Las “pensiones de oro” que reciben ex trabajadores de PEMEX, y que el Gobierno federal busca modificar o cancelar, le cuestan al erario mil 826 millones de pesos brutos al año, una cifra que equivale a buena parte del presupuesto de programas sociales completos.
Energy21 tuvo acceso al listado oficial que Hacienda y la Presidencia de la República están analizando, en donde existen 544 exfuncionarios jubilados con montos que superan con creces el salario de la Presidenta de la República, que ronda los 2.8 millones de pesos brutos.
Los pagos anuales brutos más altos rondan los 4.2 millones de pesos por persona, es decir, cerca de 353 mil pesos mensuales.
Los casos más onerosos
Encabezan la lista nombres como Marcos Ramírez Silva y Roberto Ramírez Soberón, cada uno con pensiones brutas anuales de 4.24 millones de pesos. También figuran Miguel Tame Domínguez y José Antonio Escalera Alcocer, con montos similares.
Otro nombre destacado es el de Juan Javier Hinojosa Puebla, exdirector de PEMEX Exploración y Producción, quien se jubiló con una pensión anual superior a los 4.23 millones de pesos. Su gestión fue objeto de cuestionamientos públicos por contrataciones irregulares y propiedades que despertaron suspicacias en 2019.
En el caso de Miguel Tame Domínguez, exdirector de PEMEX Refinación, cuya pensión también supera los 4 millones de pesos, su nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas vinculadas a contratos relacionados con Odebrecht, una de las tramas de corrupción más sonadas en la industria energética mexicana.
Padrón bajo revisión
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que revisará la legalidad de estas pensiones “excepcionales” por considerarlas desproporcionadas frente a la situación financiera de PEMEX y del país. El objetivo es determinar si existen fundamentos jurídicos para reducirlas o eliminarlas.
Más allá del impacto fiscal, el tema tiene un fuerte componente político y social, pues mientras la empresa más endeudada del mundo busca recursos para financiar su operación y contribuir a la transición energética, exdirectivos gozan de beneficios que contrastan con las jubilaciones del resto de los trabajadores del sector público.
Las llamadas “pensiones de oro” no son nuevas. Desde hace años, la Auditoría Superior de la Federación y diversos reportes periodísticos han señalado que varios de estos exfuncionarios recibieron jubilaciones privilegiadas aprobadas por los consejos administrativos de PEMEX, en ocasiones bajo condiciones discrecionales.
Hoy, con la suma de más de mil 826 millones de pesos al año, el tema vuelve al centro del debate público y alimenta la discusión sobre si es ético y sostenible mantener estos beneficios en un país donde la pensión mínima garantizada para millones de trabajadores ronda apenas los 7 mil pesos mensuales.
Insights clave
¿Por qué importa?
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Monto total oneroso: Las pensiones especiales de Pemex representan mil 826 millones de pesos al año, un gasto que equivale al presupuesto anual de programas sociales medianos.
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Desigualdad extrema: Mientras la pensión mínima garantizada en México ronda los 7 mil pesos mensuales, algunos exdirectivos de PEMEX reciben más de 350 mil pesos al mes.
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Top beneficiarios: Los diez primeros pensionados del padrón concentran más de 40 millones de pesos al año, es decir, lo que podría financiar la nómina de cientos de trabajadores operativos.
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Nombres bajo polémica: Exfuncionarios como Miguel Tame Domínguez y Juan Javier Hinojosa Puebla aparecen entre los más beneficiados, pese a haber sido señalados en investigaciones periodísticas por irregularidades.
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Impacto político: La revisión de estas jubilaciones se convierte en un tema de alto valor simbólico: puede mostrar congruencia del Gobierno frente al discurso de austeridad, pero también abrir litigios legales de gran envergadura.
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Relevancia energética: PEMEX es la empresa más endeudada del mundo y la existencia de estas pensiones millonarias debilita la narrativa de eficiencia y disciplina financiera.
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Potencial efecto en reformas: La polémica puede acelerar iniciativas legales para acotar pensiones especiales en empresas productivas del Estado.
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