El organismo planteó una estrategia para fortalecer la posición de México en la renegociación que contempla el incentivar la inversión en sectores clave desde la manufactura avanzada hasta la tecnología.

“México debe fortalecer sus sectores de mayor valor agregado, como la industria 4.0 y la tecnología, donde el país puede convertirse en líder regional y global. Explorar iniciativas conjuntas con los Estados Unidos y Canadá en áreas como la inteligencia artificial, energías renovables y biotecnología, para garantizar la creación de cadenas de suministro más robustas y resilientes”, indicó.

Señala que el nuevo gobierno estadounidense podría continuar con sus intentos de reducir el déficit comercial con México mediante la imposición de barreras comerciales. Sin embargo, en lugar de enfrentar este desafío de manera reactiva, ICC México propone que el Gobierno federal, promueva políticas de competitividad interna que permitan a las empresas mexicanas enfrentar cualquier medida proteccionista con una sólida base productiva.

Otro punto importante es la diversificación de mercados. Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México, la creciente incertidumbre política y económica puede hacer necesario que el país busque nuevos mercados.

“México debe salir de la dependencia de un solo socio comercial sin perder su posicionamiento en el mercado estadounidense”, indica.

ICC México también ve la necesidad de acelerar las negociaciones con otros bloques comerciales como la Unión Europea, Asia-Pacífico y América Latina, para reducir la exposición a posibles choques comerciales con los Estados Unidos; esto incluye la mejora de acuerdos de libre comercio con economías emergentes en Asia, África y Europa, para expandir las exportaciones mexicanas en diferentes sectores.

El T-MEC, en su versión actual, establece un espacio para la colaboración regional, pero debe complementarse con acuerdos multilaterales que permitan a México tener acceso preferencial a otros mercados fuera de Norteamérica, lo que ofrecería una vía de escape ante medidas unilaterales de los Estados Unidos.

Una de las piedras angulares del T-MEC ha sido la optimización de la cadena de suministro entre los tres países miembros. Dada la interdependencia de las economías de México, Estados Unidos y Canadá, cualquier alteración en la estabilidad de estas cadenas podría afectar tanto a las empresas mexicanas como a las de los otros países del bloque.

“México debe asegurar el acceso preferencial a insumos clave para la manufactura, garantizando que los productos que se producen en territorio mexicano y que son exportados a los Estados Unidos o Canadá no enfrenten barreras arancelarias o aduaneras excesivas”, mencionó el organismo.

“El T-MEC es mucho más que un acuerdo comercial, es una plataforma para el crecimiento y la colaboración. Debemos usar esta oportunidad para asegurar que México continúe siendo un socio estratégico de confianza, no solo para los Estados Unidos y Canadá, sino para todo el mundo”, añadió Claus von Wobeser, presidente de ICC México.

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“Este sistema de comercio de emisiones de carbono abre oportunidades para países como México, que podrían atraer inversiones destinadas a proyectos de mitigación”, indicó el organismo

Sin embargo, a decir del vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de ICC México y Cochair del grupo de trabajo global sobre Economía Circular, la implementación de este mecanismo requiere de una gestión transparente y equitativa, pues si no se asegura la participación justa de todos los países, especialmente los más desarrollados, el sistema podría no cumplir con su objetivo de combatir el cambio climático de manera efectiva.

La propuesta fue parte de los temas que se analizaron durante la reciente COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, donde nuestro país se vio impactado por compromisos globales que podrían transformar su economía y sus políticas ambientales, al mismo tiempo que impone retos significativos en términos de inversión, equidad y desarrollo tecnológico.

La delegación gubernamental de México, liderada por Enrique Ochoa en representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena reafirmó su compromiso con los objetivos globales de limitar el calentamiento global a 1.5°C, presentando sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) alineadas con este límite.

Para lograrlo, el país deberá reducir sus emisiones de manera drástica y alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. Este compromiso implica una profunda transformación en sectores clave como el transporte, para los cuales se han planteado planes ambiciosos de electrificación. La implementación de estas políticas requerirá inversiones masivas y una colaboración efectiva entre los sectores público y privado.

En cuanto al financiamiento climático, se logró un acuerdo para movilizar 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035, proveniente de fuentes públicas, privadas y multilaterales, para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por mitigar y adaptarse al cambio climático.

Aunque este monto supera el objetivo inicial de 100 mil millones de dólares, aún está lejos de los 1.3 trillones de dólares que algunos países habían solicitado, además de 600 millones de dólares en provisiones.

“A pesar de las diferencias, el acuerdo representa un avance, y México podría beneficiarse de estos fondos para financiar proyectos de infraestructura sostenible. Sin embargo, muchos países en desarrollo han señalado la insuficiencia de los mecanismos de financiamiento actuales, lo que pone en duda si estos recursos serán suficientes para enfrentar la magnitud del reto climático”, indicó la ICC.

Destacó que la descarbonización podría abrir nuevas oportunidades económicas, creando empleos e inversiones en sectores como la energía renovable y el transporte eléctrico. La transición hacia una economía baja en carbono también puede impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la cooperación internacional.

Sin embargo, las grandes inversiones necesarias para implementar estas políticas podrían tensar los recursos públicos y privados del país, especialmente si no se manejan de manera estratégica, añadió.

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“El reclutamiento y retención de personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos y contribuir al desarrollo continuo de la autoridad”, indicó el organismo.

También pidió establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, permitiendo a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno y justificar su existencia y efectividad ante las y los mexicanos.

Sobre la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la ICC sugirió que el organismo que tome sus funciones opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia.

Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución.

Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores.

Esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas, añadió.

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La International Chamber of Commerce (ICC) pidió al Congreso de la Unión actuar con cautela ante la propuesta de reforma al Poder Judicial, porque en los términos en que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos.

“Esto tendría tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano”, indicó el organismo que representa a 45 millones de empresas en el mundo.

México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras, señaló.

“La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano”, advirtió.

La ICC exhortó al Congreso de la Unión a considerar, de igual forma, las recomendaciones emitidas por la Visitadora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en abril de 2024, así como a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, de condenas económicas contra México.

“México vive un momento clave con el fenómeno del nearshoring, que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, coyuntura que podría verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas”, sostuvo.

En los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros, advirtió.

Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos.

En las últimas tres décadas, el Poder Judicial Federal ha sido un contrapeso importante en contra de decisiones de otros poderes que afectan a la inversión nacional y extranjera y que pudieran considerarse arbitrarias y violatorias del derecho nacional e internacional.

De hecho, en años recientes y a través de sus resoluciones, el Poder Judicial Federal evitó el inicio de muy numerosos arbitrajes inversionista – Estado que pudieron probablemente haber repercutido en multimillonarias condenas contra México, añadió.

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