México busca elevar la participación de empresas y proveedores nacionales en los proyectos energéticos mediante nuevas metodologías para medir, verificar y certificar el contenido nacional en las industrias de hidrocarburos, eléctrica y de biocombustibles y pasar del 35% al 40% de este requerimiento.
El objetivo es fortalecer las cadenas productivas locales, reducir la dependencia de insumos importados y ofrecer mayor certidumbre sobre el origen de los bienes y servicios que se incorporan a estas actividades.
En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), presentó las metodologías como un mecanismo para unificar criterios que hasta ahora se encontraban dispersos en distintas disposiciones. La dependencia busca, además de cumplir con las obligaciones legales, identificar qué parte de las compras, contrataciones e inversiones energéticas se queda efectivamente en el país.
“El objetivo es poder medir cuál es el contenido nacional en uno de los sectores más importantes de la economía en México. Poder darle seguimiento y al mismo tiempo también promover el aumento del contenido nacional”, indicó el funcionario federal.
Nuevas reglas reducirán acreditación a 90 días
De acuerdo con Ebrard, el cambio también tiene una implicación operativa: el plazo para acreditar el contenido nacional se reducirá de 18 meses a 90 días naturales. La intención es agilizar los procedimientos para las empresas y contar con información verificable que permita evaluar el cumplimiento de los porcentajes establecidos en la normativa, en cumplimiento con el artículo 74 de las leyes energéticas correspondientes, promulgadas el 18 de marzo de 2025.
La medida tiene estrecha vinculación con la estrategia del “Hecho en México”. “Certificar que en efecto se llevó a cabo en nuestro país, se fabricó en nuestro país, o se diseñó en nuestro país, o se manufacturó en nuestro país”, sostuvo.
Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético, informó que, entre octubre de 2024 y octubre de 2026, la SE emitió 320 opiniones técnicas relacionadas con programas de cumplimiento de contenido nacional para las etapas de exploración, evaluación y desarrollo.
Esos programas están asociados con inversiones previstas por 152 mil 024 millones de dólares (mdd) durante los próximos 30 años. De ese monto, 60 mil 811 mdd corresponderían a contenido nacional, equivalente a 40% de la inversión considerada, por encima del umbral de 35% establecido en la normativa.
Agregó que, en el mismo periodo, se realizaron 31 procedimientos de verificación del gasto de contenido nacional, mediante los cuales se comprobó un monto superior a 223 mdd.
El contenido nacional no se limita a ensamblar un equipo en México o contratar mano de obra local. De acuerdo con Uribe, las metodologías consideran bienes y servicios de origen nacional, trabajadores mexicanos, capacitación especializada, inversión en infraestructura local y regional, así como transferencia tecnológica e innovación.
Esta última dimensión busca que los proyectos no sólo generen compras en el país, sino que también contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas. Para avanzar en ese objetivo, la Secretaría de Economía trabaja con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el propósito de vincular proyectos de investigación y laboratorios con las necesidades de las empresas energéticas, incluida Petróleos Mexicanos (Pemex).
Buscan sumar más proveedores nacionales
Otro de los pasos anunciados este lunes 19 de octubre fue el de fortalecer el catálogo de bienes y servicios y el registro de proveedores nacionales de las tres industrias. La dependencia prevé trabajar con Pemex, empresas instaladas en México y secretarías de desarrollo económico estatales para identificar a los proveedores que operan en distintas regiones y detectar oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se incorporen a las cadenas de suministro.
Este punto es relevante para la logística y el transporte, ya que los proyectos energéticos requieren una red de suministros que abarca equipos, materiales, servicios técnicos, infraestructura y movimiento de mercancías.
La trazabilidad del origen será otro componente importante. Ebrard subrayó que el comercio internacional dará cada vez más peso a las reglas de origen, que permiten determinar dónde se fabrica un producto y qué insumos incorpora. En ese contexto, documentar el origen de los bienes y servicios puede ayudar a las empresas a demostrar que cumplen las condiciones aplicables a sus operaciones comerciales.
En ese sentido, la Secretaría de Economía ha explicado que su área de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético tiene entre sus funciones medir el contenido nacional y promover cadenas productivas locales. La legislación del sector eléctrico también contempla una metodología para medir y verificar esa participación, mientras que la Ley de Hidrocarburos establece un mínimo promedio de 35% para actividades de exploración y extracción.
Las metodologías presentadas se insertan en una estrategia más amplia para desarrollar proveedores mexicanos y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sectoriales. El resultado se medirá no solo por la rapidez de los trámites, sino por la capacidad de traducir las reglas en más contratos para empresas nacionales, mayor desarrollo tecnológico y una participación productiva más amplia en las inversiones energéticas.
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