Como hemos comentado en diferentes ocasiones el sector energético requiere una reconfiguración jurídica y regulatoria. El rumbo que tomó la administración actual lleno de incertidumbre orilló al sector a ubicarse en un estado de supervivencia.
Supervivencia dada la falta de oportunidades, de certeza jurídica, de un sinnúmero de intentos de propuestas legales y regulatorios fallidos, generando que las inversiones en el sector que subsisten naveguen contra corriente ante un abrumador panorama que deja ver destellos de luz con el cambio de administración.
Dado lo anterior, existe la necesidad imperante para el próximo gobierno de fijar las prioridades que se requieren para avanzar hacia el camino de recuperación de las inversiones en materia energética. Dichas inversiones adquieren un carácter estratégico al ser la base para atraer otras inversiones derivadas del nearshoring, las cuales necesariamente requieren de suministro eléctrico limpio, asequible y confiable.
Es así, como el cambio en el rumbo de la política energética deberá ser el motor para reconfigurar el rumbo actual y el motor de atracción de nuevas compañías a nuestro país. Será necesario diseñar una política pública que claramente siente las bases para fomentar nuevas inversiones, pero que a la vez garantice la correcta operación de los proyectos actuales, sin importar que estén en fase de diseño, a punto de ser comisionados o, ya en operación.
Esto necesariamente requiere no sólo el diseño de nuevas bases legales y regulatorias, sino que se requiere fomentar la aplicación del marco vigente, ya que como ha quedado en evidencia a través de la interposición, y lenta, pero acertada resolución de los diferentes procesos judiciales que permitieron mantener al sector energético en modo de supervivencia, contamos con un marco legal, regulatorio y judicial lo suficientemente sólido como para sortear adversidades de dimensiones inimaginables, como lo hemos visto en los últimos años.
Necesitamos una política pública que se oriente al fortalecimiento y crecimiento del sector con base en el irrestricto respeto al Estado de Derecho, mediante el diseño de nuevos mecanismos de participación pública-privada que permitan, por un lado, reactivar la participación de un sector privado ávido de aportar a la economía nacional, y por el otro, el fortalecimiento de las instituciones encargadas del sector energético, las cuales se han visto deterioradas debido a las líneas de política actual, las cuales han mermado su desarrollo e impedido su correcto funcionamiento y eventual evolución.
Si bien, para los inversionistas persiste el riesgo de perder inversiones debido a la imposibilidad de operar proyectos existentes y de desarrollar nuevos, y sigue rondando el fantasma de la parálisis para avanzar en materia energética; también vive la esperanza de que, con una nueva administración, el sector dé un giro de 180 grados orientado por la necesidad de salvar al País de un viaje sin retorno como consecuencia de la parálisis regulatoria, financiera y legal.
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Asociada Senior en materia energética &ESG de Santamarina y Steta.
