SCJN anula controversia de EU y Canadá contra México por T-MEC: CCE

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, anula la controversia de Estados Unidos y Canadá contra México por incumplimiento del T-MEC, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Un efecto favorable de esta decisión es que prácticamente deja sin materia y objeto la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en el marco del TMEC por considerar que la ley reflejaba un trato discriminatorio”, destacó el organismo que representa a las principales empresas del país.

Indicó que al darle la razón a las empresas que se ampararon contra la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la SCJN reafirmó la validez de la reforma energética de 2013 que establece la apertura del mercado en un entorno de competencia y sin discriminación ni preferencias.

Estados Unidos y Canadá denunciaron a México de incumplir el tratado porque la reforma de 2021 daba prioridad a la CFE en el despacho eléctrico, la emisión de permisos y otros elementos, que desplazaban a las empresas privadas.

“En este contexto, consideramos que el fallo de la Corte resalta la vigencia de una política de energía más eficiente, que garantiza la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional a un menor costo ambiental”, señala.

Destaca que la participación del sector privado dentro del PIB nunca ha sido menor a tres cuartas partes del total nacional.

“Para que el sector privado conserve su papel fundamental en el desarrollo del país, generando crecimiento y empleo bien remunerado, es indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas, nacionales y extranjeras, vean un ambiente claro para invertir”, sostiene.

Es evidente que para que la inversión impulsada por el TMEC y por la relocalización propicie mayor valor agregado nacional y una mayor demanda y más esparcida geográficamente a lo largo del país se requieren políticas que propicien un entorno de certidumbre, incluida la regulación pro-competitiva del sector eléctrico, afirma.

“Suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para operar y financiar el desarrollo del sistema eléctrico, en particular, y del sector energético, en general, implica serios riesgos para el país”, indica.

Se debe tener en cuenta que para ello requiere de una gran cantidad de recursos que el erario no tiene y que las fuentes de recursos públicos están comprometidas en programas sociales, añade.

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