La Reforma Energética 2.0 impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que actualmente está en discusión en la Cámara de Senadores, trae consigo importantes cambios que impactarán -apuesto a que así será- a los regulados del mercado de combustibles; sin embargo, ha surgido la inquietud sobre aspectos como la posible centralización regulatoria, la modificación en el esquema de otorgamiento de permisos, la influencia que esta reforma tendrá en la competencia y la inversión, así como la forma en la determinación o fijación de los precios de los combustibles y su abasto.
1. Regulación y permisos
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía (SENER) y la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE). Considero que esta medida podría impactar en la expedites de otorgamiento de permisos en menor medida, sólo en el periodo de transición, es decir, en lo que entra en funciones la nueva CNE. Apuesto que terminado ese periodo -2 meses máximo como lo indican los transitorios de la reforma – la comunicación con el regulado y el otorgamiento de permisos será más rápida que en la actualidad.
2. Competencia y el mercado
Existen aquellos que son de la idea que, con el fortalecimiento del papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX), es posible que los privados enfrenten mayores restricciones para participar en la importación y distribución de combustibles, y que la concentración de poder en el Estado, podría limitar la competencia y reducir la diversidad de opciones para consumidores y empresas. Por el contrario, desde hace varios años, la Secretaría de Energía (SENER) ha sido muy meticulosa en el otorgamiento de los permisos de importación, derivado que los mismos se otorgaron en administraciones pasadas, no eran utilizados y se distorsionaba el mercado porque ejercían ciertas medidas de especulación. A la par, otros permisos eran utilizados para importar productos fuera de especificación o para evadir el IEPS; inclusive ante la falta de uso, éstos se caducaron, entonces esa preocupación creo no tiene fundamento y por el contrario, la nuevas reglas que se plantean podrían ser la puerta de entrada para abrir con una mayor vigilancia el otorgamiento de permisos a aquellos que realmente muestren la capacidad y seriedad en la operación y logística, además de cumplir con la trazabilidad de los productos. Claro que para esto se requerirá el acceso a infraestructura clave, como terminales de almacenamiento y ductos, lo cual tendría un efecto positivo de que aquellos proyectos, que quedaron pausados, se vuelvan a ejecutar y que PEMEX en caso de estar interesado en desarrollar proyectos de esta naturaleza, se asocie con privados para tal efecto.
Partamos del principio que México es un consumidor de productos petrolíferos y que la movilidad del parque vehicular ya sea particular o de carga va en aumento, entonces, esa necesidad se tiene que satisfacer ya sea por PEMEX o por los particulares.
3. Inversión y seguridad energética
Hay quienes apuestan a que los inversionistas y regulados podrían enfrentar un entorno de mayor incertidumbre, ya que la modificación en la estructura regulatoria podría generar cambios en las reglas del juego para nuevos proyectos; habrá incluso quienes consideren falta de claridad en los criterios de asignación de permisos, o que incluso, esto podría desalentar la inversión en infraestructura de almacenamiento y comercialización, afectando la seguridad energética del país, pero todo lo contrario. El mundo cambia y nuestro país también, por tanto, se necesita que esos cambios se den rápido y la señal que manda la presente administración, es ir caminando con pasos acelerados, porque los tiempos así lo demandan.
Nuestra relación comercial con la mayor economía del mundo es por demás demandante, por lo que no habrá incertidumbre ya que las nuevas reglas quedaron reflejadas en las iniciativas de creación y de reformas a otras leyes, por lo que criterios de otorgamiento de permisos, plazos y términos quedarán especificados en las nuevas regulaciones. Pensar lo contrario es tanto como estar en contra del cambio.
4. Precios y abasto
Otros más apuestan a que se reducirá la competencia ya que PEMEX retomará un rol preponderante en el mercado, y en consecuencia, los precios de los combustibles podrían depender más de decisiones gubernamentales que de factores de mercado. Lo anterior se podría traducir en menor flexibilidad en la fijación de precios y en posibles incrementos ante la falta de competencia. Además, una menor participación de privados podría afectar la disponibilidad de combustibles en algunas regiones del país, lo que es totalmente falso.
A últimas fechas hemos sido testigos de cómo algunas estaciones de servicio han abusado de la libre determinación de los precios, llegando a estar hasta siete pesos por encima del precio TAR, lo cual es desmedido y por demás alejado a los componentes o factores a tomar en consideración para la determinación de precios, de ahí que la PROFECO haya establecido una campaña para hacer conciencia no sólo en el gasolinero sino en el propio consumidor que si bien los precios lo determina el mercado, no pueden ir más allá de lo justo y razonable, más cuando mucho de ese producto sale de las refinerías de PEMEX o es importado por ésta última.
Conclusión
Para los regulados del sector de combustibles, la Reforma Energética 2.0 representa un cambio positivo en las reglas del mercado. Si bien hay quienes argumentan en la centralización regulatoria será perjudicial, el que les escribe apuesta a que será todo lo contrario, ya que traerá mayor eficiencia, menor burocratización, reglas claras para la competencia y mayor número de asignación de permisos. Ante este escenario, los actores del sector deberán estar atentos a las definiciones de la reforma y a las leyes secundarias que determinarán su implementación.
En nosotros está ver las oportunidades y son más de los que algunos piensan.
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PERFIL Es Abogado Consultor del sector Energía, con estudios en Administración Pública. Con 15 años de experiencia dentro del sector, colaboró en la Dirección Jurídica de PEMEX por más de 10 años, y como consultor ha colaborado en algunos proyectos como seguridad en ductos.
