Ante la llegada de esta administración y sus intentos por modificar las reglas del sector, 7 de cada 10 empresas están preocupadas por los cambios regulatorios y sus obligaciones de cumplimiento, de acuerdo con la consultoría KPMG.
Dalia Sierra, socia de cumplimiento y anticorrupción de la firma, explicó que las empresas están incrementando su interés y preocupación respecto al entorno regulatorio, pues consideran que se está volviendo más complejo.
“En este sentido, las empresas del sector energético son los que tienen más preocupaciones”, comentó la especialista en entrevista con Energy21.
Ante ese entorno, las compañías consideran que se necesita fortalecer su cultura organizacional para hacer frente a los cambios regulatorios y llevar a cabo un mapeo de riesgos, pues se trata de uno de los sectores más regulados en donde las empresas enfrentan cientos de obligaciones en distintos aspectos, como el de seguridad o ambiental.
“Desde que entró la nueva administración el gobierno federal tiene visión diferente y en varias compañías se entró en un modo de stand by, para saber qué se va a hacer con las nuevas inversiones”, dijo a su vez, Javier Mundo, director de clientes y mercado especialista en el sector energético.
Destacó que diversos inversionistas perciben un entorno de incertidumbre ante los intentos del gobierno de realizar cambios en la regulación, por lo que no perciben todavía un entorno claro para ejercer sus capitales.
“Hoy la legislación se mantiene como estaba en 2018, pero es letra muerta porque no está siendo aplicada. Existe falta de certeza para saber qué viene hacia adelante y cuál es el factor de interpretación de la legislación para el funcionario público”, destacó.
Por otro lado, Dalia Sierra también explicó que las compañías están preocupadas por los niveles de cumplimiento regulatorio de sus contratistas, pues muchos de ellos son compañías pequeñas que no cuentan con controles.
“Detrás de muchas empresas del sector hay una enorme cantidad de contratistas y subcontratistas, y la preocupación se centra en las sanciones que podrían enfrentar por las acciones realizadas por terceros que trabajan para ellos”, añadió.
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