Fuentes de la industria nos comentan que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) vuelve a cambiar de mando, ahora llega Andrea González Hernández, quien hasta hace unos días era Subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza en la Profeco, para sustituir a Rebeca Olivia Sánchez Sandín, quien apenas había sido nombrada el 13 de febrero, y cuyo paso por la ASEA fue efímero.
La ASEA no es cualquier órgano, es el regulador encargado de vigilar la seguridad industrial y la protección ambiental de toda la cadena de hidrocarburos, desde la exploración hasta la venta de combustibles. Es, en teoría, el dique técnico frente a los riesgos de una industria de alto impacto, pero en la práctica, hoy parece más una silla giratoria.
La decisión, atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum, según nos cuentan, apunta a que Andrea González fue considerada un perfil más adecuado. Su experiencia reciente viene de la verificación al consumidor, no de la regulación ambiental o de seguridad industrial.
Su principal carta credencial visible es su participación en operativos conjuntos entre Profeco y la propia ASEA. En uno de ellos, a inicios de diciembre de 2025, recorrió varias localidades para inspeccionar estaciones de servicio.
En Baja California, por ejemplo, las brigadas encabezadas por González Hernández visitaron siete gasolineras. El saldo fue de tres se negaron a ser inspeccionadas, una vendía litros incompletos, otra estaba amparada y solo dos operaban sin irregularidades. Por su parte, la ASEA clausuró tres estaciones por incumplimientos ambientales.
Ese tipo de operativos habla de coordinación institucional, pero también de un enfoque muy específico, centrado en la verificación en campo de estaciones de servicio. No es lo mismo que diseñar, ejecutar y supervisar la política de seguridad industrial y ambiental de un sector que incluye refinerías, ductos, plataformas y terminales.
De Andrea González se sabe poco, su rastro público es limitado. Entre 2015 y 2024 fue directora general de Patrimonio Inmobiliario en la Ciudad de México. Antes, ocupó cargos como subdirectora de Verificación y Reglamentos en la entonces delegación Tlalpan. Trayectoria administrativa, pero especialización energética, no necesariamente.
El relevo constante en la ASEA es un síntoma, pues la agencia, que debería ser un pilar técnico, está atrapada en una lógica política de ajustes y reacomodos. Cada cambio implica curva de aprendizaje, redefinición de prioridades y, en los hechos, una pausa operativa.
Y todo esto ocurre en un momento crítico. Hace apenas unos días, un accidente en la refinería Olmeca de Dos Bocas dejó cinco personas muertas. Un evento grave en la instalación insignia del proyecto energético actual. Sin embargo, la ASEA, la autoridad responsable de investigar, supervisar y, en su caso, sancionar, no ha tenido una postura pública clara ni visible.
Cuando el regulador cambia de cabeza cada pocas semanas, el mensaje que se envía es otro. No es el de una institución sólida, sino el de una dependencia en ajuste permanente.
La pregunta de fondo no es si Andrea González es capaz o no. Es si la ASEA puede cumplir su función en medio de esta inestabilidad. Porque mientras la política se mueve, los riesgos siguen ahí, en refinerías, en ductos, en terminales, en cada punto donde la energía se produce, se transforma o se transporta. Y esos riesgos no esperan a que el regulador se reorganice.
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