La imposición de precios tope en gas LP por parte del Gobierno, sin considerar los costos reales de distribución, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector, advirtió la COPARMEX.
El organismo advirtió que esta política podría provocar una reducción en la cobertura de la distribución, afectado a comunidades que dependen del Gas LP como principal fuente de energía.
Otro efecto es la expansión del mercado ilegal , con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles ( huachigas ), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
Además, se generaría una pérdida de empleos directos , con afectaciones para millas de familias que dependen de esta actividad.
“Hay un riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo , ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución”, indicó COPARMEX.
También podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
El organismo dijo que las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio.
“Es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores”, añadió.
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