en la necesidad de fortalecer el ambiente de negocios para incentivar nuevos proyectos productivos.

“El CEESP ha sido insistente en señalar que el pilar principal para detonar el crecimiento y desarrollo de la economía en el corto, mediano y largo plazos es la inversión privada”, expuso.

El organismo también reiteró que para impulsar la inversión es indispensable garantizar certeza jurídica y reducir factores como inseguridad y corrupción que inciden en las decisiones de inversión.

En ese contexto, el CEESP calificó como una “buena señal” el reciente acuerdo publicado por el Gobierno federal para agilizar la autorización de proyectos productivos y fomentar la inversión.

El organismo destacó que el esquema contempla procesos electrónicos, menores cargas administrativas y mecanismos de “afirmativa ficta”, mediante los cuales los proyectos podrían considerarse aprobados si la autoridad no responde en un plazo de 90 días.

Asimismo, señaló que el nuevo modelo permitiría autorizar proyectos “sin que los trámites administrativos detengan las obras, inclusive el inicio de operaciones”.

El análisis añadió que facilitar la aprobación de inversiones podría convertirse en una de las vías más eficientes para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos en el corto y mediano plazos.

“Los esfuerzos deben ser conjuntos, autoridades e inversionistas deben poner de su parte para establecer el mejor ambiente de negocios”, concluyó el CEESP.

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En un análisis sobre las “Acciones Inmediatas para la Inversión” presentadas por el gobierno federal, el organismo destacó que el Plan México contempla una inversión de 523 mil millones de pesos en infraestructura carretera, aunque solo 5.3% de esos recursos está considerado actualmente en el presupuesto público.

“Esto sugiere que gran parte del plan dependerá de inversión privada y esquemas mixtos que aún no se han definido”, señaló el IMCO.

Para cerrar esa brecha financiera, el gobierno contempla mecanismos como Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEMs) y Contratos de Mejora, Renovación y Operación (CMROs), mediante los cuales empresas privadas financiarían, construirían y operarían infraestructura a cambio de pagos por disponibilidad o peajes.

Capital privado

El organismo consideró que la combinación de capital público y privado puede ampliar las posibilidades de financiamiento en un contexto de restricción fiscal, aunque advirtió que la viabilidad del plan dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos y no únicamente de los anuncios.

El documento también identifica tensiones importantes en el componente energético del Plan México. El gobierno proyecta incorporar 32 gigawatts (GW) de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, una cifra equivalente a más de un tercio de toda la capacidad instalada actual del sistema eléctrico nacional, que ascendía a 91 GW en 2024.

Sin embargo, el IMCO advirtió que la meta supera incluso los 28 GW contemplados en la planeación oficial del sector eléctrico (PLADESE 2025-2039) y enfrenta limitaciones presupuestales y operativas relevantes.

Parte importante de la expansión recaerá sobre la CFE, que deberá aportar 9.8 GW de energía firme y 11.3 GW de renovables, pese a que su presupuesto de inversión cayó 16.7% real en 2026 y mantiene antecedentes de subejercicio presupuestal.

Además, el organismo alertó que el principal cuello de botella del sistema eléctrico mexicano no está únicamente en la generación de energía, sino en la capacidad de transmisión. Entre 2018 y 2025, la red eléctrica nacional creció apenas 3.8%, lo que podría limitar que la nueva electricidad llegue efectivamente a consumidores e industrias.

“El cuello de botella estructural persiste”, señaló el IMCO al advertir que sin expansión paralela de la red de transmisión, la nueva capacidad energética podría quedarse aislada.

Esfuerzo sin precedentes

En materia regulatoria, el análisis reconoce que el Plan México representa uno de los esfuerzos más articulados del actual gobierno para atraer inversión productiva, debido a que incorpora nuevas instituciones, decretos y plazos concretos para acelerar autorizaciones.

Entre las medidas destacan la creación de una Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, una Ventanilla Única de Comercio Exterior y un esquema de fast track para proyectos prioritarios, que permitiría resolver permisos en hasta 30 días. Para el resto de inversiones, si la autoridad no responde en 90 días, la autorización se consideraría aprobada automáticamente.

No obstante, el IMCO advirtió que el nuevo esquema también implica una fuerte concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo, ya que la definición de proyectos prioritarios quedará en manos de un comité integrado exclusivamente por dependencias federales.

El organismo también identificó contradicciones entre los incentivos a la inversión y el endurecimiento simultáneo de la fiscalización tributaria mediante el Plan Maestro SAT 2026. Mientras el gobierno promete mayor certidumbre regulatoria, también prepara auditorías inteligentes, revisiones focalizadas y mayores controles contra facturación falsa.

En materia ambiental, el documento recordó que México busca elevar la participación de energías limpias desde el actual 24% hasta entre 38% y 45% hacia 2030, aunque advirtió que el margen de error para alcanzar esas metas “es mínimo” debido al retraso acumulado en infraestructura energética.

Para el IMCO, el principal riesgo del Plan México no está en su diseño, sino en la capacidad de ejecución, coordinación institucional y continuidad política para convertir las metas anunciadas en proyectos realmente operando.

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Grupo Carso acordó invertir 75.25 millones de dólares para adquirir una participación adicional de 5% en el campo petrolero Zama, una de las mayores apuestas de producción de crudo en México, con lo que elevará su participación total a 17.84% a través de su subsidiaria Zamajal.

La operación fue pactada mediante un acuerdo vinculante con Harbour Energy y todavía deberá recibir autorizaciones regulatorias y gubernamentales antes de concretarse, informó la empresa de Carlos Slim en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Tras la transacción, Harbour Energy conservará 27.26% del proyecto y seguirá como operador del contrato, mientras que Talos Energy mantendrá 4.47% de participación. PEMEX continuará como socio mayoritario con 50.43 por ciento.

Los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para avanzar en el desarrollo del yacimiento ubicado en aguas someras del Golfo de México, considerado uno de los descubrimientos petroleros privados más relevantes de la última década en el país.

De acuerdo con estimaciones de un auditor independiente citadas por Talos Energy, Zama cuenta con recursos recuperables de entre 735 y 950 millones de barriles de petróleo equivalente y, una vez desarrollado completamente, podría alcanzar una producción superior a 160 mil barriles diarios de petróleo equivalente.

A inicios de este año, PEMEX transfirió la operación del campo a Harbour Energy, luego de que la empresa británica asumiera el control del proyecto tras la adquisición de activos de Wintershall Dea. Bajo el nuevo esquema operativo, durante 2026 se realizarán trabajos de ingeniería y diseño (FEED), considerados clave para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) que permita iniciar el desarrollo comercial del campo.

Zama forma parte de los proyectos estratégicos con los que PEMEX busca incrementar producción en asociación con empresas privadas. Junto con Trión, campo en aguas profundas operado por Woodside Energy, representa una de las principales apuestas petroleras contempladas en el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa estatal.

Según las proyecciones oficiales, Zama podría alcanzar un pico productivo cercano a 180 mil barriles diarios hacia 2029, equivalente a alrededor de 10% de la producción nacional proyectada.

La nueva adquisición refuerza además la expansión de Grupo Carso dentro del sector petrolero mexicano. En enero pasado, la compañía concretó la compra del 100% del área contractual 4, donde se encuentran los campos Ichalkil y Pokoch, tras adquirir la participación de la rusa Lukoil en México, vinculada a la estadounidense Fieldwood.

Con esa operación, la empresa de Slim se consolidó como la firma privada mexicana con mayor presencia en la industria petrolera nacional, al incorporar activos que producen alrededor de 11 mil 451 barriles diarios de crudo.

Paralelamente, Carso ha profundizado su relación con PEMEX en otros proyectos estratégicos. En septiembre de 2025 firmó un contrato por hasta mil 991 millones de dólares para perforar hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi.

Además, ambas compañías analizan la viabilidad del desarrollo Lakach, un proyecto de gas natural en aguas ultraprofundas del Golfo de México con recursos estimados en alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos.

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el éxito del Plan México dependerá no solo de la simplificación regulatoria y los incentivos a la inversión, sino también del fortalecimiento de la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para hacer negocios en el país.

En un posicionamiento sobre las “Acciones Inmediatas para la Inversión” anunciadas por el Gobierno federal, el organismo empresarial reconoció avances en materia de ventanilla única, digitalización y agilización de trámites, aunque alertó que los beneficios podrían ser limitados si no se atienden problemas estructurales como la inseguridad, la discrecionalidad institucional y la debilidad del sistema judicial.

COPARMEX destacó que el Plan México contempla inversiones públicas y privadas por 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos y consideró positiva la reducción de cargas regulatorias.

Según datos de Data Coparmex 2025, el 48.9% de sus socios enfrenta dificultades relacionadas con trámites administrativos y dedica en promedio 82 horas mensuales para cumplirlos.

El organismo también respaldó medidas como la afirmativa ficta en 90 días, la creación de un expediente único digital para comercio exterior y la reducción de tiempos de resolución en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), donde los trámites se reducirían en 50% y los tiempos de respuesta en 76 días.

Inversión energética

En materia energética, COPARMEX consideró favorable la ampliación proyectada de capacidad eléctrica mediante esquemas de participación público-privada bajo un modelo 54/46 y convocatorias por hasta 3 mil 300 megawatts, al señalar que la disponibilidad de energía es una condición clave para atraer inversiones.

Sin embargo, el organismo empresarial expresó preocupación por la posible incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al considerar que ello podría comprometer su independencia técnica y operativa. Señaló que la institución debe mantenerse como un contrapeso efectivo en defensa de los contribuyentes.

Asimismo, pidió posponer hasta 2028 los procesos de elección de personas juzgadoras y crear un comité independiente de selección y evaluación con criterios técnicos y de experiencia, con el objetivo de evitar improvisaciones y preservar la imparcialidad del Poder Judicial.

Uno de los principales señalamientos del organismo fue la ausencia de una estrategia integral de seguridad dentro del Plan México. De acuerdo con  Data Coparmex 2025, el 46.8% de sus socios ha sido víctima de algún delito, mientras que la inseguridad continúa entre los principales obstáculos para el crecimiento económico.

COPARMEX también advirtió que la simplificación regulatoria tendrá un impacto limitado si no existe coordinación entre Federación, estados y municipios. Actualmente, 36.2% de las empresas afiliadas reporta problemas con trámites municipales, 33.4% con estatales y 30.5% con federales.

Finalmente, el organismo pidió prudencia en la relación con Estados Unidos y alertó que escenarios de confrontación política podrían incrementar la incertidumbre y afectar la estabilidad económica y la inversión.

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El Gobierno federal prevé destinar más de 140 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para fortalecer la red de gasoductos, en un movimiento que busca sostener la expansión eléctrica y apuntalar la política de desarrollo industrial.

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (SENER), anunció que el 62% de la inversión será ejecutada por CENAGAS y el restante 38% por CFE. El grueso del gasto se concentrará en los primeros años del sexenio, particularmente en 2026, cuando se prevé ejercer más de 108 mil millones de pesos.

El programa contempla tanto la construcción de nuevos ductos como la modernización de infraestructura existente. En este último rubro, se destinarán 39 mil 646 millones de pesos a mantenimiento, rehabilitación de estaciones de compresión y actualización tecnológica, en respuesta al envejecimiento de la red, pues actualmente, 94% de los ductos operados por CENAGAS tiene más de 45 años.

La expansión de la infraestructura está directamente vinculada al crecimiento del sistema eléctrico. El Gobierno planea abastecer con gas natural a 13 nuevas centrales de ciclo combinado, lo que refuerza el papel de este combustible como eje de la generación eléctrica en México. En paralelo, los nuevos gasoductos permitirán llevar suministro a los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar y a corredores industriales estratégicos.

Entre los proyectos más relevantes destacan nuevos sistemas de transporte con capacidades de hasta 3 mil 200 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), así como ampliaciones y enrutamiento en regiones clave como el noroeste, el centro y el sureste del país. En conjunto, estas obras añadirán miles de kilómetros a la red nacional y ampliarán significativamente la capacidad de transporte.

El despliegue de inversión también responde a limitaciones estructurales del sistema actual, caracterizado por cuellos de botella y una alta dependencia de importaciones de gas desde Estados Unidos, que ingresan principalmente por la frontera norte.

“Con este plan, el Gobierno busca reforzar la confiabilidad del suministro energético y sostener el crecimiento económico, y también profundiza la apuesta por el gas natural para la transición energética”, añadió la funcionaria.

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Rafael Scott, socio líder de la Práctica de Energía, Materiales y Sostenibilidad de McKinsey & Company, advirtió que el país no podrá cubrir por sí solo ese monto. De acuerdo con sus estimaciones, el sector público apenas podría aportar entre 150 mil y 160 mil millones de dólares en la próxima década, lo que deja un déficit cercano a la mitad de la inversión requerida.

“El tamaño del reto implica necesariamente esquemas de colaboración entre Gobierno e iniciativa privada”, plantea, en un contexto en el que México además compite por capital con economías como Brasil o mercados asiáticos.

Lejos de desaparecer, los combustibles fósiles mantendrán un peso estructural en la matriz energética. McKinsey estima que incluso hacia 2050 podrían representar más de la mitad del consumo energético en diversos países.

Durante su participación en Expo MEiH, el especialista dijo que en esa lógica, el petróleo no alcanzará su pico de demanda en esta década, como se anticipaba hace años, sino que seguirá creciendo hacia 2030 y se mantendrá estable durante las siguientes décadas.

El gas natural, por su parte, dejará de ser visto como un combustible de transición para consolidarse como un energético de largo plazo. En todos los escenarios analizados, aportará cerca de una cuarta parte de la energía global hacia mediados de siglo, impulsado por su papel como respaldo de las energías renovables.

En contraste, tecnologías que se perfilaban como disruptivas, como el hidrógeno, enfrentan retrasos significativos. Los costos siguen siendo una barrera y su despliegue masivo podría tardar entre una y dos décadas adicionales.

El mundo, en consecuencia, no transita hacia un modelo dominado por una sola fuente, sino hacia una matriz diversificada.

“Se van a necesitar todas las energías disponibles”, afirmó el experto de la consultoría.

En ese entorno, la presión no sólo proviene del lado de la oferta, sino también de la demanda. El consumo global de electricidad se acelera impulsado por nuevos usos intensivos como centros de datos, inteligencia artificial y electrificación del transporte, lo que empieza a generar cuellos de botella en distintos sistemas eléctricos.

Adiós al Acuerdo de París

Al mismo tiempo, el panorama climático se complica. De acuerdo con las proyecciones de la firma, el mundo no alcanzará las metas del Acuerdo de París.

Incluso en escenarios optimistas, el calentamiento global superaría los 1.8 grados Celsius, mientras que en una trayectoria inercial podría acercarse a 2.7 grados.

Para México, el desafío es doble. Por un lado, debe cerrar la brecha de inversión para sostener su crecimiento energético; por otro, debe hacerlo en un contexto donde su matriz sigue fuertemente anclada a combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas.

El país parte, sin embargo, de una posición privilegiada, pues cuenta con amplios recursos fósiles, potencial en energías renovables, particularmente solar, y acceso a gas natural competitivo desde Estados Unidos. A ello se suma una oportunidad estratégica en el mercado de gas natural licuado, donde podría convertirse en plataforma de exportación hacia Asia.

Pero capitalizar ese potencial dependerá de la capacidad de atraer inversión, desarrollar infraestructura y definir reglas claras, añadió el experto.

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De acuerdo con un documento presentado en un roadshow ante empresarios y expertos, del cual Energy21 tiene una copia, los proyectos se dividen en distintos esquemas de financiamiento y contratación. Del total, 35 paquetes corresponden a Fibra E, con 44 proyectos, mientras que 14 paquetes integran Obra Pública Financiada (OPF) con igual número de proyectos, lo que permite calendarizar concursos y procesos constructivos en diferentes etapas.

El plan establece que la nueva infraestructura busca cumplir con el suministro de la demanda eléctrica, preservar y mejorar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), reducir congestiones en la red y disminuir costos de producción, además de incorporar tecnologías de redes eléctricas inteligentes.

Dentro del esquema Fibra E, la CFE contempla mil 288.8 kilómetros de líneas de transmisión, 114 subestaciones y más de 197 mil obras, distribuidas en bloques de ejecución. Tan solo el primer bloque, programado para el segundo semestre de 2026, incluye 15 proyectos agrupados en 9 paquetes, con una capacidad de 2 mil 800 MVA y una inversión superior a 10 mil 500 millones de pesos.

En paralelo, el segundo bloque, previsto para el primer semestre de 2027, considera 10 proyectos adicionales con 2 mil 830 MVA y 794.9 kilómetros de líneas, mientras que el componente de Obra Pública Financiada suma 14 proyectos con una inversión de más de 32 mil millones de pesos.

El documento detalla que una parte relevante de las obras corresponde a compensación reactiva, soporte de tensión, modernización de equipos y sustitución de infraestructura rebasada en capacidad, con intervenciones en distintas regiones del país.

Entre los proyectos en concurso y por concursar destacan trabajos en Puebla, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua, varios de ellos con fallos programados entre marzo y mayo de 2026.

Asimismo, se incluyen obras de refuerzo y expansión en zonas industriales y de crecimiento de demanda, como Querétaro, Guanajuato, Sonora y Baja California, donde se contemplan incrementos en capacidad de transformación, nuevas líneas y ampliaciones de subestaciones.

En el sur y sureste del país, el plan incorpora proyectos de transmisión y suministro en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, enfocados en líneas de larga distancia, refuerzo de la red y soporte de tensión.

La CFE también prevé el uso de tecnologías como bancos de capacitores, reactores y sistemas STATCOM, orientadas a mejorar la estabilidad y operación del sistema eléctrico.

De acuerdo con el cronograma, los proyectos contemplan plazos de construcción que van de 250 a 860 días naturales, dependiendo de su complejidad y alcance, y forman parte de una cartera escalonada de licitaciones y ejecución entre 2026 y 2027.

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Con una inversión de 70 millones de dólares, KIO Data Centers anunció el nuevo centro de datos MEX8, que incorporará criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía digital en la Ciudad de México.

El nuevo complejo permitirá mejorar la proximidad y latencia de plataformas digitales que soportan sectores clave como comercio electrónico, fintech, salud, educación, ciberseguridad y cadenas logísticas.

El proyecto también contempla medidas para reducir su impacto ambiental. Actualmente, 79% de la energía utilizada por la empresa proviene de fuentes renovables, porcentaje que busca incrementarse conforme avance la transición energética.

Además, el centro utilizará sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, que permiten reutilizar continuamente el agua dentro del sistema para regular la temperatura de la infraestructura, reduciendo significativamente el consumo hídrico frente a tecnologías tradicionales.

Durante su etapa de construcción, MEX8 generará alrededor de 3 mil empleos directos e indirectos, lo que contribuirá a dinamizar la actividad económica vinculada al sector tecnológico y de infraestructura.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza, destacó que este tipo de inversiones reflejan el potencial tecnológico de la capital y fortalecen su posicionamiento como destino para proyectos de innovación digital.

Por su parte, Octavio Camarena, director general de KIO Data Centers, señaló que el nuevo centro de datos busca ofrecer continuidad operativa, seguridad y escalabilidad para empresas y entidades públicas que dependen de servicios digitales.

La iniciativa forma parte de la estrategia de desarrollo tecnológico impulsada por el gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, orientada a atraer inversión, ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y consolidar a la Ciudad de México como un hub regional de infraestructura digital.

Con infraestructura resiliente y escalable, el centro de datos alojará información de empresas nacionales e internacionales, fortaleciendo el ecosistema digital y la competitividad tecnológica de la capital.

Con el banderazo de inicio de actividades en el Patio de Puertos Integrales del Sureste (PISSA), en el puerto de Altamira, el proyecto Trion entró en una nueva fase operativa, marcando el arranque formal de uno de los desarrollos en aguas profundas más relevantes del país.

El evento fue encabezado por la australiana Woodside Energy, operadora del proyecto, y por PEMEX, su socio estratégico. También asistieron la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como representantes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Marina.

Como acto simbólico, autoridades y directivos firmaron uno de los cabezales de pozo que será instalado en el lecho marino, gesto que oficializa el inicio de actividades en territorio nacional y refrenda el compromiso de ejecutar el proyecto bajo estándares de seguridad y eficiencia técnica.

Un proyecto de escala histórica

De acuerdo con cifras oficiales, Trion contempla una inversión aprobada de 10 mil 400 millones de dólares, que incluyen capital y gastos operativos, lo que la ubica como la tercera inversión más grande en México, según datos de Data México de la Secretaría de Economía.

A lo largo de su vida útil, el campo podría generar más de 10 mil 000 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado mexicano, fortaleciendo las finanzas públicas y la captación de ingresos petroleros en el mediano y largo plazo.

El proyecto reportó un avance de 50% al cierre de 2025, y prevé alcanzar la producción del primer barril en 2028, consolidándose como el desarrollo insignia en aguas profundas del país.

Impulso a aguas profundas y a la cadena de valor

Trion representa un paso estratégico para el fortalecimiento del sector energético nacional, particularmente en el segmento de aguas profundas del Golfo de México, donde la complejidad técnica y los altos requerimientos de inversión demandan alianzas y capacidades especializadas.

La fase que ahora inicia no solo implica actividad costa afuera, sino también un impacto directo en puertos, proveeduría, servicios logísticos y empleo especializado en la región de Tamaulipas. La participación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Altamira subraya el papel del puerto como nodo logístico clave para el proyecto.

Funcionarios federales y estatales coincidieron en que el arranque de esta etapa envía una señal de confianza a los mercados sobre el potencial energético de México y su capacidad para desarrollar proyectos de alta complejidad técnica en aguas profundas.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplió hasta el 27 de febrero de 2026 el plazo para el registro de proyectos dentro del Primer Proceso Institucional de Inversiones Mixtas en energía, informó el organismo en una nota oficial.

La extensión del periodo de inscripción forma parte de este mecanismo que busca inaugurar una nueva etapa en la transición energética del país mediante esquemas de inversión mixta.

La empresa productiva del Estado señaló que el proceso prioriza el impulso de sistemas solares y eólicos como tecnologías orientadas a fortalecer la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional, además de avanzar en la descarbonización y en el cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones.

El registro de proyectos deberá realizarse a través de la Ventanilla Única de Energía en el portal oficial habilitado por las autoridades energéticas, conforme a los lineamientos establecidos para el proceso institucional.

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