La cámara baja del Congreso de la Unión arrancará este jueves la primera de dos jornadas de Parlamento Abierto para discutir la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, sin embargo, voces expertas del sector energético temieron que dicho ejercicio sea sólo un espacio de opinión y pese a cientos de argumentos, la decisión de aprobarla no cambiará.
“El Parlamento Abierto quiere decir que nos van a escuchar, pero no que nos van hacer caso aunque presentemos muchos argumentos; por convincentes que estos sean, esto es un cambio ya a la ley. No nos equivoquemos. Nos dieron oportunidad de ser escuchados, no de decidir”, expuso César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.
Durante su intervención en el webinar de Diálogos con Energía dedicado a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y sus impactos, el directivo consideró que triunfará la parte ideológica que acompaña a la Iniciativa, hecho que alejará aún más las inversiones al país.
Sofía Tamayo, especialista en asuntos regulatorios del sector eléctrico confió en que el ejercicio de Parlamento Abierto sea realmente un espacio de diálogo entre legisladores, empresarios e incluso ciudadanos que quieren un mejor futuro. “Si no nos toman en cuenta, mínimo que nos escuchen”, planteó.
Desde su análisis, la aprobación de una reforma a la LIE tendrá como primer afectado al ciudadano mexicano al perder el foco de ofrecerle mejores servicios y mejores precios; aunadamente existe una repercusión medioambiental y social ante la idea de la quema del excedente de combustóleo en las refinerías de Pemex.
“Si se va a quemar combustóleo ¿Quién lo va a respirar? Pues nosotros. Me parece que la afectación por donde se vea es gravísima”, señaló Tamayo.
Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma Clima y Energía respaldó lo dicho por Tamayo sobre el papel en el que la Iniciativa deja al usuario final quien debería ser la prioridad del Ejecutivo más allá de una empresa productiva del Estado, hecho que se contrapone también con el espíritu de la Reforma Energética constituida en la administración anterior.
El también analista independiente del sector energético recalcó que uno de los mecanismos más afectados con la Iniciativa es la del autoabastecimiento, es decir, el recurso utilizado por las grandes empresas para generar y consumir su propia energía.
“Modificar el autoabastecimiento de los términos planteados va a significar encarecer de un ‘plomazo’ la energía a la gran industria mexicana, vas a generar un inflación y un incremento de precios en productos como en maíz, el pan, el cemento o varillas para la construcción”, advirtió.
Para Federico Muciño, director general de EPSCON, la Iniciativa del Presidente está tratando de legalizar muchos de los cambios y acciones que ya se están llevando a cabo en la práctica en contra del mercado eléctrico con el aumento de tarifas de porteo, el impedimento de incluir nuevos socios o un bloqueo administrativo a los permisos por parte del órgano regulador respectivo.
“Si procede o no procede (la Iniciativa) el daño está hecho en la confianza a los inversionistas. ¿Qué confianza puede tener un inversionista, no sólo en la industria energética, sino en cualquier industria en invertir en México sin tener la certeza de que se van a respetar las reglas o de que vas a poder ser competitivo?”, cuestionó Muciño.
“Creo que ese es el daño más grande, el daño a la confianza de los inversionistas en un momento crítico en la economía mundial”, agregó.
César Cadena se sumó al comentario de Muciño sobre la desconfianza que existe en el mercado energético nacional y recordó que el Congreso solo tiene 30 días para ‘despachar’ la Iniciativa enviada por el Presidente de México. “Estamos parados sobre un barril de dinamita”, comparó.
Sobre si el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrá hacerle frente a la promulgación de esta Iniciativa, los expertos coincidieron en que desafortunadamente no lo impedirá si la mayoría en cámara vota a favor de ella.
No obstante, adelantaron que la decisión violaría la legislación nacional flagrantemente, además de que también hay principios constitucionales vulnerados.
A esto se suma el conflicto en tratados internacionales y muchos compromisos firmados como el Acuerdo de París o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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