El Gobierno federal ordenó la ocupación y expropiación de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, que está dentro de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, y que era operada por la empresa francesa Air Liquide.
En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que actualmente, la Refinería de Tula paga una cuota fija a un suministrador de hidrógeno, lo que encarece los costos de suministro de hidrógeno a bajos niveles de proceso de crudo.
“En aras de lograr el objetivo del Gobierno federal de alcanzar la soberanía energética, entre otros, mediante autosuficiencia en la producción de petrolíferos, es necesario contar con la autonomía de suministro de hidrógeno en la Refinería Miguel Hidalgo”, destaca el decreto.
“Sin depender de agentes externos que puedan resultar ajenos a los intereses sociales y de beneficio público que persigue el Estado mexicano para lograr sus cometidos constitucionales”, abunda el texto.
Pemex Transformación Industrial deberá cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
La planta opera bajo un modelo de contrato RBOM, por lo que Air Liquide estaba encargada de reparar, dar mantenimiento y operar la fábrica, a cambio de vender una cuota del hidrógeno a Pemex.
Los expertos interpretaron este anuncio como un aspecto negativo, ya que genera incertidumbre en la protección y respeto de inversiones privadas por parte del gobierno mexicano, además de que podría desincentivar el nearshoring.
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