El 28 de enero de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de los Esquemas para el Desarrollo Mixto. A primera vista, se trata de una regulación procedimental para asociarse con privados. A segunda lectura —la que realmente importa— estamos ante algo más profundo: la redefinición del rol del capital privado dentro del sistema eléctrico mexicano.
No es un regreso al modelo IPP. No es la lógica de subastas. Tampoco es el libre juego del Mercado Eléctrico Mayorista.
Los Lineamientos formalizan un nuevo contrato político–financiero donde el Estado invita al capital privado, pero bajo una premisa innegociable: la planeación, la gobernanza y el control permanecen en la CFE. Y ese matiz lo cambia todo.
En otras palabras. Antes, el mercado decidía dónde invertir. Ahora, la CFE decide dónde invertir… y luego invita a quien quiera acompañar. La diferencia no es semántica, es de poder.
Dos modalidades, una misma lógica: asociar capital, preservar control
Los Lineamientos no abren la puerta a cualquier forma de coinversión. El diseño institucional se estructura en dos modalidades complementarias, que responden a distintas necesidades financieras y operativas, pero que comparten una misma premisa: atraer recursos privados sin ceder soberanía operativa.
- Inversión Mixta: capital compartido, decisiones concentradas
El primer esquema —Inversión Mixta— plantea una participación conjunta entre la CFE y particulares. Sobre el papel, podría leerse como una sociedad tradicional: ambas partes aportan capital, comparten riesgos y desarrollan el proyecto. Sin embargo, la arquitectura jurídica revela otra cosa.
La regla es clara: la CFE debe mantener al menos 54% del capital social, lo que le garantiza mayoría accionaria, control corporativo y la capacidad de definir las decisiones estratégicas del vehículo del proyecto. Además, puede realizar aportaciones no sólo en efectivo, sino también mediante activos estratégicos: terrenos, infraestructura existente, permisos, interconexiones o capacidades técnicas que, en la práctica, inclinan aún más la balanza de poder a su favor.
Esto se traduce en un gobierno corporativo dominado por la empresa pública: consejos de administración con peso decisorio estatal, derechos de veto, definición de políticas operativas y alineación obligatoria a la planeación energética de la Secretaría de Energía (SENER) y al Programa de Desarrollo de la CFE.
Aquí el mensaje institucional es inequívoco: sí hay coinversión, pero no cogobernanza. El privado participa, financia, ejecuta… pero no decide la ruta estratégica del activo.
Este modelo puede resultar atractivo para capital paciente e industrial, interesado en estabilidad de largo plazo, pero menos compatible con perfiles que buscan autonomía operativa o control financiero del proyecto.
- Producción de Largo Plazo: eficiencia privada, compra pública
El segundo esquema —Producción de Largo Plazo— adopta una lógica distinta. Aquí la CFE no aporta capital. El privado asume el financiamiento, construye la central y la opera, mientras que la empresa pública se convierte en compradora de la energía generada.
En apariencia, recuerda a los antiguos esquemas de Productores Independientes de Energía (IPP). Sin embargo, las similitudes terminan ahí. A diferencia del pasado, el marco actual incorpora mayores controles contractuales, supervisión institucional y discrecionalidad en la selección de participantes, todo bajo la conducción del Grupo de Desarrollo Mixto y los procesos propios de la CFE.
No se trata sólo de firmar un contrato de compraventa de energía; se trata de integrarse a un ecosistema regulatorio donde:
- la planeación de capacidad la define el Estado,
- la selección de proyectos responde a prioridades sistémicas,
- y el seguimiento técnico y financiero es permanente.
El privado asume el riesgo de construcción, desempeño y financiamiento; la CFE mantiene el control del sistema, el despacho y la confiabilidad de largo plazo.
Aunque los mecanismos son distintos —uno con capital conjunto, otro con capital totalmente privado—, ambos esquemas no buscan liberalizar el sector. Buscan ordenarlo bajo una lógica de planeación estatal con apoyo del capital privado.
Desde una perspectiva estratégica, la CFE no está renunciando al control para atraer recursos; está diseñando estructuras donde los recursos fluyen hacia proyectos previamente definidos por el Estado.
Otro cambio estructural es que los procesos no se rigen por la normativa tradicional de adquisiciones, sino por estos Lineamientos y por derecho privado. Esto habilita:
- Licitación pública (regla general)
- Invitación restringida
- Procesos competitivos abreviados
- Adjudicación directa
Desde la óptica institucional, esto da flexibilidad. Desde la óptica del inversionista, introduce discrecionalidad. Entonces, la certidumbre ya no proviene sólo del mercado, sino de la relación estratégica con la CFE.
En conclusión, estos Lineamientos no expulsan al capital privado. Lo que hacen es filtrarlo. El nuevo ecosistema favorece a:
- Desarrolladores con músculo financiero
- Fondos con capital paciente
- Operadores industriales
- Empresas con cumplimiento regulatorio robusto
- Socios capaces de integrarse a la lógica institucional de la CFE
Y desplaza a:
- Esquemas puramente financieros
- Modelos especulativos
- Proyectos sin alineación a planeación pública
El reto no es sólo jurídico. Es estratégico. Los Lineamientos no rediseñan únicamente contratos; rediseñan incentivos, poder y gobernanza del sector eléctrico.
Comprender esta arquitectura permitirá estructurar proyectos viables, financiables y alineados con la nueva realidad.
