El mercado energético mexicano enfrenta una crisis silenciosa pero estructural derivada del huachicol fiscal, el cual es posible debido a mecanismos simulados y redes de complicidad entre actores privados y públicos, advirtió Marcial Díaz Ibarra, experto de Qua Energy.
En el análisis titulado “Para bailar se necesitan dos”, el experto sostiene que el huachicol fiscal no es un acto marginal o aislado, sino un sistema que involucra importaciones simuladas por millones de litros, movilización por barcos, trenes, autotanques y redes logísticas completas.
“No se puede mover una sola molécula de gasolina sin pasar por un entramado formal: contratos, fianzas, permisos de puerto, transferencias internacionales, cartas de crédito, aduanas, bancos, ferrocarriles y facturación”, señala Díaz Ibarra. Y sin embargo, el combustible ilegal se mueve.
La pregunta, dice el experto, es obvia: “¿quién autorizó el barco, el tren, la pipa? ¿Quién procesó los pagos? ¿Dónde está la trazabilidad?”.
La respuesta es incómoda, pues se trata de un esquema donde hay actores coludidos o, al menos, instituciones que deciden mirar hacia otro lado. Se requiere capital intensivo, redes financieras y logísticas, y complicidad operativa para mover este tipo de volúmenes. “No hablamos de crimen organizado tradicional, sino de un modelo de negocio protegido”, advierte.
Según el análisis de Qua Energy, el contrabando fiscal de combustibles altera por completo la competencia del sector, permite vender a precios artificialmente bajos, distorsiona los datos oficiales y afecta las finanzas públicas al evadir el pago de IEPS e IVA.
Díaz Ibarra sostiene que, aunque la administración actual combatió algunas formas del huachicol físico (el robo directo a ductos), ha sido ambigua y permisiva frente al huachicol fiscal. “No solo no se ha desmantelado: se ha perfeccionado”, afirma.
El experto también advierte que este esquema no se resolverá en un sexenio, pues ya se convirtió en parte del modelo económico informal del sector energético. La ilegalidad, dice, se ha normalizado.
El problema, concluye Díaz Ibarra, es que lo que debería indignar a la sociedad ya se volvió rutina.
“Las cifras fiscales no cuadran, los volúmenes importados son inconsistentes con los comercializados, y las estaciones siguen vendiendo combustibles con precios imposibles sin trampa”, resume.
“El mensaje es brutal: la ilegalidad energética es rentable, tolerada y blindada. Y mientras no haya voluntad real de desmontar este andamiaje, el negocio continuará”, finaliza.
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