La presente administración planteó en reiteradas ocasiones su intención de reestructurar o eliminar ciertos órganos reguladores, entre los que destacan la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para absorber sus funciones la Secretaría de Energía (SENER).
Tuve el orgullo, el privilegio y el honor de fungir como servidor público tanto en la CRE (2009 – 2012) como en la SENER (2015 – 2018), donde comprendí la misión de la política pública (principal actividad de la Secretaría) y en donde además conocí con enorme cercanía las actividades, responsabilidades y atribuciones de CNH para el sector upstream de hidrocarburos en México. Por ello, adelanto, sería un terrible error para el país la eliminación de estos organismos.
La posible reforma al Poder Judicial toma preferencia en la discusión legislativa, por lo que parece difícil que se concrete la eliminación de los reguladores en las pocas semanas que quedan a esta administración.
Sin embargo, la idea de que la SENER absorba a CRE y CNH fue respaldada por Claudia Sheinbaum, y se enmarca en una política más amplia de consolidación y centralización de funciones gubernamentales.
El Gobierno argumenta que la eliminación de estos reguladores permitirá una mayor eficiencia en la gestión de los recursos energéticos del país. Según esta lógica, la existencia de múltiples organismos autónomos genera duplicidad de funciones, burocracia excesiva y costos innecesarios, por lo que centralizando las funciones en dependencias gubernamentales, se busca reducir gastos y simplificar procesos.
AMLO y Sheinbaum sostienen que la CRE y la CNH, creadas en el contexto de la reforma energética de 2013, han favorecido intereses privados sobre el bienestar nacional, de ahí que este Gobierno promueva una mayor participación del Estado en el sector energético, con el argumento de que esto es crucial para recuperar la soberanía energética y asegurar que los beneficios de los recursos naturales lleguen a la población.
En la actualidad, el sector energético desempeña un papel relevante en el desarrollo económico y social de cualquier país. La generación, transmisión y distribución de energía son actividades esenciales que requieren una regulación adecuada para asegurar su eficiencia, equidad y sostenibilidad.
En este contexto, la existencia de un regulador independiente que supervise las actividades de alta especialización, brinda a los usuarios un mecanismo de defensa contra los posibles abusos y posiciones indebidas de los jugadores de mercado.
Reguladores energéticos
Como se ha dicho, en México, la CRE y la CNH, son los responsables de la regulación y supervisión del sector energético.
La CRE regula las actividades relacionadas con la generación, almacenamiento, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y combustibles en México, asimismo, supervisa el mercado eléctrico mayorista, los monopolios naturales en materia de energía, así como el otorgamiento de permisos o revocación de estos.
Al regular las tarifas y promover la competencia, la CRE contribuye a la estabilidad y previsibilidad del mercado energético, beneficiando tanto a consumidores como a proveedores. Además, al vigilar y garantizar el cumplimiento de las normativas, asegura que los servicios energéticos sean seguros, confiables y de alta calidad.
Por otro lado, la CNH es responsable de la regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos en el país. Sus principales funciones incluyen la gestión de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la licitación de bloques, evaluación de propuestas y adjudicación de contratos, algo que quedó de lado en la administración de AMLO y seguramente seguirá con Sheinbaum.
Además, CNH realiza una supervisión técnica de las operaciones de las empresas contratistas para asegurar que cumplan con las mejores prácticas de la industria y las regulaciones nacionales e internacionales en materia. Esto incluye la evaluación de planes de desarrollo y la aprobación de programas de trabajo.
Es importante mencionar un último regulador energético, que no cuenta con las mismas condiciones constitucionales que CNH y CRE, pero que es indispensable contemplar: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la cual supervisa y regula la seguridad industrial, además de la protección ambiental en el sector de hidrocarburos.
Rol crucial
La eliminación de la CRE y la CNH podría afectar negativamente la transparencia, la competencia y la seguridad en el sector energético. Estos organismos han desempeñado roles clave en la regulación técnica y económica, y su desaparición podría aumentar la discrecionalidad gubernamental y reducir la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
A su vez, la centralización podría llevar a una politización de las decisiones técnicas y estratégicas, afectando la eficiencia y sostenibilidad de las políticas energéticas a largo plazo; la independencia de los reguladores garantiza decisiones basadas en criterios especializados y no políticos.
Como funcionario de la SENER, del lado de la política pública, aprendí la importancia de la independencia del regulador. Nuestros trabajos son distintos: mientras que la política pública tiene incentivos a corto plazo para impulsar cambios o ajustes a los entornos, el regulador tiene una misión de estabilidad y consistencia que brinde certidumbre a usuarios y participantes del mercado.
Juego de intereses
Es imposible soslayar el elefante en la habitación: la CRE y la CNH ya están bajo control del Gobierno. Si bien la existencia de los reguladores es un punto de partida importante, su efectividad depende de varios factores: autonomía financiera y operativa, acceso a la información y capacidades técnicas adecuadas. Sin mencionar lo más importante: capacidad de gestión y de sostener sus decisiones, incluso cuando contravengan el interés del Estado.
Desde que esta administración saliente consiguió la renuncia (bajo presión) de los comisionados presidentes que estaban en funciones al final de la anterior administración (2012 – 2018), se hizo evidente una acción de captura para favorecer las indicaciones de la SENER y del Gobierno hacia las dos empresas productivas del Estado.
El conflicto entre la política pública y la regulación surge cuando los objetivos de corto plazo del Gobierno entran en contradicción con las necesidades de una regulación técnica y objetiva.
Conclusión
Como ya se dijo, un regulador independiente en los sectores energéticos juega un papel crucial en la regulación económica de los monopolios naturales.
Pero, hay que decirlo, no sólo las empresas pueden abusar en el sector energético. Los gobiernos pueden forzar la política pública porque su incentivo es cortoplacista por naturaleza.
Siendo así, y retomando la captura que hablábamos, ¿Tiene sentido que los órganos reguladores coordinados prevalezcan? o ¿No tendrá mejor sentido que mueran y reconstruirlos desde cero?
En mi óptica, aunque un órgano regulador haya sido capturado por el Gobierno y esté influenciado por la política pública, su existencia sigue siendo preferible a su eliminación total. Mantener estos reguladores proporciona una base institucional que, a pesar de sus deficiencias actuales, puede ser reformada y mejorada con el tiempo.
Desmantelar un regulador y reconstruirlo desde cero implicaría un proceso complejo y prolongado, durante el cual la industria carecería de supervisión adecuada, lo que podría llevar a una mayor incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas y consumidores. Además, crear una nueva institución implica retos significativos en términos de diseño, implementación y operatividad.
Por tanto, aunque imperfecto, mantener un regulador ofrece la posibilidad de evolucionar y adaptarse, construyendo sobre la estructura existente y aprendiendo de experiencias pasadas, en lugar de enfrentar los desafíos de establecer una nueva entidad desde el inicio.
La disyuntiva no está entre matar o morir, sino entre un sector energético con cierto letargo, pero observable o uno completamente secuestrado tras paredes gruesas al interior la SENER.
La política pública y la regulación son trabajos distintos… Ojalá que los legisladores lo comprendan cuando llegue la discusión al Congreso.
