El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 refleja un momento decisivo para el sector eléctrico mexicano. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirá 642.5 mil millones de pesos de gasto programable, un incremento real de 9% respecto a 2025, aunque el gasto total cae 7.9% en términos reales debido a la reducción del gasto no programable.

En la dimensión política, la Secretaría de Energía (Sener) se consolida como la principal beneficiaria del paquete económico, al obtener 86.9% más recursos que el año anterior. El mensaje es claro: el Estado busca fortalecer la planeación centralizada y su rectoría en el sector energético, bajo la premisa de que la energía debe estar al servicio del pueblo y no del mercado.

Sin embargo, aunque la CFE contará con más presupuesto operativo, la inversión destinada a generación eléctrica se reducirá, lo que genera dudas sobre la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda.

En el caso de transmisión eléctrica, la asignación es de apenas 10.3 mil millones de pesos, lo que equivale a sólo 6.3% de lo previsto en el Plan de Fortalecimiento y Expansión de la Red Nacional de Transmisión 2025–2030, que contempla una inversión histórica de 163.5 mil millones de pesos para modernizar la red con 275 nuevas líneas y 524 subestaciones.

Esta diferencia revela una brecha crítica: los planes para construir una Red Eléctrica Inteligente, capaz de integrar energías limpias, resistir choques climáticos y atender a más de 50 millones de usuarios hacia 2030, difícilmente podrán cumplirse únicamente con recursos públicos. Por tanto, la brecha entre los objetivos del plan anunciado en 2025 y los recursos asignados en el PPEF 2026 abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir en tiempo y forma con la construcción de una Red Eléctrica Inteligente.

El aumento presupuestario a Sener y la narrativa de soberanía energética marcan la ruta política del sector. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la soberanía no se opone a la colaboración público–privada, sino que se fortalece cuando el Estado mantiene la conducción estratégica mientras aprovecha el capital, la innovación y la eficiencia de las empresas privadas.

Para que México logre una electrificación sustentable, tarifas justas y acceso universal, será indispensable abrir espacios de participación corresponsable donde la iniciativa privada complemente al Estado en tres frentes clave:

1.Inversión en transmisión y distribución, mediante esquemas de coinversión o asociaciones público-privadas que permitan acelerar la modernización de la red.

2.Integración de energías limpias con almacenamiento, con reglas claras y predecibles que fomenten la inversión privada en tecnologías de respaldo.

3.Digitalización del sistema eléctrico, aprovechando plataformas de analítica energética y gestión de la demanda que el sector privado ya implementa en industrias y corredores productivos.

El presupuesto 2026 confirma la voluntad de fortalecer a la CFE y a la Sener como pilares de la política energética nacional. Pero la verdadera medida del éxito no estará en los montos asignados, sino en la capacidad para transformar esos recursos en infraestructura tangible y resiliente.

La soberanía energética se construye con planeación, pero también con ejecución efectiva, inversión complementaria y visión compartida. México tiene frente a sí la oportunidad de convertir este presupuesto en el punto de partida de un nuevo pacto energético, donde lo público y lo privado trabajen juntos para lograr una transición con justicia social, competitividad y resiliencia.

El reto está planteado: no se trata sólo de cuánto se invierte, sino de cómo se invierte, con quién y con qué visión de país.

Comenta y sigue a Karen Ortiz en LinkedIn.

En su sesión extraordinaria del 20 de noviembre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió resoluciones mixtas sobre permisos relacionados con la generación de energía eléctrica en México.

En primera instancia, la CRE negó las solicitudes de permiso para generar energía eléctrica de las empresas: Saturno Solar, S.A. de C.V. y Guacamayo Solar, S.A. de C.V.

Además de ello, aprobó modificaciones en el permiso de generación E/2026/GEN/2018, otorgado a El Gritón Solar, S.A. de C.V., permitiendo ajustes en el programa de inicio y terminación de obras.

Por otro lado, la comisión negó la modificación de la condición tercera del permiso E/1528/AUT/2015, correspondiente a Energía Limpia de la Laguna, S.A. de C.V., que buscaba cambios en el aprovechamiento de la energía eléctrica generada.

Finalmente, la CRE autorizó cambios en el permiso E/685/AUT/2007, otorgado a Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V., específicamente en la condición tercera, relacionada con el aprovechamiento de la energía generada, y la condición cuarta, sobre los planes de expansión.

En materia jurídica, la CRE presentó dos proyectos de Acuerdo por los que se inició un procedimiento administrativo de sanción, en materia de Hidrocarburos. Adicionalmente presentó tres proyectos de resolución por los que se resuelve procedimiento administrativo de sanción en la misma materia de Hidrocarburos.

Comenta y síguenos en X: @Da_Lored0 / @Energy21Mx

Gracias a la firma de este convenio se establece una alianza estratégica para explotar y desarrollar proyectos de hidrógeno en diversas aplicaciones, entre las áreas técnicas de cooperación están la producción y almacenamiento de hidrógeno, celdas de combustible, así como el uso de hidrógeno en electromovilidad y generación eléctrica.

“El hidrógeno verde es una pieza clave en la transición hacia energías más limpias y sostenibles. La firma de este convenio con el INEEL nos permitirá avanzar significativamente en la investigación y desarrollo de tecnologías de hidrógeno en México. Esta colaboración fortalece nuestros esfuerzos por impulsar la innovación tecnológica y la adopción de energías limpias en el país. Estamos entusiasmados por los proyectos que desarrollaremos juntos”, señaló Andrés Caballero, Director General de FH2 México.

 

FH2 México y el INEEL, trabajarán en conjunto en asistencia técnica y asesoría, colaboración en la difusión y promoción de tecnología de hidrógeno, así como en la participación conjunta en la vinculación con otras empresas del sector eléctrico, búsqueda de recursos para llevar a cabo la instalación piloto y la capacitación de personal.

Por su parte, Abigail González Díaz, directora de Sistemas Mecánicos y Energías Alternas del INEEL, destacó que “es un placer firmar este convenio de colaboración INEEL – FH2 México. Que este sea el inicio de muchas colaboraciones entre INEEL y FH2 México en temas del hidrógeno de bajas emisiones. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de ambas instituciones”.

FH2 señaló que el hidrógeno verde no solo promete un futuro más limpio y sostenible, sino también la posibilidad de convertir a nuestro país en un líder global en tecnologías de energía limpia.

Así mismo, celebró los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses por parte del Gobierno federal y la IP, como la publicación de la Secretaría de Energía (SENER) de los Lineamientos en Materia de Hidrógeno y la creación del nuevo Centro Mexicano del Hidrógeno, el cual será el brazo de investigación e innovación tecnológica de la Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH2).

Comenta y síguenos en X: @Adri_Telecom / @Energy21Mx

La necesidad de una transición energética justa se basa en la urgente necesidad de enfrentar tanto los desafíos ambientales como las desigualdades sociales que derivan de la transformación del sector energético, en un contexto donde también se debe avanzar rápidamente para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5°C para el año 2050.

Alcanzar este hito es crucial para México, pero enfrenta desafíos significativos. Si bien se busca desconcentrar, descentralizar y democratizar el sistema energético, la realidad muestra un escenario donde las asimetrías norte-sur y el dominio de grandes capitales persisten, limitando la democratización energética.

La experiencia internacional presenta caminos divergentes, como es el caso de países como Alemania, que ha adoptado un enfoque significativo en la reducción y eliminación del uso del carbón en la generación de energía. Esta transición se considera exitosa debido a la implementación de políticas públicas adaptadas a las necesidades y realidades locales, abordando ejes esenciales: la diversificación económica, el apoyo laboral, bienestar social y ambiental.

Por otro lado, en España, la transición energética se lleva a cabo de manera desigual, perpetuando los monopolios en el sector. Empresas como Iberdrola do minan la generación de energía renovable, lo que pone en riesgo la democratización del acceso a la energía. Además, el país ha experimentado una serie de aumentos en las tarifas eléctricas, lo que agrava la situación para los consumidores y pone en evidencia la necesidad de una reforma más equitativa y justa en el sector energético.

Esta desigualdad en la transición energética amenaza con concentrar aún más el poder en manos de unas pocas empresas grandes, lo que podría limitar la competencia y la innovación.

En México, el sector de hidrocarburos ha tenido un papel relevante en la economía durante muchos años. En especial, la industria petrolera ha sido tradicionalmente un motor clave para el desarrollo económico del país. Por lo que, en México la transición energética debe significar más que la sustitución de fuentes de energía. Debe ser un paso hacia una sociedad comunitaria y autónoma, donde las energías renovables se integren en redes inteligentes para promover el autoconsumo y la generación distribuida.

La matriz de generación eléctrica debe enfocarse en fuentes con baja huella de carbono, aprovechando la rica diversidad geográfica y climática de México. Esto implica impulsar el desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica, el hidrógeno verde, etc. Este enfoque no sólo contribuiría a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fortalecería la seguridad energética, generaría empleo y promovería el desarrollo sostenible en comunidades locales.

La pregunta crucial es si es posible lograr un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático y menos contaminante en México. Esto implica abordar no sólo la distribución injusta de riquezas y el acceso desigual a la energía, sino también repensar las políticas públicas, los modelos de negocio, así como la relación entre energía y desarrollo económico.

Desde el punto de vista político, México ha asumido compromisos internacionales, como el Acuerdo de París de 2015, en el que se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a incrementar la participación de energías renovables. A nivel interno, el país ha implementado diversas políticas públicas para orientar la transición energética. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) de 2012 establece metas para la reducción de gases de efecto invernadero. La Ley de Transición Energética (LTE) de 2015 fija objetivos para la participación de energías renovables, con una meta de generación del 35% para 2024. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 destaca la necesidad de un cambio en la política energética hacia un desarrollo sostenible. Estas iniciativas reflejan el compromiso del país con la promoción de una matriz energética más limpia y eficiente.

No obstante, en la implementación de diversos proyectos, programas y políticas de energías renovables en México se han identificado debilidades en el proceso. Se han documentado numerosos conflictos relacionados con estos proyectos, particularmente en los sectores eólicos y solares. Ejemplos incluyen los conflictos socioambientales y el desplazamiento de población ocasionados por los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, así como la violación del derecho de consulta indígena establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación subraya la urgente necesidad de abordar estos desafíos de manera integral para asegurar una transición energética justa y sostenible.

Una transición energética que no tenga en cuenta la justicia social y económica podría agravar las desigualdades, incrementar la pobreza y generar tensiones en comunidades y sectores específicos.

La transición energética debe centrarse en el beneficio de la población, en lugar de favorecer únicamente al sector privado. Es responsabilidad del Gobierno mexicano, establecer las bases necesarias para que esta transición justa se convierta en una realidad.

En conclusión, la transición energética en México enfrenta un panorama complejo que requiere una atención cuidadosa a diversos factores. La urgencia de enfrentar los desafíos ambientales y sociales demanda una transición que no sólo se enfoque en la sustitución de fuentes de energía, sino también en la promoción de la justicia social y económica.

Comenta y sigue a Stefany Gil Reyes en LinkedIn.