La controversia contra México por el incumplimiento de las reglas del T-MEC en el sector energético, podría resolverse a inicios de 2023, señala un análisis de José Manuel Vargas Menchaca, experto en Derecho de la CETYS Universidad Campus Mexicali.
Las consultas iniciadas por Canadá y Estados Unidos tienen el propósito de entablar un diálogo formal para encontrar una solución mutuamente satisfactoria para las partes, y deben realizarse en el plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud.
De no llegar a un acuerdo, los países demandantes están legitimados para solicitar, transcurridos 75 días desde la solicitud de consultas, el establecimiento de un panel que resuelva la controversia.
“La viabilidad de que el panel resuelva con prontitud haría pensar que el resultado lo conoceremos a más tardar en el primer trimestre de 2023, lo cual colocará a México en una nueva condición para negociar su acatamiento y en todo caso para que su cumplimiento se realice antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador”, dijo Vargas, quien fungió como Coordinador del Sector Privado en el Capítulo de Solución de Controversias durante las negociaciones del T-MEC.
La solicitud de consultas presentada por Estados Unidos, y después por Canadá, identifica cuatro medidas que en su opinión son violatorias de diversas disposiciones del TMEC, entre ellas, los artículos 2.3, 2.11, 14.4 y 29.3, donde se resalta la falta de respeto al principio de trato nacional con respecto a las mercancías, las inversiones y los inversionistas, así como un cambio en las políticas y reglas que afectan la venta, la compra, el transporte, la distribución y, uso de gas natural y diésel automotriz en perjuicio de las empresas estadounidenses y canadienses.
“Frente a los reclamos de Estados Unidos y Canadá, no puede simplemente argumentarse la soberanía de México para actuar en la forma que le parezca; debe sujetarse a los compromisos asumidos entre los tres países a través del T-MEC, donde ni siquiera puede argumentarse que es un tratado firmado por un gobierno anterior, porque incluso correspondió a un funcionario de la actual administración federal, Jesús Seade Kuri, revisar el texto del tratado y la responsabilidad de renegociar el mismo durante 2019”, añadió el experto.
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