El incremento en los precios internacionales del petróleo, que ha llevado a la mezcla mexicana a rondar los 99 dólares por barril, está generando ingresos extraordinarios para el sector público en 2026, sin embargo, una parte relevante de estos recursos está siendo absorbida por los subsidios a los combustibles, lo que limita su impacto en las finanzas públicas y en la inversión productiva.

De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el ajuste al alza en el precio del crudo, de 54.9 a 77.3 dólares por barril en los Precriterios 2027, abre la posibilidad de obtener ingresos adicionales que podrían alcanzar hasta 400 mil millones de pesos si el precio promedio anual se ubicara en 90 dólares.

No obstante, estos recursos no son completamente disponibles ni permanentes. El propio organismo advierte que se trata de ingresos transitorios, sujetos a la volatilidad del mercado energético internacional y a factores como el conflicto en Medio Oriente, particularmente en Irán, que ha presionado al alza las cotizaciones del crudo.

En este contexto, el Gobierno federal ha optado por canalizar parte de estos excedentes a contener el precio de las gasolinas y el diésel mediante estímulos fiscales. Esta política se traduce en una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e incluso en apoyos complementarios, lo que implica un costo directo para el erario.

Para la semana del 28 de marzo al 3 de abril, los estímulos alcanzaron el 15.68% para la gasolina magna y el 33.22% para el diésel, equivalentes a 1.05 y 2.45 pesos por litro, respectivamente. En contraste, la gasolina premium no recibió apoyo.

El CEESP señala que esta estrategia responde al compromiso del gobierno de evitar incrementos significativos en los precios de los combustibles, pero advierte que su costo fiscal es incierto y depende del comportamiento del consumo interno. Si la demanda de gasolinas aumenta, el riesgo es que el déficit fiscal supere lo previsto en el presupuesto.

Más allá del corto plazo, el organismo cuestiona el destino de los ingresos extraordinarios, al considerar que podrían estarse orientando hacia programas poco productivos, como los subsidios energéticos, en lugar de canalizarse a inversión en infraestructura, salud, educación o seguridad pública.

El análisis también subraya que no todos los recursos adicionales pueden destinarse libremente, ya que el marco macroeconómico ha sufrido ajustes en diversas variables, lo que reduce el margen efectivo de maniobra fiscal.

Así, aunque el repunte petrolero representa una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas, su aprovechamiento enfrenta el dilema de privilegiar la estabilidad en los precios de los combustibles o destinar los excedentes a proyectos de largo plazo que impulsen el crecimiento económico.

En este escenario, la dependencia de México respecto a los ingresos petroleros vuelve a quedar en evidencia, al tiempo que se abre el debate sobre la sostenibilidad de una política energética basada en subsidios en un entorno de alta volatilidad internacional.

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La Secretaría de Hacienda enfrentará en 2026 un faltante de 59.3 mil millones de pesos en ingresos públicos respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos, en un contexto de menor plataforma petrolera, desaceleración económica y presión por los subsidios a combustibles, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el organismo, mantener sin cambios la expectativa de crecimiento de 2.3% para este año implicará menores recursos fiscales, a lo que se suma una reducción de 15.8 mil millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros.

En este entorno, el costo de los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel se vuelve un factor adicional de presión. Tan solo en la semana del 11 al 17 de abril, el subsidio representó una pérdida recaudatoria de hasta 1.8 pesos por litro de gasolina regular, 0.5 pesos en premium y 5.9 pesos por litro de diésel.

El CEESP explicó que estos apoyos buscan contener el impacto inflacionario ante el encarecimiento del petróleo por tensiones geopolíticas; sin embargo, implican un costo fiscal elevado y reducen una de las principales fuentes de ingresos tributarios.

En paralelo, los ingresos petroleros continúan mostrando debilidad. Entre enero y febrero de 2026 sumaron 136.4 mil millones de pesos, una caída real de 9.1% anual, afectada por la disminución en la producción de crudo, que pasó de 1.87 millones de barriles diarios en febrero de 2023 a 1.65 millones en el mismo mes de este año.

El organismo subrayó que México mantiene una alta dependencia de importaciones de combustibles, 42.2% de la gasolina consumida, lo que incrementa la exposición a los precios internacionales y refuerza la presión para mantener estímulos fiscales.

En este contexto, advirtió que el margen fiscal para sostener los subsidios se está reduciendo. De no haber espacio suficiente, el Gobierno enfrentará la disyuntiva de permitir aumentos más pronunciados en los precios de los combustibles o profundizar los recortes al gasto público, particularmente en inversión, con posibles efectos adversos sobre la actividad económica.

Finalmente, el CEESP señaló que una mayor competencia en la cadena de petrolíferos, junto con mejoras en infraestructura logística y de almacenamiento, podría contribuir a una formación de precios más eficiente y reducir la necesidad de subsidios en el mediano plazo.

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El organismo señaló que el PIB cayó 0.3% en el tercer trimestre frente al trimestre previo, mientras que en su comparación anual retrocedió 0.2%.

Con ello, el crecimiento acumulado de enero a septiembre es apenas de 0.4%, por lo que alcanzar el 0.5% previsto por analistas del sector privado dependería de un repunte que “luce complicado”, especialmente después de que octubre, primer mes del último trimestre, inició con un desempeño negativo.

El deterioro provino principalmente de las actividades secundarias, que se contrajeron 1.5% trimestral y 2.7% anual, su peor resultado desde 2020.

La manufactura, clave para el sector exportador, cayó 1.3% trimestral y 1.8% anual, afectada por la desaceleración del comercio exterior, la política arancelaria de Estados Unidos y la creciente competencia de productos asiáticos. De los 21 subsectores manufactureros, 15 reportaron caídas anuales.

La construcción profundizó su retroceso con un desplome de 3.3% trimestral y 4.6% anual, reflejo directo de la debilidad de la inversión.

La minería, pese a un avance trimestral de 2.4%, acumuló nueve trimestres consecutivos con caídas anuales, esta vez de 5.1%.

Solo el rubro de generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas reportó un ligero crecimiento trimestral de 0.2% y anual de 1.5%, aunque insuficiente para compensar el deterioro industrial.

Las actividades terciarias, comercio y servicios, avanzaron apenas 0.2% trimestral y 1% anual. Este es su menor crecimiento anual desde el primer trimestre de 2021, reflejo de una demanda interna debilitada.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI confirma esta tendencia: en octubre anticipa un crecimiento nulo mensual y anual de la economía.

“Los resultados son débiles para lograr un ritmo de crecimiento suficiente y sostenido”, advirtió el organismo.

La economía iniciaría el último trimestre sin impulso y con factores de riesgo como la incertidumbre en política exterior, el debilitamiento manufacturero y la reducción en la capacidad de crecimiento industrial desde 2022.

Con este panorama, el organismo considera complicado que México alcance incluso el ya bajo pronóstico de 0.5% para todo 2025.

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De acuerdo con su más reciente Análisis Económico Ejecutivo, el organismo señaló que, pese al optimismo de las autoridades sobre la resiliencia de la actividad económica, los indicadores del INEGI confirman un escenario de desaceleración. En julio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.5% mensual y 0.2% anual, mientras que en agosto apenas se prevé un repunte marginal de 0.1% mensual.

El consumo privado registró en julio una caída mensual y anual de 0.7%, acumulando dos meses consecutivos en terreno negativo. En tanto, la inversión total avanzó apenas 0.2% en el segundo trimestre, pero se mantiene con un retroceso anual de 5.9%. El deterioro más marcado se observa en la inversión pública, que acumula cinco trimestres seguidos a la baja con una caída anual de 19.7%.

La inversión privada también se mantiene cautelosa ante la incertidumbre sobre la reforma judicial y la política arancelaria de Estados Unidos, mostrando un avance de 0.3% trimestral, pero con una contracción anual de 4.3%.

En contraste, las exportaciones han sostenido la actividad económica. En el segundo trimestre crecieron 0.6% trimestral y 12% anual, manteniendo un ritmo de dos dígitos que ha permitido amortiguar la debilidad interna.

El CEESP subrayó que la revisión del T-MEC será determinante para fortalecer la integración de Norteamérica y dar un nuevo impulso a las expectativas de crecimiento.

En Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron 0.6% en agosto, el doble de lo esperado por el mercado, con un dinamismo particular en ropa y alimentos. Además, la producción industrial avanzó 0.1% mensual, mostrando resiliencia en su sector manufacturero y minero.

El organismo advirtió que, sin un repunte en consumo e inversión, México dependerá cada vez más del sector externo, un factor positivo pero insuficiente para generar empleos de calidad y mejorar el bienestar de los hogares.

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El reporte afirma que México enfrenta una desaceleración generalizada tras el rebote pospandemia. Indicadores clave como la inversión fija bruta, el consumo privado y el crecimiento del PIB han registrado caídas consecutivas. En marzo, la inversión cayó 4.7% anual, mientras que el consumo retrocedió 1.3%. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.1% anual en marzo y se anticipa un nuevo retroceso de 0.3% en mayo.

“México tiene grandes oportunidades para reactivarse, especialmente con el fenómeno del nearshoring, pero no serán aprovechadas sin reglas claras, seguridad jurídica y un ambiente institucional confiable”, advierte el CEESP.

La persistencia de problemas estructurales como la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la falta de certeza regulatoria está inhibiendo la inversión privada, y con ella, las posibilidades de crecimiento sostenido.

Aunque el Gobierno estima un crecimiento de 1.9% del PIB para 2025, el CEESP considera que esa cifra es optimista e incluso algunos pronósticos ya se ubican en terreno negativo. En este contexto, el organismo enfatiza que la inversión, tanto pública como privada, debe destinarse a proyectos con verdadera rentabilidad social, especialmente en infraestructura, salud, seguridad y educación.

El documento concluye que sin voluntad política para garantizar condiciones propicias a la inversión y al Estado de derecho, México corre el riesgo de desaprovechar una coyuntura global favorable y caer en una trampa de bajo crecimiento económico prolongado.

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