La Secretaría de Hacienda enfrentará en 2026 un faltante de 59.3 mil millones de pesos en ingresos públicos respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos, en un contexto de menor plataforma petrolera, desaceleración económica y presión por los subsidios a combustibles, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el organismo, mantener sin cambios la expectativa de crecimiento de 2.3% para este año implicará menores recursos fiscales, a lo que se suma una reducción de 15.8 mil millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros.

En este entorno, el costo de los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel se vuelve un factor adicional de presión. Tan solo en la semana del 11 al 17 de abril, el subsidio representó una pérdida recaudatoria de hasta 1.8 pesos por litro de gasolina regular, 0.5 pesos en premium y 5.9 pesos por litro de diésel.

El CEESP explicó que estos apoyos buscan contener el impacto inflacionario ante el encarecimiento del petróleo por tensiones geopolíticas; sin embargo, implican un costo fiscal elevado y reducen una de las principales fuentes de ingresos tributarios.

En paralelo, los ingresos petroleros continúan mostrando debilidad. Entre enero y febrero de 2026 sumaron 136.4 mil millones de pesos, una caída real de 9.1% anual, afectada por la disminución en la producción de crudo, que pasó de 1.87 millones de barriles diarios en febrero de 2023 a 1.65 millones en el mismo mes de este año.

El organismo subrayó que México mantiene una alta dependencia de importaciones de combustibles, 42.2% de la gasolina consumida, lo que incrementa la exposición a los precios internacionales y refuerza la presión para mantener estímulos fiscales.

En este contexto, advirtió que el margen fiscal para sostener los subsidios se está reduciendo. De no haber espacio suficiente, el Gobierno enfrentará la disyuntiva de permitir aumentos más pronunciados en los precios de los combustibles o profundizar los recortes al gasto público, particularmente en inversión, con posibles efectos adversos sobre la actividad económica.

Finalmente, el CEESP señaló que una mayor competencia en la cadena de petrolíferos, junto con mejoras en infraestructura logística y de almacenamiento, podría contribuir a una formación de precios más eficiente y reducir la necesidad de subsidios en el mediano plazo.

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El sector energético, particularmente la extracción de petróleo, gas y energía, se mantiene como uno de los pilares dentro de la relación comercial entre México y Estados Unidos, en un contexto en el que el país se consolidó en 2025 como el principal mercado de exportación estadounidense a nivel global.

Cifras recopiladas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Oficina del Censo de Estados Unidos, señalan que las exportaciones de bienes de ese país hacia México alcanzaron 337.9 mil millones de dólares en 2025, equivalentes al 15.5% del total, superando por primera vez a Canadá como principal destino anual.

Dentro de la estructura sectorial del comercio, el documento identifica explícitamente al capítulo 27, relativo a la extracción de petróleo, gas y energía, como una de las industrias en las que México figura como el principal mercado para Estados Unidos, lo que coloca al sector energético entre los rubros estratégicos del intercambio bilateral.

La cifra apunta a que la demanda mexicana de hidrocarburos y energéticos estadounidenses no es marginal, sino estructural dentro del portafolio exportador de Estados Unidos, al mismo nivel que sectores industriales como electrónicos que se concentran en el capítulo 85, hierro y acero con los capítulos 72 y 73, respectivamente, o maquinaria.

El comunicado también subraya que México es comprador clave de energía estadounidense, junto con bienes industriales y agrícolas, lo que refleja la creciente integración energética de América del Norte, especialmente en el suministro de gas natural y petrolíferos que abastecen al sistema eléctrico y a la industria mexicana.

A nivel agregado, México se ubica como el principal destino para el 25% de los sectores económicos de exportación de Estados Unidos y como el primer o segundo mercado para el 75% de sus industrias, lo que incluye las vinculadas a la cadena energética y de hidrocarburos.

El documento señala que México ha sido el principal proveedor de Estados Unidos desde 2023, lo que evidencia un intercambio energético bidireccional donde, por un lado, México exporta crudo y manufacturas energéticas, y por otro, importa insumos energéticos clave, especialmente gas natural y combustibles refinados, para sostener su actividad industrial y sus exportaciones manufactureras hacia el propio mercado estadounidense.

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El organismo subraya que el plan contempla una bolsa total de 5.6 billones de pesos a ejecutarse en ocho sectores estratégicos, entre ellos energía, bajo un esquema que combina recursos públicos y capital privado, una señal relevante en un contexto donde la inversión gubernamental por sí sola resulta insuficiente para detonar crecimiento sostenido, indica el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Según el CEESP, elevar la inversión pública hasta 4.4% del PIB en 2026 representa un avance importante, pero no resuelve el desafío estructural del crecimiento económico.

Para que la economía mexicana crezca a tasas cercanas al 4% anual, se requiere una inversión total superior al 25% del PIB, donde la participación del capital privado, que históricamente aporta cerca del 90% del total de la inversión, es indispensable.

En este contexto, el documento destaca que permitir la participación privada en proyectos públicos no solo amplía la disponibilidad de recursos financieros, sino que también mejora la confianza de inversionistas y emprendedores, un factor clave tras varios años de cautela empresarial.

La inversión mixta, señala el CEESP, tiene el potencial de detonar proyectos de mayor escala, acelerar su ejecución y elevar la productividad del aparato productivo.

El análisis enfatiza que sectores como energía, transporte y logística requieren esquemas de coinversión para reducir costos de producción, fortalecer la competitividad y generar condiciones para un mayor crecimiento del empleo formal.

En particular, una infraestructura energética eficiente es vista como un habilitador transversal para el resto de las actividades económicas.

No obstante, el CEESP advierte que el éxito de la estrategia dependerá de que la inversión mixta se acompañe de certidumbre jurídica, reglas claras y un entorno de estado de derecho, condiciones necesarias para que el capital privado participe de manera sostenida y a largo plazo.

De consolidarse este enfoque, el organismo considera factible que el crecimiento económico supere el 3% anual durante el periodo del plan, con impactos positivos en productividad, empleo y bienestar, añade el organismo.

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La solicitud fue planteada por Sergio Gómez Lora, representante del CCE en Washington, durante su participación en las audiencias públicas organizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), parte del proceso preparatorio para la revisión del acuerdo.

El sector privado mexicano insistió en que la continuidad del T-MEC es indispensable para mantener la integración productiva regional, fortalecer la competitividad frente a otras economías y proteger el crecimiento del comercio bilateral. Para respaldar su posición, el CCE expuso tres razones que, afirmó, muestran la importancia estratégica de México para la economía estadounidense.

La primera es el peso del mercado mexicano para las exportaciones de Estados Unidos. México se mantuvo como su principal destino en 2025, con compras por 226 mil millones de dólares entre enero y agosto, equivalentes al 16% de todas sus ventas externas. En 24 industrias estadounidenses, desde granos y alimentos hasta químicos, textiles y autopartes, México es el comprador número uno.

El CCE también destacó que buena parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos llevan contenido estadounidense, lo que convierte al comercio bilateral en un generador directo de empleo al norte de la frontera. Cerca del 40% de lo que México vende a ese país son bienes intermedios utilizados por la manufactura estadounidense.

Como tercer punto, subrayó la complementariedad de ambas economías, que permite que los consumidores tengan acceso a productos de mayor calidad y menor precio. Mientras Estados Unidos abastece a México de granos para sostener su producción pecuaria, los estadounidenses reciben todo el año frutas y verduras frescas provenientes de México.

El CCE advirtió que la revisión del T-MEC debe centrarse en garantizar acceso arancelario pleno para los bienes que cumplan reglas de origen y mantener la certidumbre jurídica que ha permitido que el acuerdo se convierta en el pilar del comercio regional.

Las audiencias del USTR se llevarán a cabo durante tres días y reunirán a más de cien participantes, incluidos líderes empresariales, legisladores, sindicatos, centros de investigación y organizaciones civiles de Estados Unidos.

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El organismo señaló que el PIB cayó 0.3% en el tercer trimestre frente al trimestre previo, mientras que en su comparación anual retrocedió 0.2%.

Con ello, el crecimiento acumulado de enero a septiembre es apenas de 0.4%, por lo que alcanzar el 0.5% previsto por analistas del sector privado dependería de un repunte que “luce complicado”, especialmente después de que octubre, primer mes del último trimestre, inició con un desempeño negativo.

El deterioro provino principalmente de las actividades secundarias, que se contrajeron 1.5% trimestral y 2.7% anual, su peor resultado desde 2020.

La manufactura, clave para el sector exportador, cayó 1.3% trimestral y 1.8% anual, afectada por la desaceleración del comercio exterior, la política arancelaria de Estados Unidos y la creciente competencia de productos asiáticos. De los 21 subsectores manufactureros, 15 reportaron caídas anuales.

La construcción profundizó su retroceso con un desplome de 3.3% trimestral y 4.6% anual, reflejo directo de la debilidad de la inversión.

La minería, pese a un avance trimestral de 2.4%, acumuló nueve trimestres consecutivos con caídas anuales, esta vez de 5.1%.

Solo el rubro de generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas reportó un ligero crecimiento trimestral de 0.2% y anual de 1.5%, aunque insuficiente para compensar el deterioro industrial.

Las actividades terciarias, comercio y servicios, avanzaron apenas 0.2% trimestral y 1% anual. Este es su menor crecimiento anual desde el primer trimestre de 2021, reflejo de una demanda interna debilitada.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI confirma esta tendencia: en octubre anticipa un crecimiento nulo mensual y anual de la economía.

“Los resultados son débiles para lograr un ritmo de crecimiento suficiente y sostenido”, advirtió el organismo.

La economía iniciaría el último trimestre sin impulso y con factores de riesgo como la incertidumbre en política exterior, el debilitamiento manufacturero y la reducción en la capacidad de crecimiento industrial desde 2022.

Con este panorama, el organismo considera complicado que México alcance incluso el ya bajo pronóstico de 0.5% para todo 2025.

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En su más reciente análisis, el organismo subrayó que la economía mexicana inició el segundo semestre del año con un desempeño negativo. En julio el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) retrocedió 0.9% mensual y 1.2% anual, la caída más pronunciada desde 2021. Este debilitamiento se suma a una tendencia descendente en la inversión y el consumo desde finales de 2023.

El CEESP explicó que la incertidumbre en torno a las reformas internas se ha convertido en un factor que desanima tanto a empresas como a emprendedores.

La falta de órganos reguladores independientes y la percepción de un sistema judicial menos imparcial podrían traducirse en mayores costos para las unidades productivas, al limitar una regulación eficiente y neutral. Esto, junto con el aumento en los costos laborales, complica el panorama para las empresas y frena la creación de empleos formales de calidad, impulsando la expansión de la informalidad.

De acuerdo con el Censo Económico 2024, entre 2018 y 2023 el número de unidades productivas en el país aumentó en 668 mil, pero el 76.5% de ellas corresponde a negocios en la informalidad. Esta tendencia se refleja también en el mercado laboral, ya que en los primeros siete meses de este año la población ocupada creció en 1.5 millones de personas, aunque todos estos empleos fueron informales, mientras que el empleo formal cayó en más de 800 mil plazas.

El análisis enfatizó que, aunque organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han revisado al alza las perspectivas de crecimiento para México, de 0.2% a 1% para este año y 1.5% para 2026, estas cifras son insuficientes para mejorar el bienestar de la población y difícilmente se cumplirán las proyecciones oficiales de la Secretaría de Hacienda.

El CEESP insistió en que para revertir esta situación es indispensable fortalecer el marco institucional, garantizar la independencia regulatoria y generar condiciones de certidumbre que impulsen la inversión privada. De lo contrario, alertó, el país continuará atrapado en un ciclo de bajo crecimiento, precarización laboral y expansión de la economía informal.

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De acuerdo con su más reciente Análisis Económico Ejecutivo, el organismo señaló que, pese al optimismo de las autoridades sobre la resiliencia de la actividad económica, los indicadores del INEGI confirman un escenario de desaceleración. En julio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.5% mensual y 0.2% anual, mientras que en agosto apenas se prevé un repunte marginal de 0.1% mensual.

El consumo privado registró en julio una caída mensual y anual de 0.7%, acumulando dos meses consecutivos en terreno negativo. En tanto, la inversión total avanzó apenas 0.2% en el segundo trimestre, pero se mantiene con un retroceso anual de 5.9%. El deterioro más marcado se observa en la inversión pública, que acumula cinco trimestres seguidos a la baja con una caída anual de 19.7%.

La inversión privada también se mantiene cautelosa ante la incertidumbre sobre la reforma judicial y la política arancelaria de Estados Unidos, mostrando un avance de 0.3% trimestral, pero con una contracción anual de 4.3%.

En contraste, las exportaciones han sostenido la actividad económica. En el segundo trimestre crecieron 0.6% trimestral y 12% anual, manteniendo un ritmo de dos dígitos que ha permitido amortiguar la debilidad interna.

El CEESP subrayó que la revisión del T-MEC será determinante para fortalecer la integración de Norteamérica y dar un nuevo impulso a las expectativas de crecimiento.

En Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron 0.6% en agosto, el doble de lo esperado por el mercado, con un dinamismo particular en ropa y alimentos. Además, la producción industrial avanzó 0.1% mensual, mostrando resiliencia en su sector manufacturero y minero.

El organismo advirtió que, sin un repunte en consumo e inversión, México dependerá cada vez más del sector externo, un factor positivo pero insuficiente para generar empleos de calidad y mejorar el bienestar de los hogares.

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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la economía mexicana enfrenta un escenario frágil, con una caída sostenida en la inversión pública y privada, menor generación de empleo formal y un repunte de la informalidad laboral.

De acuerdo con su Análisis Económico Ejecutivo, en mayo la inversión pública retrocedió 25.8% anual, acumulando 13 meses consecutivos a la baja, lo que ha inhibido al sector privado. A su vez, la inversión privada cayó 4.9% en el mismo mes, lo que llevó a que la inversión total registrara una contracción anual de 7.1% y nueve meses seguidos en terreno negativo.

“Este debilitamiento limita la creación de empleo formal de calidad, inhibiendo una mejora en el bienestar de los hogares”, destacó el organismo.

El mercado laboral refleja esta precarización: en el segundo trimestre de 2025, la pobreza laboral subió a 35.1% de la población, mientras que la informalidad alcanzó 56.1%, al aumentar en 1.2 millones el número de trabajadores en esa condición.

El CEESP subrayó que el alza en el salario mínimo, aunque ha beneficiado a ciertos sectores, se ha traducido en un desplazamiento de ocupados hacia los rangos más bajos de ingreso: entre enero y julio, tres millones de personas se incorporaron al nivel de hasta un salario mínimo, mientras que los que ganan más de esa cantidad se redujeron en 2.2 millones.

En paralelo, el consumo privado muestra debilidad, con tres meses consecutivos de caídas, 0.1% en junio y 0.4% en julio, y siete descensos en los últimos ocho meses.

En materia fiscal, aunque los ingresos del sector público crecieron 3.4% en el primer semestre, la inversión física del gobierno se redujo 30.4%, con recortes en sectores clave: 34% en protección ambiental, 11.1% en seguridad interior, 8% en salud y 2.3% en educación.

El endeudamiento público también sigue en aumento: al cierre de junio, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alcanzó 17.8 billones de pesos, equivalentes a 135 mil pesos per cápita, 60% más que en 2018.

La encuesta de expectativas del sector privado refuerza este pesimismo: 98% de los especialistas considera que la economía está peor que hace un año, 83% prevé que el clima de negocios se mantendrá igual o empeorará en los próximos seis meses y 70% lo percibe como un mal momento para invertir.

Los principales obstáculos para hacer negocios siguen siendo la inseguridad, la corrupción y la falta de estado de derecho, a lo que se suman factores externos como la política arancelaria de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la reforma judicial en México.

En entrevista tras la presentación del plan, Cervantes destacó tres aspectos clave: el reconocimiento explícito a la participación de la iniciativa privada, el enfoque sustentable del proyecto, y la reacción favorable de las calificadoras financieras tras el anuncio.

“Lo primero es que se está reconociendo la participación de la iniciativa privada; segundo, el enfoque sustentable, que para nosotros es fundamental; y tercero, que las calificadoras reaccionaron positivamente. Esa es la mejor señal que se puede tener”, afirmó el líder empresarial.

Sobre el rezago de pagos en PEMEX,  Cervantes confirmó que con este plan se habilitarán dos ventanillas, una en la petrolera y otra en Banobras, para comenzar a liquidar adeudos a proveedores de forma transparente.

“Estábamos esperando justamente este lanzamiento. Jorge Mendoza lo explicó muy claro: ya va a haber una ventanilla para empezar a pagar, con total transparencia”, indicó.

El dirigente del CCE insistió en que el país tiene hoy dos grandes palancas para el crecimiento, que son la atracción de inversiones por nearshoring y la aceleración del plan de infraestructura.

Subrayó que las obras anunciadas no sólo contemplan energía, sino también componentes hidráulicos, modernización de aeropuertos y expansión portuaria.

“México necesita acelerar en infraestructura energética, hidráulica, eléctrica y logística. La frontera está saturada, y los puertos jugarán un rol clave. Es un plan transversal”, subrayó.

Además, resaltó que la iniciativa contempla al sector social y a la ciudadanía, algo que calificó como un doble valor. “Están informando e invitando a participar. Eso es muy positivo”.

Cervantes aseguró que hay un fuerte interés del sector privado por sumarse al nuevo plan energético a través de esquemas de inversión mixta, tanto por parte de empresas nacionales como extranjeras, particularmente en proyectos relacionados con generación eléctrica y centros de datos.

“México se vuelve muy atractivo con todo este impulso. Hay mucho ánimo de las empresas de venir a invertir, sobre todo en energía y data centers”, añadió.