La inversión mixta entre el sector público y privado se perfila como uno de los pilares centrales del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo subraya que el plan contempla una bolsa total de 5.6 billones de pesos a ejecutarse en ocho sectores estratégicos, entre ellos energía, bajo un esquema que combina recursos públicos y capital privado, una señal relevante en un contexto donde la inversión gubernamental por sí sola resulta insuficiente para detonar crecimiento sostenido, indica el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Según el CEESP, elevar la inversión pública hasta 4.4% del PIB en 2026 representa un avance importante, pero no resuelve el desafío estructural del crecimiento económico.
Para que la economía mexicana crezca a tasas cercanas al 4% anual, se requiere una inversión total superior al 25% del PIB, donde la participación del capital privado, que históricamente aporta cerca del 90% del total de la inversión, es indispensable.
En este contexto, el documento destaca que permitir la participación privada en proyectos públicos no solo amplía la disponibilidad de recursos financieros, sino que también mejora la confianza de inversionistas y emprendedores, un factor clave tras varios años de cautela empresarial.
La inversión mixta, señala el CEESP, tiene el potencial de detonar proyectos de mayor escala, acelerar su ejecución y elevar la productividad del aparato productivo.
El análisis enfatiza que sectores como energía, transporte y logística requieren esquemas de coinversión para reducir costos de producción, fortalecer la competitividad y generar condiciones para un mayor crecimiento del empleo formal.
En particular, una infraestructura energética eficiente es vista como un habilitador transversal para el resto de las actividades económicas.
No obstante, el CEESP advierte que el éxito de la estrategia dependerá de que la inversión mixta se acompañe de certidumbre jurídica, reglas claras y un entorno de estado de derecho, condiciones necesarias para que el capital privado participe de manera sostenida y a largo plazo.
De consolidarse este enfoque, el organismo considera factible que el crecimiento económico supere el 3% anual durante el periodo del plan, con impactos positivos en productividad, empleo y bienestar, añade el organismo.
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