Su espíritu valiente la llevó de Veracruz a la Ciudad de México para estudiar derecho, firme en la convicción de defender las causas justas, aportar su granito de arena a la transformación social desde las diferentes versiones de uno mismo.

Karen Ileana Ortiz es una de las voces femeninas más reconocidas del sector energético con una trayectoria que le ha permitido ocupar cargos directivos en instituciones públicas y el sector privado, resultado de la cultura del esfuerzo, pues el estudio, la constancia y la disciplina, han sido la llave para abrir esas puertas.

Su abuelo, ejemplo de fortaleza

Aunque la especialista nació en la Ciudad de México, desde recién nacida fue criada en Veracruz por sus abuelos, pues un problema de salud puso en riesgo la vida de su madre, quien afortunadamente saldría victoriosa de esa batalla.

Karen aprendió de su abuelo la cultura del esfuerzo y la fortaleza para defender sus ideales, además heredó este gusto por el sector energético, ya que es un ingeniero ex colaborador de PEMEX.

“Yo nazco prematura y mi mamá entra en coma, entonces me llevaron con mis abuelos, ya después mi mamá sale de peligro, pero yo crezco en Veracruz. Fui la primera nieta y crecí mucho con el reflejo y la imagen de mi abuelo materno, un hombre muy trabajador”, recordó en entrevista para Energy21.

Su abuelo es una figura clave en su vida, le ayudó a formar una personalidad con carácter firme para defenderse y le abrió las alas para mostrarle que todo era posible con trabajo y disciplina.

El carácter que se había forjado se convirtió en la guía para seguir sus sueños y estudiar derecho en la Ciudad de México. Desafortunadamente, este sería uno de los primeros enfrentamientos con el patriarcado.

“Estaba en la prepa y yo no quería estudiar en Veracruz, quería irme a la Ciudad de México y ser abogada, ese fue uno de mis primeros enfrentamientos con el patriarcado porque mi abuelo me decía que era una carrera de hombres”, comentó.

Con el corazón en la mano, Karen recuerda que su decisión causó una ruptura en su relación con quien había visto como un super héroe toda su vida, pero recordó que ella había sido formada para defender sus ideales.

Alentada por su madre, Karen tomó las maletas y emprendió su aventura académica en la capital del país. Sin embargo, aquí vendría el segundo round con el patriarcado, pues en una clase a la que asistió como oyente en una escuela privada de abogados, fue testigo de un acto de discriminación a una mujer que intentaba participar en la charla.

“Las mujeres se sentaban atrás, los hombres adelante y a una mujer que estaba participando y queriendo contestar una pregunta de bienes y derechos le pidieron más sensatez porque iba a ser la esposa de un notario. En ese momento me paré y me salí, no podía estar en un lugar así”, apuntó.

Ortiz decidió iniciar su formación profesional en el ITAM, dado que ahí encontró una escuela con especialización técnica y apertura a la participación femenina. Pese a que inicialmente también estudiaba la licenciatura en economía, tuvo que suspenderla, pues había obtenido una beca, por lo que debía estudiar y trabajar para complementar sus gastos.

Cada paso le permitía a Karen acercase a sus metas, por lo que en 2014 es aceptada para trabajar como subdirectora de Desarrollo Institucional de la Autoridad Investigadora en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), tras un largo proceso de selección.

“Algo que siempre tuve claro desde la secundaria es que yo venía a hacer mi propio nombre y construir mi propio camino, no vengo de una familia de abolengo ni de recomendados”, dijo.

Aquí se encendió la chispa para colaborar en el sector energético, pero enfocada en la industria eléctrica, camino que le ha dado grandes satisfacciones como ser una de las primeras mujeres participantes en arbitrajes internacionales y especialista en ejercer la competencia económica tras la Reforma Energética de 2013.

Con satisfacción de haber obtenido resultados positivos en su trayectoria profesional, Karen no se ha casado únicamente con la idea de ser abogada, hoy considera que existen muchas versiones de uno mismo que pueden aportar a la sociedad.

“Podemos ser lo que queramos, lo que arda dentro de nosotros para compartir al mundo. Yo soy abogada, pero no me caso con esa versión de mí, también soy socióloga y empresaria porque dirijo una empresa de cuidado personal (…) si tienes muchos talentos o si puedes desarrollar muchas versiones de ti mismo para generar un impacto para tu comunidad, para tu sociedad o para ser un ejemplo, no tengas miedo de hacerlo”, concluyó.

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Con presencia en Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Baja California y el Estado de México, entre otras entidades, la empresa dedicada a la distribución de gas LP ha protagonizado episodios que van desde accidentes graves hasta enfrentamientos con la competencia.

Explosión en Puebla y multa millonaria

El antecedente más severo ocurrió en 2013, cuando una explosión sacudió la planta de distribución de gas LP en Amozoc, Puebla, operada por la razón social Gas Pronto S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, dejando un saldo de siete muertos.

La Secretaría de Energía (Sener) sancionó a la compañía con 52.1 millones de pesos al detectar múltiples irregularidades como pipas sin registro ante la dependencia, válvulas vencidas y deficiencias técnicas en las unidades. El caso marcó uno de los episodios más graves de incumplimiento normativo en el sector.

Un año después, en 2014, una pipa de Tomza volcó en un camino de terracería en Puebla con más de 43 mil litros de gas. Aunque no hubo víctimas, la emergencia movilizó a bomberos y Protección Civil para trasvasar el combustible y evitar un siniestro mayor.

Conflictos laborales y sindicales

En años recientes, los problemas se trasladaron al terreno laboral. En 2023, trabajadores de Gas Tomza en Playa del Carmen y Cancún realizaron paros para denunciar despidos injustificados, abuso de poder y falta de libertad sindical.

Durante las protestas se registraron episodios de violencia, incluidos ataques de sujetos encapuchados contra empleados en paro y enfrentamientos entre grupos sindicales rivales. Los trabajadores exigieron un cambio en la representación sindical y mejoras en sus condiciones.

Acusaciones de monopolio

El nombre de Tomza también aparece en expedientes de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En 2021, la autoridad recibió denuncias contra la empresa y otras gaseras en Baja California por supuestas prácticas monopólicas y barreras regulatorias que impedían la entrada de competidores como Blue Propane.

Aunque la Cofece abrió el caso, hasta ahora no hay resolución pública sobre sanciones o medidas correctivas.

Pleitos con competidores

La competencia por el mercado de gas LP ha derivado incluso en enfrentamientos físicos. En 2020, en Tultitlán, Estado de México, trabajadores de Grupo Tomza y de otras empresas del sector como Gas Express Nieto y Regio Gas se confrontaron alrededor de una estación de carburación.

El historial de la empresa está marcado por deficiencias en seguridad, sanciones administrativas, choques con sindicatos y acusaciones de acaparar el mercado.

Aunque Grupo Tomza ha negado irregularidades en algunos de estos episodios, la acumulación de antecedentes refleja los riesgos que persisten alrededor de una compañía clave en el suministro de gas LP en México.

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Por más que el Gobierno intente envolver esta reforma en un discurso de inclusión, equidad digital y conectividad universal, la iniciativa en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy se discute  y probablemente se apruebe en el Senado, encierra un giro profundamente regresivo: concentrar el poder regulador, desdibujar los contrapesos y debilitar el marco institucional que costó décadas construir.

La reforma regresa en una versión modificada que incluye disposiciones absurdas y sin sentido, como la obligación de presentar el CURP al momento de contratar una línea de telefonía móvil. Los legisladores se equivocan al creer que esto terminará con la extorsión telefónica, ya que primero deberían evitar que los teléfonos ingresen a las cárceles y centros penitenciarios.

El documento oficial esconde bajo frases de buena voluntad un rediseño institucional peligroso. Se crea una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subordinada a la Agencia de Transformación Digital del Estado (ATDT), cuyos cinco comisionados serán nombrados directamente por el Presidente y ratificados por un Senado dominado por la mayoría de MORENA.

Se elimina al IFT como órgano constitucional autónomo, y con él, se evapora la independencia técnica que garantizaba decisiones con base en datos, no en líneas partidistas.

Se habla de competencia “en igualdad de condiciones”, pero al Estado se le permitirá ofrecer servicios de internet con una concesión comercial, compitiendo con los privados, al tiempo que se convierte en juez y parte.

Además, se otorgan funciones regulatorias clave a una Comisión Nacional Antimonopolio que tampoco será autónoma, y que entierra a la actual Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), un organismo que si bien no usó todos los dientes que tenía y en muchos casos quedó a deber, sí tenía un andamiaje institucional más sólido e independiente.

En un país con una democracia cada vez más erosionada, darle al Ejecutivo el control del espectro, de las concesiones, de los árbitros y de las reglas es algo más que un error técnico: es una señal de alarma democrática. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son demasiado importantes para quedar en manos de una sola visión política. Esta reforma no conecta a México con el futuro digital: lo enchufa a los circuitos de un poder sin contrapesos.

MORENA está retomando el control de todo, del Poder Judicial, de los reguladores y próximamente del INE ¿Para qué? Para no soltar el poder y convertir en realidad la amenaza que lanzó hace semanas el impresentable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña: “No nos vamos a ir en 40 años”.

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Con la propuesta que ya se discute en el Congreso, se pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dos órganos constitucionales autónomos que han sido claves para equilibrar el poder en los sectores de telecomunicaciones y competencia.

En su lugar, el Gobierno plantea crear tres nuevas entidades: una Agencia de Transformación Digital, una Comisión Antimonopolios y una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El resultado es un Frankenstein burocrático que multiplica el aparato estatal, sin demostrar que será más eficiente o menos costoso. Este rediseño no solo contradice el discurso de austeridad republicana, sino que abre la puerta a la captura política de sectores estratégicos, al eliminar los contrapesos técnicos que ofrecían independencia en la toma de decisiones.

Peor aún, también se discute otra reforma en materia de vigilancia y privacidad: se plantea que la Guardia Nacional, y por ende el Ejército, tenga la facultad de intervenir comunicaciones privadas, siempre que exista una orden judicial.

Pero en un país donde el Poder Judicial ha comenzado a ser colonizado por perfiles afines a Morena, tras los recientes cambios en los procesos de designación de jueces, esa “salvaguarda” es cada vez menos confiable. Así, el Estado no solo se hace más grande y opaco, sino también más intrusivo.

La autonomía regulatoria, el respeto a la competencia y la protección a la privacidad de los ciudadanos no pueden sacrificarse en nombre de una falsa modernización.

México necesita instituciones fuertes, no más oficinas, siglas y sellos. La nueva reforma en telecomunicaciones y la de la Guardia Nacional, no conecta con la realidad digital del siglo XXI, sino con las prácticas autoritarias del siglo pasado. Y eso debería preocuparnos a todos.

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El Gobierno federal está impulsando una reforma constitucional para crear un nuevo organismo antimonopolios que sustituya a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), sin embargo, la reforma energética aprobada en este sexenio establece que las empresas del Estado no podrán ser consideradas monopolio.

“Es precisa la inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones competitivas”, detalla la ICC.

El organismo identificó áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en México y aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer al país.

Entre los hallazgos más relevantes destacan 14 recomendaciones clave entre ellos el blindaje de la autonomía técnica, evitando interferencias políticas o empresariales, los nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos, designados por diferentes titulares del Ejecutivo.

Otorgar certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva autoridad, multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias internacionales, aprovechamiento del capital humano especializado de la COFECE e IFT.

ICC también recomendó mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y transformación digital, precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones administrativas, claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o “limitar indebidamente”.

Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas, extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos, certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de investigación.

La ICC también pidió un mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo caución, además de artículos transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y operativa.

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Su voz es serena detrás del teléfono, casi pausada, revela una mente que ha navegado los pasillos de las instituciones más complejas del país y que ha encontrado, tanto en los reguladores como en el campo abierto, un espacio para respirar, para crear, para liderar.

Isidro creció en el seno de una familia tradicional que lo llevaría a estudiar Derecho y a especializarse en competencia, regulación y mercados energéticos. Pero si uno se queda en los títulos, se pierde lo esencial: es la historia de un hombre que ha hecho del equilibrio su forma de vida.

Equilibrio entre el escritorio y la silla de montar. Entre las cifras del gas natural y los ladridos de sus perros, con quienes disfruta momentos de agradable compañía.

La ruta energética

La carrera de Isidro comenzó a tomar forma entre documentos, mapas de ductos y modelos económicos. Desde muy joven, supo que la energía no era solo una industria, sino una columna vertebral del país. Esa intuición lo llevó a pasar por tres de las instituciones más importantes del sector: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

En COFECE, fue testigo y actor del combate a las prácticas monopólicas y de la creación de condiciones para una competencia sana.

“La energía no solo debe llegar a todos, debe llegar en condiciones justas”, afirma al recordar su paso por la Comisión.

En la CRE, su mirada se enfocó en las zonas geográficas de distribución de petrolíferos. Ahí aprendió que la regulación también es un acto de justicia: equilibrar el acceso a un recurso estratégico, pensando no solo en la rentabilidad, sino en la dignidad de los usuarios.

Pero fue en CENAGAS donde su perfil técnico se volvió estratégico, pues participó en  decisiones clave para llevar a más regiones el gas natural mediante un suministro seguro, continuo y moderno. La palabra “integración” se convirtió en su mantra. No solo técnica, sino humana, institucional, territorial.

IFENERGHI: la independencia del visionario

Hoy, como director general de IFENERGHI, Isidro ha dado el salto que muchos sueñan pero pocos ejecutan: pasar del servicio público a la iniciativa privada sin perder el propósito.

Su empresa, enfocada en consultoría técnica, estratégica y regulatoria para proyectos de infraestructura energética, es el espacio donde converge todo su conocimiento. Pero también, su vocación por construir y transformar.

“No creo en los fracasos, solo en lecciones”, afirma.

Su fórmula de liderazgo es sereno, explica, y consiste en escuchar antes de hablar, proponer sin imponer, inspirar sin forzar.

Caballos y perros: las otras pasiones

Pero sería un error reducirlo solo a su carrera. Porque Isidro es también un hombre de pasiones hondas y silvestres. La charrería no es solo un hobby, es un refugio.

La vida entre cuacos, sombreros, lienzos y la cadencia de las suertes charras le ha enseñado el valor de la paciencia, del ritmo, del respeto por el tiempo.

“En el ruedo, como en la vida, no puedes apurar a la bestia. Hay que entrar con temple”, confiesa.

Y luego están los perros, sus compañeros fieles, sus cómplices silenciosos. Con ellos ha aprendido lo que ningún MBA enseña: lealtad, instinto, compañía sin condiciones, añade.

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Después de las reuniones que se han sostenido principalmente con organizaciones gasolineras, en diversos medios se señala que se topará la gasolina entre 22 y 24 pesos para la gasolina regular.

Sin embargo, lo anterior generaría una distorsión en el mercado que se busca aprovechar por la política de eliminar a la COFECE y sería una acción que contraviene la ley federal de competencia, sobre todo entendiendo que PEMEX ya no es un agente económico en el mercado de combustibles.

Sabemos que el precio de este petrolífero se compone con un 50% que se fija por el precio del mercado internacional, 40% por impuestos y 10%, por la cadena de valor que se forma en la logística de última milla.

Y de la cual se aplica además de un impuesto un estímulo fiscal que se publica en el DOF cada viernes para las zonas fronterizas y resto del país.

Sin embargo, esta medida busca también atañer costos asociados con situaciones inflacionarias y en su momento basados también en la extinción de los aún órganos reguladores, así como en su momento un sobreidea de alcanzar una promesa de bajar los precios de la gasolina que se maneja ya desde hace tiempo por gobiernos federales anteriores.

Esto haría inclusive que se tengan que hacer adecuaciones fiscales más que por eficiencias productivas de refinación para poder tener un precio por debajo de este precio en la terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de PEMEX para aquellos que son franquiciantes de la hoy empresa pública del Estado y ello también obliga al gobierno a establecer un mecanismo fiscal para lograrlo, sobre todo si las refinerías de nuestro país no operan ni al 50% de su capacidad y se depende de la importación de las mismas.

Además se incentiva un mercado informal para lograr que se tengan ganancias que se pueden dejar de obtener sobre todo entendiendo que las estaciones de servicio parte de su ganancia se aplica para cubrir los costos de operación y administración reduciendo considerablemente el margen de contribución, sumado a ello está la situación de en su caso agregar aquellas que son victimas del crimen organizado.

Por otro lado, también elimina la práctica de libre competencia no solo basada en precio sino en calidad del combustible y servicios otorgados al momento del suministro por parte de los consumidores finales.

Y es ahí en donde la empresa pública del Estado enfrenta problemas no solo por la estandarización y aseguramiento de la calidad sino por lo que hace a la contaminación del mismo, recientemente por agua que daña fuertemente los motores.

Por otro lado, desincentiva la inversión para este sector y atendería a buscar opciones de eficiencias logísticas en donde algunas marcas de importación podrían adquirir dominio de mercado en contra de lo que se busca.

Es importante, combatir más el huachicol que genera que se vendan gasolinas por precios muy por debajo al precio de TAR y que generaría más competencia que buscar topar el precio y buscar la maniobra fiscal, que muy seguramente no se aplicará en este sentido dejando al inversionista gasolinero además de un Estado de indefensión en una situación comprometida para su utilidad y posibles reinversiones en el mismo sector o buscar una integración que se encuentra acotada por la  llamada participación cruzada y que ahora en la nueva ley será manejada por la misma SENER o con acuerdos de colaboración con ECONOMÍA.

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El organismo también tiene alrededor de 25 investigaciones en curso en mercados de suma importancia para el bienestar de las familias mexicanas, así como para el desarrollo de una economía justa e incluyente.

El 20 y 24 de diciembre de 2024 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la reforma en materia de simplificación orgánica, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025 (PEF 2025), respectivamente.

La reforma de simplificación orgánica establece la creación de una nueva autoridad con autonomía técnica y operativa, la cual se encargará de vigilar y sancionar prácticas anticompetitivas en todos los sectores y mercados del país.

“Si bien esto implica una inminente extinción de la COFECE, en tanto se emiten las leyes secundarias y la reforma entra en vigor, la COFECE debe continuar ejerciendo sus funciones y tramitando sus procedimientos”, indicó.

El Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la COFECE mediante el PEF 2025 equivale a menos de una tercera parte del presupuesto originalmente solicitado y que es necesario para el cumplimiento de las atribuciones de la Cofece.

“Ante el limitado presupuesto de transición aprobado para 2025, la COFECE está tomando medidas extraordinarias para que los recursos asignados garanticen en la medida de lo posible, la continuidad de sus atribuciones y procedimientos hasta que se trasladen a la nueva autoridad de competencia”, indicó.

Con el objetivo de dar continuidad a los procedimientos sustantivos que actualmente se encuentran en curso, el organismo busca que exista una transición ordenada y articulada a la nueva autoridad de competencia.

En este sentido, la COFECE continuará buscando interlocución de manera proactiva con todas las instancias de gobierno involucradas, con el fin de establecer un programa de cierre adecuado, en el cual se garanticen recursos suficientes para la continuidad del debido proceso y la certidumbre a la inversión, en tanto el Congreso de la Unión delibera y aprueba la legislación secundaria en nuestro país y se crea la nueva autoridad de competencia.

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La reforma que desaparece a los organismos reguladores en energía, telecomunicaciones, transparencia y competencia económica ya fue aprobada por 12 congresos estatales, señala un informe de la consultoría Qua Energy.

La reforma necesita el aval de al menos 17 congresos estatales para cumplir el proceso legislativo y después ser enviada al Ejecutivo federal, a fin de que la promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Las entidades donde se ha aprobado son Tabasco, la Ciudad de México, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Sonora.

“Se estima que antes de que termine la primera semana de diciembre haya sido aprobada la reforma”, detalla Qua Energy.

Dentro de los 90 días posteriores a que los congresos de los estados aprueben la reforma, a más tardar abril de 2025, se tendrán que aprobar las reformas a las leyes secundarias en materia energética.

También será necesario realizar adecuaciones a la Ley de Hidrocarburos, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados del Sector Energético, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos, entre otras más.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán absorbidas por la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pasará a formar parte de la Secretaría de Economía (SE); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

Las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La consultoría sugirió a las empresas del sector energético seguir con el cumplimiento de las obligaciones anuales y periódicas establecidas en los términos y condiciones de los respectivos permisos, la Ley de Hidrocarburos, sus Reglamentos, las diversas DACG´s y los demás Acuerdos.

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El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 42 en contra del PAN, PRI y MC, a pesar de las advertencias del expertos sobre la falta de certeza que generará para invertir en México y el incumplimiento de las obligaciones en el T-MEC.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán absorbidos por la Secretaría de Energía (SENER), las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pasará a formar parte de la Secretaría de Economía (SE); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

Las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La COFECE y el IFT informaron que seguirán cumpliendo con sus funciones hasta que la reforma sea promulgada y entre en vigor.

El organismo antimonopolios destacó que si bien la reforma aprobada elimina la autonomía constitucional, preserva la existencia de una autoridad de competencia con independencia técnica y operativa respecto a sus decisiones, organización y funcionamiento, y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Todas ellas condiciones indispensables de una política de competencia robusta.

A su vez, el IFT pidió que el organismo que se encargue de la regulación mantenga imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas, los cuales son elementos indispensables para la implementación de la regulación y la aplicación de la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

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