Los registros indican que el exmando de la Secretaría de Marina recibió 41 depósitos que suman 40.3 millones de pesos en cuentas personales, además de realizar 59 transferencias por 39.7 millones de pesos. Parte de estas operaciones fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que detonó alertas dentro de la investigación.

Entre los movimientos destacan transferencias por al menos 10 millones de pesos hacia cuentas de Agronegocio SE, así como un depósito individual por 5 millones de pesos proveniente de Agroexportadora SE. Aunque el expediente no detalla el motivo de las transacciones, ambas empresas tienen como objeto social actividades agropecuarias.

La investigación identificó que dichas compañías están vinculadas al empresario sonorense Gilberto Salazar Escoboza, quien fue sentenciado en 2013 en Estados Unidos por fraude bancario relacionado con exportaciones simuladas. Esta conexión refuerza la hipótesis de un entramado financiero que combina empresas legales con operaciones presuntamente ilícitas.

El caso forma parte de la causa penal que sigue la Fiscalía General de la República contra integrantes de una red de huachicol fiscal detectada tras el arribo del buque Challenge Procyon a Tamaulipas en 2025. Las investigaciones apuntan a un esquema que utilizaba documentación falsa y empresas fachada para introducir hidrocarburos al país sin el pago de impuestos.

Además de los flujos financieros atípicos, el expediente revela vínculos empresariales más amplios. Documentos oficiales muestran que las compañías relacionadas con Salazar Escoboza también han tenido relaciones comerciales con Ramón Ángel Castillo Vázquez, socio de Farías Laguna en una firma inmobiliaria, lo que sugiere una red corporativa interconectada.

El empresario sonorense también ha mantenido cercanía con actores políticos en la entidad a lo largo de los años, incluyendo administraciones estatales previas, lo que añade un componente de poder económico y político al entramado.

Las autoridades también indagan el uso de empresas con actividades agrícolas como posibles vehículos para operaciones financieras, en un esquema que apunta a la diversificación de mecanismos de ocultamiento de recursos.

Este caso se suma a otras líneas de investigación sobre huachicol fiscal que han evidenciado modelos cada vez más sofisticados, donde convergen estructuras empresariales, redes logísticas y flujos financieros complejos para insertar combustibles ilícitos en el mercado formal.

La indagatoria continúa abierta, con el seguimiento de operaciones financieras, socios comerciales y posibles responsabilidades dentro y fuera del sector público.