El consumo energético global se basa en petróleo, carbón, gas y electricidad. El petróleo y carbón aportan 29% cada uno, seguidos por gas (23%), electricidad (10%) y biomasa (9%). En este contexto, las renovables ganan peso para reducir emisiones y dependencia de hidrocarburos. En México, la matriz es similar, con solo 24% de energía baja en carbono.

Según la OLACDE, el consumo energético en México se concentra en el transporte, seguido por la industria, a diferencia de Centroamérica, donde el sector doméstico ocupa el segundo lugar. El transporte domina el uso de derivados del petróleo, mientras que el sistema eléctrico enfrenta retos en generación, transmisión y distribución.

La transición impulsa energías más limpias como electricidad, gas natural, GNL y biocombustibles. Este proceso se sustenta en la Ley de Transición Energética, actualizada en 2025, que fija metas de 45% de energía limpia para 2036 y 60% para 2050.

La estrategia incluye desarrollo de renovables, eficiencia energética, modernización tecnológica y un límite de 65% a generación fósil.

Economía circular

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca reducir el uso de materias primas, aprovechar al máximo los recursos disponibles y reincorporar residuos mediante reciclaje o transformación para extender su vida útil.

En México, este enfoque se materializa en el proyecto de “centro de economía circular” en Tula, Hidalgo. El plan incluye la reconversión de la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” a ciclo combinado, la instalación de una coquizadora, el saneamiento del Río Tula y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

El desarrollo contempla un parque industrial de residuos con tecnologías de separación, gasificación y carbonización, orientado a generar fertilizantes, carbón vegetal y materiales de construcción. El objetivo es transformar una de las regiones más contaminadas del país en un modelo de desarrollo sostenible.

La transición energética en México busca fortalecer el papel de las hidroeléctricas, incrementando su generación y su aporte al sistema regional, además de aprovechar la recuperación hídrica tras sequías. Estas plantas también ayudan a reducir costos al depender de recursos naturales.

En paralelo, la CFE impulsa dos plantas termosolares en Baja California Sur, que usan radiación solar y almacenamiento térmico para generar electricidad incluso de noche, clave ante la alta demanda local.

Estas acciones se complementan con el plan 2026-2030, que contempla una inversión de 5.6 billones de pesos para diversificar la matriz energética y reducir emisiones.

Se prevé que, mediante biocombustibles y electricidad renovable, el sector transporte reduzca su demanda de petróleo en cerca de 4 mbepd (Millones de Barriles de Petróleo por Día) para 2028, equivalente a más del 7% del consumo proyectado. Si se incorporan fuentes no renovables, la reducción podría acercarse al 9%. La electricidad renovable lidera esta tendencia, seguida por los biocombustibles, que en conjunto representarán la mayor parte del petróleo evitado, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Ante el alza de los precios del petróleo, países como México impulsan los biocombustibles para reducir dependencia, diversificar su matriz energética, generar empleo y disminuir emisiones de CO₂.

Estos combustibles se obtienen de biomasa, es decir, materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo cultivos, residuos agrícolas y forestales, que pueden transformarse en energía útil para el transporte.

De la biomasa se obtiene energía que puede transformarse en electricidad, calor y combustibles para transporte, principalmente etanol y biodiésel, además de otras fuentes renovables como solar, eólica, hidráulica y geotérmica.

El bioetanol se produce mediante fermentación de azúcares o almidones, mientras que el biodiésel se obtiene de aceites vegetales y grasas animales. Estos biocombustibles ganan relevancia como alternativa para reducir la dependencia del petróleo, mitigar emisiones y enfrentar el encarecimiento energético.

El etanol se utiliza como oxigenante en gasolinas bajo regulaciones específicas. Estados Unidos y Brasil lideran su producción, a partir de maíz y caña de azúcar, respectivamente.

En México, la producción de bioetanol es aún incipiente. Su beneficio económico depende de producir y mezclar el etanol localmente, ya que reduce el costo de la gasolina; este efecto se pierde con la importación de combustibles terminados.

Conclusiones

La transición hacia energías renovables es clave para un desarrollo sostenible y también una oportunidad para fortalecer la matriz energética de México. El país cuenta con condiciones favorables para producir cultivos energéticos y participar en la creciente demanda global de biocombustibles, lo que abre oportunidades para el sector agrícola.

Además, México ha avanzado en cogeneración eléctrica con proyectos solares, eólicos, la planta nuclear de Laguna Verde y ciclos combinados con gas natural.

Los biocombustibles ganan relevancia no solo por su contribución a la reducción de emisiones, sino por el crecimiento de su demanda global, que podría aumentar cerca de 30% entre 2023 y 2028, alcanzando 200,000 millones de litros. El etanol y el diésel renovable concentrarán la mayor parte de este crecimiento.

El uso de etanol en gasolinas también mejora el rendimiento por barril de petróleo, con incrementos de hasta 6.7% según el porcentaje de mezcla, sin requerir inversión adicional.

Además, el etanol cumple una doble función como oxigenante y componente de la gasolina. Su sustitución por aditivos como el MTBE podría generar ahorros cercanos a 900 millones de dólares anuales.

Los aditivos de última generación para gasolinas con etanol mejoran el rendimiento, reducen la presión de vapor y elevan el octanaje, eliminando barreras técnicas para usar mezclas de hasta 10% en México, con beneficios en costo y calidad del combustible.

En paralelo, el transporte avanza hacia energías más limpias como gas natural, GNL, biocombustibles y electricidad, lo que reduce la dependencia de fósiles y genera beneficios ambientales. Esta transformación también abre oportunidades en mercados de emisiones, aunque implica retos logísticos para el sector.

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Esta columna se publicó originalmente en la edición de abril de la revista Energy21.

En entrevista, Alejandro Fogarolli, Chief Marketing Officer de la compañía, explicó que la empresa ya procesó alrededor de 120 mil dispositivos en sus tres mercados que son México, Chile y Perú, con el país concentrando entre 40% y 50% del negocio.

El modelo se basa en operar programas de trade-in con fabricantes y retailers, recuperar equipos usados, reacondicionarlos y volver a comercializarlos con garantía.

“Apuntamos a una solución completa de circularidad: tomar el dispositivo, reacondicionarlo y reinsertarlo en el mercado”, señaló.

El impacto ambiental es uno de los ejes del negocio, pues empresa estima que su operación en estos mercados contribuye a evitar más de 7 millones de kilogramos de emisiones de CO2 al año, además de reducir la generación de residuos electrónicos, un problema que a nivel global supera los 60 millones de toneladas anuales.

El reacondicionamiento se enfoca en componentes clave como baterías y pantallas. Los equipos se comercializan con estándares de calidad, con baterías con al menos 80% de capacidad, y hasta 13 meses de garantía, lo que formaliza un mercado que en gran parte opera sin certificaciones.

Además del componente ambiental, el modelo amplía el acceso a tecnología. Los dispositivos reacondicionados se venden con descuentos de 30% a 40% frente a equipos nuevos, lo que permite a los usuarios acceder a gamas más altas a menor costo.

La demanda se concentra en smartphones, principalmente de Apple y Samsung. De acuerdo con la empresa, los iPhone representan entre 30% y 40% de las ventas, Samsung entre 20% y 30%, seguidos por computadoras como MacBook.

México es el principal motor de crecimiento para la compañía, tanto por tamaño de mercado como por la necesidad de ampliar el acceso a tecnología.

“Es nuestro mercado más relevante y con mayor potencial”, afirmó Fogarolli.

El directivo subrayó que el reacondicionamiento permite extender la vida útil de los dispositivos sin un límite definido de ciclos, al sustituir componentes críticos. Este enfoque se alinea con tendencias de diseño más reparable y modular en la industria.

“En electrónicos, la economía circular pasa por alargar la vida de los equipos y evitar que se conviertan en residuos. Ahí es donde está el mayor impacto”, concluyó.

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La iniciativa fue promovida por un grupo de legisladores encabezados por la senadora Maki Ortiz, cuya propuesta busca dar respuesta a la crisis ambiental y climática mediante un nuevo paradigma que articula la economía circular, la reducción de emisiones contaminantes y una gestión eficiente de residuos.

Según la exposición de motivos, México produce más de 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los cuales menos del 10% se recicla. Esto convierte al sector en una oportunidad clave para reducir emisiones, en particular de metano, gas que tiene un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO₂.

La reforma busca reemplazar el modelo lineal de “producir-consumir-desechar” por uno circular, donde se privilegien el rediseño de productos, el reciclaje y la reutilización de materiales, incorporar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como eje legal de la gestión de residuos.

También promueve establecer la separación obligatoria de residuos desde su origen, particularmente entre orgánicos e inorgánicos, como política nacional, promover la valorización energética de residuos, con tecnologías como el coprocesamiento, la pirolisis y la generación de biogás, fortalecer la trazabilidad y responsabilidad extendida del productor, para cerrar el ciclo de vida de los productos.

Además introduce mecanismos de certificación e incentivos fiscales para empresas con prácticas sustentables, establece obligaciones legales para los tres niveles de gobierno y una mejor coordinación institucional, y articula la política de residuos con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, especialmente con el Eje de Desarrollo Sustentable.

Considera a Tula, Hidalgo, como epicentro de un megaproyecto de economía circular a nivel nacional.

El proyecto se alinea con la meta nacional de reducir 35% las emisiones de GEI al año 2030. Según datos citados por la iniciativa, medidas en el sector de residuos podrían evitar hasta 140 mil toneladas de CO₂ equivalente para esa fecha.

Además, se busca emular casos exitosos como el de Corea del Sur, donde el reciclaje de residuos orgánicos supera el 97%, gracias a esquemas de educación ambiental, sanciones e incentivos económicos.

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