El proceso de regularización del sector gasolinero entrará a una etapa de inspecciones y posibles sanciones una vez que concluya en abril la fase II del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas (RENAGAS), enfocada en la ratificación de información en materia ambiental.

En entrevista Ángel Loyo, director general de Lejar Innovaciones, explicó que tras el cierre del periodo de carga y validación de datos, la autoridad comenzará visitas y procedimientos administrativos para verificar el cumplimiento de las estaciones de servicio.

“La autoridad ya dio herramientas para regularizarse. Después de abril, inicia la revisión y eventualmente las sanciones para quienes no cumplieron”, señaló.

El especialista explicó que la segunda fase del RENAGAS tiene como objetivo confirmar o corregir la información ingresada en la etapa inicial, luego de que muchas empresas presentaron inconsistencias por desconocimiento o errores en la carga documental.

En la primera fase, alrededor del 90% de las estaciones del país se registraron; sin embargo, para la etapa de ratificación se prevé una menor participación debido a factores como la incertidumbre regulatoria y problemas operativos en la plataforma.

Loyo estimó que el nivel de cumplimiento podría ubicarse por debajo de ese porcentaje, con una participación cercana al 60% en algunos casos, aunque la autoridad no ha dado cifras oficiales.

El universo de estaciones involucradas ronda entre 13 mil y 15 mil unidades a nivel nacional, que deberán contar con documentación vigente que acredite su operación conforme a la normativa ambiental.

El directivo indicó que el registro no es opcional, ya que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que lo convierte en un requisito obligatorio para los regulados.

“El objetivo es que las estaciones tengan certeza jurídica y ambiental sobre su operación. Muchas fueron autorizadas hace años, pero no cumplieron con condicionantes posteriores, y ahora deben regularizarse”, explicó.

Añadió que el proceso también busca garantizar condiciones de seguridad y mitigar riesgos ambientales, en línea con la política del gobierno federal de fortalecer la supervisión en este rubro.

Tras la conclusión de la fase II, la autoridad implementará un calendario de visitas que se extenderá hasta 2027, con revisiones escalonadas por regiones. No obstante, aclaró que las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento, independientemente del calendario.

En paralelo, programas como el Plan Nacional de Auditoría Ambiental se mantienen como una alternativa para que las empresas puedan regularizarse de manera anticipada y, en algunos casos, mitigar sanciones.

El especialista advirtió que existen estaciones que enfrentan rezagos por documentación incompleta, permisos vencidos o incumplimiento de condicionantes ambientales, lo que podría derivar en multas o procedimientos administrativos.

Asimismo, reconoció que factores como fallas en el sistema, reprocesos en la carga de información y dudas sobre los requisitos han complicado el avance del proceso, particularmente en zonas metropolitanas.

Con el cierre de la fase de registros, el RENAGAS entrará en una etapa de ejecución, en la que la autoridad pasará de la recopilación de información a la verificación en campo del cumplimiento ambiental de las estaciones de servicio en el país.

Cada permiso tiene una vigencia de 10 años y cubre diversas ubicaciones en todo el país, con el objetivo de ampliar la infraestructura de distribución de combustibles, según detalla el Acuerdo CT/5.SO/32-2025 emitido en su quinta sesión ordinaria del 27 de agosto pasado.

La concentración geográfica se observa principalmente en el sur y centro de México, donde se anticipa un mayor efecto en la accesibilidad y la competencia local. Chiapas y Michoacán encabezan la lista con siete permisos cada uno, seguidos de cerca por Puebla con la misma cantidad-

Querétaro recibe seis, mientras que Nuevo León obtiene cinco. Otros estados con una presencia significativa incluyen Tamaulipas con cuatro, Jalisco con al menos cuatro (como en Morelos, Zapopan y Tequila), Chihuahua con cuatro, y regiones como el Estado de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Baja California y Guerrero con tres cada una.

Además, Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo suman dos o tres, y estados como Tabasco, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Tlaxcala y Baja California Sur registran uno o dos.

La mayoría de los beneficiarios son empresas locales o medianas, lo que refleja la diversificación del mercado tras la reforma energética. Entre los principales receptores destaca Gazpro, que obtuvo dos permisos: uno en Coronango, Puebla, y otro en Tapachula, Chiapas. Otras compañías notables son Grupo Gasolinero de Reynosa en Tamaulipas, Petro Fuels Zacatl en Nuevo León, Grupo Mahila en Zacatecas, así como operadoras basadas en Querétaro como Operadora de Combustibles NMG y Sumistros Circuito Universidades.

Este acuerdo responde a solicitudes evaluadas bajo estrictos criterios de operación y normatividad. Expertos del sector consideran esta expansión como una oportunidad para mejorar la cobertura en áreas rurales y urbanas, aunque insisten en la importancia de una supervisión continua para asegurar la calidad y seguridad de los nuevos establecimientos.