La economía mexicana muestra signos claros de debilidad y enfrenta riesgos crecientes, tanto internos como externos, por lo que la reactivación económica requiere con urgencia una actitud más favorable hacia la inversión privada, sustentada en el respeto a un Estado de derecho sólido, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El reporte afirma que México enfrenta una desaceleración generalizada tras el rebote pospandemia. Indicadores clave como la inversión fija bruta, el consumo privado y el crecimiento del PIB han registrado caídas consecutivas. En marzo, la inversión cayó 4.7% anual, mientras que el consumo retrocedió 1.3%. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.1% anual en marzo y se anticipa un nuevo retroceso de 0.3% en mayo.
“México tiene grandes oportunidades para reactivarse, especialmente con el fenómeno del nearshoring, pero no serán aprovechadas sin reglas claras, seguridad jurídica y un ambiente institucional confiable”, advierte el CEESP.
La persistencia de problemas estructurales como la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la falta de certeza regulatoria está inhibiendo la inversión privada, y con ella, las posibilidades de crecimiento sostenido.
Aunque el Gobierno estima un crecimiento de 1.9% del PIB para 2025, el CEESP considera que esa cifra es optimista e incluso algunos pronósticos ya se ubican en terreno negativo. En este contexto, el organismo enfatiza que la inversión, tanto pública como privada, debe destinarse a proyectos con verdadera rentabilidad social, especialmente en infraestructura, salud, seguridad y educación.
El documento concluye que sin voluntad política para garantizar condiciones propicias a la inversión y al Estado de derecho, México corre el riesgo de desaprovechar una coyuntura global favorable y caer en una trampa de bajo crecimiento económico prolongado.
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