Fijar el precio de la gasolina para que no rebase los 24 pesos por litro podría representar un alivio para nosotros los consumidores, pero también implicaría riesgos que nos resultarían más costosos en el largo plazo.
El Gobierno federal está buscando un acuerdo con los empresarios gasolineros para imponer un precio máximo en los combustibles en todo el país, y así evitar casos como el de una estación en Quintana Roo que ofrece la Magna hasta en 27.29 pesos por litro, la más cara de todo el territorio nacional, según datos de la consultoría PetroIntelligence.
En México la demanda de gasolina asciende a cerca de 143 millones de litros diarios y se estima que las personas gastamos en promedio 2 mil 583 pesos al trimestre en estos combustibles, es decir, 861 pesos al mes, una estimación bastante moderada del INEGI, porque hay personas que incluso gastan hasta mil 300 pesos en una sola llenada de tanque.
Fijar un precio de 24 pesos por litro podría ahorcar las finanzas de las estaciones gasolineras que verían impactadas sus ganancias y tendrían que bajar la cortina o bien comprar gasolina en el mercado ilegal o huachicol, lo que nos dejaría expuestos como consumidores a un combustible de dudosa calidad.
Entre otros efectos negativos es que se podría propiciar el crecimiento de la adulteración, el contrabando fiscal y el despacho de litros incompletos, lo cual, a su vez, disminuiría la recaudación fiscal del Gobierno y aumentaría las afectaciones a los vehículos y al poder adquisitivo de los consumidores, así lo advierte un análisis de la consultoría PetroIntelligence, que dirige Alejandro Montufar.
Al obtener el consumidor menor cantidad por lo solicitado o de menor calidad, estaría reduciendo su capacidad de compra: mismo precio, pero menor cantidad y calidad, y en su caso, costos adicionales de reparación de sus vehículos, advierte.
En segundo lugar, se podría disminuir la calidad en el servicio, ya que, para obtener la rentabilidad esperada conforme a las condiciones actuales del mercado, se tendrían que disminuir los costos de operación, y, por lo tanto, el nivel de calidad del servicio al disminuir la cantidad de despachadores.
Tercero, se podría afectar el nivel de empleo en el sector, ya que, al disminuir los costos de operación y la calidad del servicio, se emplearía un menor nivel de personas.
Ahí las posibles consecuencias de imponer un precio tope que a la larga no sería sostenible, porque el Gobierno tendría que ir aumentando el nivel máximo de 24 pesos progresivamente en función del alza en los precios del petróleo, una variable que representa el 50% del costo del combustible y que el Gobierno no puede controlar.
Entonces tendríamos en unos meses un precio de 24.10, 24.30, 24.50 pesos por litro, etc., y todo quedaría en buenas intenciones.
Bye Bye Telefónica
Lo que esperábamos hace ya varios años: Telefónica Movistar, que dirige Camilo Aya Caro, quiere vender su negocio en México, tras una racha de varios años de resultados financieros débiles, ante una competencia férrea contra Telcel y AT&T.
Telefónica fue la empresa que resultó más debilitada tras todos los cambios de la reforma de telecomunicaciones de 2024, debido por un lado a los altos costos del espectro radioeléctrico, pero también a una estrategia que no permitió sumar consumidores de alto nivel de ingresos que en su mayor parte se quedaron en AT&T.
Entre tanto la empresa española contrató a JP Morgan como asesor para la venta de su negocio en el país y el potencial comprador sería AT&T, pues prácticamente Telefónica ya revende los servicios de la empresa estadounidense, luego del acuerdo que le permitió a la española rentar la red de AT&T. Veremos.
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