En Palacio Nacional se vivieron momentos tensos durante una reunión celebrada este martes por la tarde, entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y los gasolineros, luego de que la mandataria dio un manotazo en la mesa ante el incumplimiento del acuerdo para mantener el precio del diésel en 28.30 pesos por litro, y lanzó el reclamo directo de que no es aceptable no apoyar al consumidor, ni al esfuerzo fiscal que realiza Hacienda a través del estímulo del IEPS.
En la mesa estuvieron jugadores relevantes del sector, como Valero, Hidrosina y Oxxo Gas, además de Valores ABC, LODEMO, Gasopipas y Petro, además de la Onexpo entre otros, según nos cuentan fuentes cercanas a la reunión. Del lado gubernamental participaron la SENER, la PROFECO, la SHCP y PEMEX, en una señal de que el tema trasciende lo comercial y se ubica en el centro de la política pública.
Sheinbaum colocó el debate en clave política, pues dijo a los gasolineros que fue elegida para cuidar el poder adquisitivo y los recursos públicos, por lo que el acuerdo de precios, desde su óptica, es parte de esa responsabilidad. Y lanzó la pregunta a los empresarios: ¿qué les hace falta para cumplir y apoyar al pueblo?
La presidenta también abrió la puerta a intervenir otros eslabones de la cadena. Advirtió que podrían establecerse topes a las comisiones que cobran bancos y empresas de vales, un movimiento que ampliaría el control sobre la formación de precios más allá de las estaciones de servicio.
Del lado empresarial, hubo una respuesta más técnica que política. Los gasolineros expusieron que el cumplimiento del tope enfrenta restricciones reales como costos logísticos elevados, trámites lentos y una carga regulatoria que complica la operación. Pidieron agilizar aduanas, acelerar permisos y hacer funcional una ventanilla única que integre procesos municipales, estatales y federales.
El trasfondo es la tensión clásica entre control de precios y estructura de costos. Sostener un precio tope en un mercado expuesto a variables internacionales y a una logística compleja implica absorber presiones en algún punto de la cadena. Hasta ahora, ese costo se ha repartido entre el fisco, vía estímulos al IEPS, y los operadores. La pregunta es cuánto más puede sostenerse ese equilibrio.
Sheinbaum, por lo pronto, dejó claro que el margen se acorta. Tomó nota de las peticiones, reiteró apertura al diálogo, pero fijó el plazo de una semana. “Llevamos cuatro reuniones, eso no había sucedido antes”, subrayó, al convocar a un nuevo encuentro el próximo martes a la misma hora.
El Gobierno no sólo quiere que el acuerdo se cumpla, quiere que funcione. Y si para lograrlo debe ajustar reglas, presionar márgenes o intervenir otros costos, está dispuesto a hacerlo.
Lo que sigue será clave, pues si no hay ajustes operativos y financieros que hagan viable el tope, el conflicto escalará. Porque lo que hoy fue un jalón de orejas, mañana puede convertirse en una redefinición más profunda de cómo se fijan los precios de los combustibles en México.
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