La operación tiene sus raíces en un decomiso millonario realizado en marzo de 2025, que incluye una embarcación que llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, fue inspeccionada, revelándose un cargamento de 10 millones de litros de diésel que, según las autoridades, entró de forma irregular y fue introducido al país con documentación apócrifa.

A partir de ese momento se desplegó una investigación multidisciplinaria con participación de la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con las autoridades, las 14 detenciones se concretaron en operativos ejecutados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

La estructura delictiva estaría integrada por tres empresarios, señalados como los operadores logísticos o financieros del esquema criminal, seis marinos, cinco en activo y uno en retiro. Entre ellos figura el vicealmirante Manuel Roberto “N”, sobrino del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina.

Además se detectaron a cinco exfuncionarios de Aduanas, implicados en facilitar el ingreso de combustible extranjero mediante documentación irregular.

Los detenidos fueron identificados bajo los pseudónimos judiciales: Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

La mecánica del esquema

Según lo explicado en conferencia por García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero, la red utilizaba una compleja logística criminal que incluía el ingreso de diésel desde Estados Unidos con documentación adulterada, presentándolo como “petroquímico exento de impuestos” o productos distintos a los hidrocarburos.

El uso de empresas de transporte nacionales como fachada para movilizar el combustible ilícito. Algunas operaban con vehículos, remolques y tractocamiones que habían sido detectados en el decomiso inicial y en cateos subsecuentes.

El apoyo activo o pasivo de agencias aduanales y funcionarios que facilitaban y ocultaban el origen real del hidrocarburo.

La detección de operaciones financieras con signos alarmantes, que incluyen depósitos en efectivo, compras de bienes inmuebles y vehículos de lujo, contratación de pólizas de seguro por montos inusuales, muy por encima del perfil económico declarado de los implicados. Esta parte fue clave para que la UIF pudiera articular medidas de bloqueo de activos y seguir la pista del dinero sucio.

El secretario García Harfuch refrendó el compromiso de la actual administración con el combate a la corrupción y la impunidad, destacando que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”.

El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, insistió en la política de “cero tolerancia” a prácticas corruptas dentro de la institución naval, enfatizando que se reforzarán los controles internos para evitar nuevas infiltraciones del crimen organizado.

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló que la investigación arrancó hace al menos dos años a petición del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, quien solicitó a la FGR indagar en denuncias ¡incluso sobre sus propios familiares!

Gertz advirtió que la investigación continúa activa, con más órdenes de aprehensión por cumplimentar y con el seguimiento de activos vinculados a la estructura criminal.

Este caso supera en escala los operativos más recientes contra el huachicol fiscal. En los últimos meses, la actual estrategia de seguridad ha logrado decomisos de millones de litros de hidrocarburo, detenciones masivas y sanciones económicas, pero pocas veces con una implicación tan directa de altos mandos navales y funcionarios de aduanas.