Desproporcionada, la reforma a la Ley Minera: CEESP

Los cambios que propone el Ejecutivo federal dentro de la propuesta de reforma a la Ley Minera, son desproporcionados y generan incertidumbre para la inversión privada, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes”, indicó el organismo en su análisis semanal.

Detalló que la iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre a las concesiones, que se restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, y mientras no sean asignados a paraestatales, directamente; su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de solo una prórroga.

El Ejecutivo federal argumentó que la propuesta de reforma busca terminar con el despojo que realizó la industria minera privada sobre los recursos naturales del país, valiéndose del marco legal.

Además, la exposición de motivos de la reforma también hace hincapié en la necesidad de proteger el medio ambiente y el uso de los recursos hídricos dentro de los procesos de la minería.

Por otra parte, la iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia administrativa, plantea cambios a 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.

El CEESP detalla que esta otra propuesta legal amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad.

“Ahora solo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público”, indicó.

Propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada, lo que no existe actualmente, y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.

“Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal deberán incluir la cláusula exorbitante, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de Interés Público”, sostuvo.

Además, podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.

“Este Centro ha insistido en varias ocasiones en que es indispensable un cambio de actitud del gobierno frente a la inversión productiva nacional y extranjera”, indicó el CEESP.

Es una condición necesaria para aprovechar la gran oportunidad de la relocalización. La condición suficiente es que se generen las condiciones para un florecimiento orgánico de la inversión con mayor valor agregado nacional, añadió.