El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que extingue a siete organismos reguladores, por lo que es cuestión de días para que se apruebe en congresos locales y pase a manos del Ejecutivo federal para su promulgación.
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 42 en contra del PAN, PRI y MC, a pesar de las advertencias del expertos sobre la falta de certeza que generará para invertir en México y el incumplimiento de las obligaciones en el T-MEC.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán absorbidos por la Secretaría de Energía (SENER), las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pasará a formar parte de la Secretaría de Economía (SE); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
Las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La COFECE y el IFT informaron que seguirán cumpliendo con sus funciones hasta que la reforma sea promulgada y entre en vigor.
El organismo antimonopolios destacó que si bien la reforma aprobada elimina la autonomía constitucional, preserva la existencia de una autoridad de competencia con independencia técnica y operativa respecto a sus decisiones, organización y funcionamiento, y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Todas ellas condiciones indispensables de una política de competencia robusta.
A su vez, el IFT pidió que el organismo que se encargue de la regulación mantenga imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas, los cuales son elementos indispensables para la implementación de la regulación y la aplicación de la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
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