La desaparición de organismos reguladores en energía como la CRE y la CNH generaría incertidumbre jurídica que impactaría las inversiones en el sector, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“La reforma implicaría una concentración de funciones especializadas de regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable, dado que entre las entidades reguladas están empresas estatales”, señaló el organismo.
“Esto impactaría negativamente la certidumbre jurídica y, en consecuencia, la inversión en estos sectores”, abundó.
Dijo que de materializarse la desaparición de los órganos autónomos, la arquitectura institucional estaría desequilibrada dada la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo.
La naturaleza de los órganos autónomos implica independencia técnica y financiera en su gestión; cuando esta no existe, el cumplimiento de sus objetivos se pone en entredicho, sobre todo en la práctica.
Además, la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC.
Particularmente, de eliminarse Cofece y trasladar sus funciones a la Secretaría de Economía, se incumpliría el artículo 21.1.4, que establece que cada parte debe garantizar la existencia de una autoridad de competencia responsable de la aplicación de leyes en la materia.
“Aunque la Secretaría de Economía pudiera cumplir esta función reguladora, no existiría una autoridad única y competente en la materia”, advirtió.
Asimismo, de eliminarse el IFT se incumpliría el capítulo 18 del T-MEC, que establece las obligaciones del organismo regulador de telecomunicaciones, que debe garantizarse por cada una de las partes del Tratado.
Por otra parte, la eliminación del INAI implicaría un retroceso de los avances en materia de transparencia, dada la desintegración de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los estándares homologados de publicación.
En este mismo sentido, la eliminación de Coneval y de Mejoredu significaría la realización de evaluaciones y análisis sin la autonomía y experiencia necesarias para tener impacto en la toma de decisiones y, por ende, en la política educativa del país, añadió el IMCO.
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