Con el objetivo de combatir el robo de gas LP y el daño que éste provoca al erario, el Senado de la República aprobó un dictamen en el que exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad nacional a implementar las acciones necesarias en contra de esa práctica.
De acuerdo con la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, este delito pone en riesgo la seguridad de las familias, la economía, el empleo y la inversión de las empresas que operan legalmente para la venta y distribución del combustible.
Durante 20 años se tiene el registro de 83 mil 529 tomas clandestinas, de las cuales, el 59 por ciento se han realizado en los últimos tres años, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz las entidades con mayor incidencia de huachigas.
El daño patrimonial ocasionado a Pemex es de, aproximadamente, 30 millones de pesos anuales, además de que la cantidad robada de hidrocarburo es suficiente para satisfacer la demanda de Colombia y Ecuador en su conjunto.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) celebró el compromiso de la Cámara Alta con la ciudadanía, ya que esto contribuirá mejorar la seguridad y el Estado de Derecho en México.
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