Este año se cumplen ocho años de que el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto presentara una iniciativa de reforma constitucional en materia energética, misma que fue promulgada el 20 de diciembre de ese año y concretó la apertura de la industria petrolera, eléctrica y otras fuentes de energía a capital privado.
En agosto de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Reforma Energética mediante la que se buscó modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos.
En el marco del acuerdo político, económico y social denominado Pacto por México, y bajo la premisa de no vender ni privatizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Reforma Energética fue promovida como aquella panacea que bajaría los costos de los recibos de la luz y el gas, aumentaría la inversión y los empleos e incrementaría la producción petrolera a tres millones de barriles diarios para 2018.
A junio de 2021, la plataforma nacional osciló en un millón 681 mil barriles diarios, de los cuales sólo el cuatro por ciento, equivalente a 70 mil barriles proviene de contratos privados.
Con la reforma energética se esperaba que la producción de crudo aumentara de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones para 2018 y a 3.5 millones o más para 2025.
En entrevista con Energy21, Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero profesional independiente de Pemex, indicó que desde un principio la Reforma Energética se sobre vendió.
“Lo que se planteó en la exposición de motivos de la Reforma no tiene nada que ver con la realidad”, señala.
Pese a que la propuesta recibió críticas, parecía trazar un nuevo rumbo en la industria energética de México, volviéndola atractiva para los inversionistas que participaron en las Rondas Petroleras a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y las Subastas de Energía Eléctrica de Largo Plazo, organizadas por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Sin embargo, la transición política de 2018 frenó los avances, ya que desde el día uno del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se denotó una inconformidad hacia la Reforma, que en su opinión, representa al modelo neoliberal que desfavoreció a Pemex y CFE, dejándolas al borde de la desaparición, de acuerdo con el titular del Ejecutivo.
Rescatar a ambas empresas así como alcanzar la ‘soberanía energética’, han sido las banderas navegantes de la autodenominada Cuarta Transformación, e incluso han justificado su actuar al proponer iniciativas de reforma a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, que han generado un mal clima de inversión.
Para Jeremy M. Martin, vicepresidente de energía y sustentabilidad del Institute of the Americas, la Reforma Energética trazó un nuevo camino para México con la baja en los precios de las energías renovables, avanzaba favorablemente para cumplir las metas de transición energética además de detonar mucha inversión; no obstante, los últimos 18 meses han sido cruciales para la industria nacional en términos de incertidumbre y retroceso.
“No hay peor palabra que incertidumbre en un sector como el energético (…) es muy mal vista por inversores que ven un proyecto en un horizonte de 10 a 20 años”, manifiesta.
Marco jurídico vigente
En un plano estrictamente formal la reforma energética está vigente aunque en la práctica, los cambios estén provocando una parálisis en el sector energético mexicano limitando la intervención privada y llevando a tribunales litigios innecesarios.
En ese sentido Paolo Salerno, managing partner de la consultora energética Salerno y Asociados, recuerda que todos los cambios que se han hecho o se han propuesto en materia eléctrica han acabado en el tribunal.
“Cuando se llega al tribunal, todos pierden porque significa que el proceso de cambio de cualquier implementación ha fracasado”, destaca.
En materia de hidrocarburos, Abril Moreno, directora general de Perceptia21, considera que la producción de hidrocarburos y el control del suministro eléctrico, no son factores determinantes para la consolidación de un modelo de seguridad energética.
“Lo que este gobierno busca es la soberanía energética y eso implica que el Estado tenga el control absoluto de todos los energéticos, aunque en el discurso mencione la seguridad energética”, expone.
Ruiz Alarcón coincidió con Moreno pues lo que esta administración debiera hacer es una evaluación no sólo en resultados de producción sino en los beneficios que ha traído en temas de transferencia tecnológica, inversiones o contenido nacional.
En su opinión, debería haber un ajuste que direccione a Pemex en una empresa con total autonomía presupuestal y de gestión, que a la par pueda elegir a sus socios, no como pasó en el farmout de Trión con BHP Billiton.
El analista en el sector energético, Sergio Pimentel Vargas, señala que el fortalecimiento de las dos empresas productivas del Estado es una propuesta clara, sin embargo, las autoridades federales no han sido claras sobre cómo hacerlo.
Cuestiona que la estrategia de López Obrador abone al fortalecimiento de Pemex con más soporte financiero, aun cuando la petrolera ha demostrado que no tiene la capacidad técnica, operativa y de gestión para desarrollar actividades de exploración.
Pimentel Vargas también identifica una contradicción entre lo que establece el marco legal vigente para impulsar la competencia del sector y las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal como política pública, pues violan las leyes para cumplir su promesa de fortalecerlas y que ‘hagan todo solas’.
Especialistas coincidieron en la necesidad de evitar el rezago de las fuentes renovables para acelerar la transición del país hacia un futuro; la Reforma Energética era un buen comienzo para llevar a México hacia la descarbonización, aseguran.
El texto lo puedes consultar en la Revista Energy21 de agosto-septiembre.
Con información de @Da_Loredo @josemartin_mx
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